El ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, en uso de sus atribuciones, firmó este viernes 5 de enero la resolución No. 16, por la cual dispuso dar por terminado el contrato número 40/2023, suscrito con la firma Dolfi S.A., en el marco del llamado a contratación por la vía de la excepción número 04/2023 “Mejoramiento de la infraestructura en materia de seguridad y control del sistema penitenciario plurianual 2023/2024″ – ID 438708.
Esta determinación busca garantizar la transparencia en la utilización de los recursos del erario público; teniendo en cuenta que el contrato preveía la compra de equipos informáticos por valor de G. 6.596 millones. De acuerdo a datos del portal de contrataciones públicas, este contrato se firmó el 26 de diciembre pasado.
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Esta determinación se tomó ante las denuncias que se hicieron contra este contrato por la sospecha de irregularidades que se daba con el contrato firmado con la citada empresa, que está representado por el abogado Álvaro Yaluk Ketterer.
El ministro de Justicia dispuso la anulación del contrato e igualmente anunció que se arbitrarán todas las acciones correspondientes para investigar si hubo irregularidades en el proceso. Para el efecto, darán participación al Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (Mitic), para mayor transparencia.
Finalmente, el boletín oficial del Ministerio de Justicia remarcar que esta acción; así como muchas otras acciones que vendrán en breve, se da en el marco del fortalecimiento institucional del Ministerio de Justicia.
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CBI y Fiscalía verificaron obras costeadas bajo fideicomiso del IPS
Los integrantes de la Comisión Bicameral de Investigación de hechos punibles de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos y agentes del Ministerio Público se constituyeron hasta el Instituto de Previsión Social (IPS) con la finalidad de verificar el avance de las obras financiadas con el fideicomiso firmado entre la previsional y una entidad bancaria local.
“En el contrato que se ha estipulado se estableció no solo el desarrollo, sino la culminación de las obras emblemáticas. Habíamos recibido los informes de la auditoría interna del instituto donde se denunciaba que algunas obras fueron sustituidas por otras, pagos que aparentemente fueron efectuados sin que las mediciones posteriormente coincidan con las planillas acordadas, entre otras cuestiones”, expresó el senador Dionisio Amarilla, titular de la comisión.
La verificación in situ se centró específicamente en las obras varadas del Centro Hemato-Oncológico, localizado sobre la calle Manuel Peña, zona del Parque de la Salud. Por parte del Ministerio Público estuvieron presentes los agentes María Soledad Machuca y Néstor Coronel.
“Venimos a verificar los avances, conocer la versión de quienes han hecho las auditorías y por sobre todas las cosas dar a conocer a la sociedad paraguaya cómo se aplican los recursos económicos que aportan los empleados y empleadores”, indicó el parlamentario a los medios de prensa.
Mediante una auditoría interna del IPS se reveló una rapiña de G. 828.000 millones mediante un contrato de fideicomiso del IPS durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. La millonaria suma debió ser empleada exclusivamente para obras: la terminación de Hospital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hemato-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.
“El fideicomiso se firmó a fines del año 2017 para que este Hospital Hemato-Oncológico se encuentre construido en el año 2020. Se depositó la plata, el dinero estaba. La obra fue recibida (por el gobierno de Abdo Benítez) con un 4 % de avance y hoy está con un 14 % de avance. Ahora queda en manos del Ministerio Público determinar por qué estas obras no fueron terminadas, si hubo o no hubo dolo no nos corresponde determinar a nosotros, pero como comisión bicameral nos enteramos de esto y no podemos cerrar los ojos”, indicó Leite.
Asimismo acotó: “Tenemos que venir a entender por qué un hospital cuya plata estaba depositada en un banco está en este estado. Nosotros no somos culpadores ni exculpadores, pero la pregunta que yo siempre me hago es a quién le vamos a reclamar por la gente que se murió al no tener tratamiento de seguro contra el cáncer. La plata que había para esta obra se usó en otra cosa, esto antes era un pozo, ahora ya está más alto, tiene un tercer piso”, lamentó.
La auditoría bajo la gestión del actual titular del IPS, Jorge Brítez, detectó desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.
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Gremio de rematadores denunció irregularidad en el llamado a subasta en Mades
La Asociación de Rematadores del Paraguay (ARP), presentó una denuncia sobre irregularidad en el llamado a convocatoria para la presentación de carpetas para la postulación al sorteo de rematadores públicos fijada para este jueves en el salón Auditorio del Mades.
Menciona el escrito que existe irregularidad en la convocatoria que el Mades realizó, atendiendo que en uno de los requisitos para presentarse al llamado exige una experiencia mínima de 5 años para llevar a cabo la subasta y esta situación es totalmente irregular porque viola la Constitución Nacional sobre la igualdad de las personas y a su vez la no discriminación respectivamente.
Ya existen antecedentes anteriores de que varios entes del Estado habrían realizado similares llamados, sin embargo fueron impugnados por la Asociación, que posteriormente resolvieron a favor de dicho gremio.
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La Asociación de Rematadores del Paraguay invoca artículos de la Constitución Nacional como el 47, numerales 1 y 2 sobre las Garantías de Igualdad ante la ley y sobre todo a la no discriminación (artículo 88), y la igualdad de las personas (artículo 46).
El 13 de mayo del 2022, la Dirección Nacional de Aduanas había obrado a favor de la impugnación presentada en su momento por la ARP y que el llamado para dicha subasta fueron incluidos a los miembros de la Asociación y otros rematadores para el sorteo correspondiente.
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Internos de alta peligrosidad son trasladados a penal de máxima seguridad
El Ministerio de Justicia informó en la mañana de este martes que varios operativos se desarrollan en penitenciarías del país para el traslado de personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad. Las mismas son llevadas al penal de máxima seguridad de Minga Guazú.
Los trasladados se dan de las penitenciarías de Ciudad de Este, Encarnación y Pedro Juan Caballero. Así lo confirmó el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, quien señaló que un total de trece personas son llevadas a la penitenciaría ubicada en Alto Paraná.
“Estos perfiles son altos perfiles, considerados de alta peligrosidad pertenecientes a organizaciones criminales internacionales, entonces con base en la inteligencia recabada se tomó la decisión a nivel superior de realizar el traslado”, explicó el secretario de Estado en conversación con el programa “Arriba hoy” de canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media.
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En la misma tesitura, mencionó que el operativo se dio de manera exitosa y sin incidentes. Destacó que este tipo de trabajos requiere de una importante planificación y por sobre todo la colaboración de fuerzas del orden como la Policía Nacional y el Ejército que son los que acompañan el traslado desde la extracción de las personas privadas de libertad de sus celdas originales hasta que sean ubicadas en sus nuevos módulos.
Respecto a la reacción de los demás reos ante estos cambios, teniendo en cuenta que muchos de los trasladados son líderes o cabezas de grupos internos de las penitenciarias, Nicora manifestó que en muchas ocasiones se quieren dar disturbios y los mismos también son contenidos y disipados con ayuda del equipo interdisciplinario que trabaja en el traslado.
Respecto a la ocupación del penal de máxima seguridad de Minga Guazú, el secretario de Estado señaló que hasta el momento se encuentra en un 72 %, contando aún con espacio en especial en los módulos de alta seguridad, los cuales cumplen a su vez con indicaciones y características diferentes al resto de la estructura edilicia.
“Minga Guazú tiene un nivel de equipamiento importante y una infraestructura también acorde a lo que buscamos y denominamos como nueva gestión penitenciaria que nos permite justamente separar y clasificar los perfiles de las personas privadas de libertad, y tenemos nuestros módulos de alta peligrosidad”, explicó el titular de la cartera de Justicia.
Trasladados
La lista de las personas privadas de su libertad que fueron trasladas desde los diferentes centros penitenciarios está compuesta por Óscar Quiñónez Insfrán, Sergio Darío Arzamendia González, Richard Dario Benítez Pereira, Alberto Rafael Aquino Sanabria y Fernando José Aquino Salinas, todos de la penitenciaría de Ciudad del Este.
Desde la penitenciaria de Encarnación fueron trasladados Jesús Ariel Romero Bolivar, Ariel Benítez, Edelberto Ramón González Lena y Andrés Núñez Silva, mientras que desde el penal de Pedro Juan fueron trasladados Mauricio Gayoso, Denis Daniel Olmedo Lomardi y Marco Antonio Flores Esquivel.
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Exagentes penitenciarios siguen en huelga de hambre para exigir recontratación
Este lunes, un grupo de exagentes penitenciarios sigue apostado frente a la sede del Ministerio de Justicia en Asunción y suma siete días de huelga de hambre. Los trabajadores de distintos centros de reclusión exigen ser recontratados, alegan que tienen antigüedad y afirman que fueron despedidos injustificadamente.
Se trata de unas cinco personas que están apostados frente al edificio de la cartera estatal e iniciaron una huelga de hambre el pasado 4 de noviembre, para exigir el cumplimiento de la promesa hecha por las autoridades. Desde hace tres meses, estos trabajadores esperan ser contratados nuevamente, algunos incluso se encadenaron como medida de fuerza.
“Cada 15 días estábamos viniendo con la promesa de que nos volverían a contratarnos, pero hasta la fecha no cumplieron con nosotros. Sin embargo, siguen contratando personal que no tiene experiencia”, manifestó Víctor Colmán, exfuncionario penitenciario, en entrevista con C9N.
Explicó que incluso participaron de un curso de capacitación, en el que sumaron puntajes a su experiencia y que es injusto que personal que no tiene la misma preparación sea contratado. “Nosotros queremos volver a trabajar, que nos devuelvan nuestros trabajos como prometieron”, aseguró Colmán.
Por su parte, Rodrigo Domínguez, que prestaba servicio en el penal de Coronel Oviedo, resaltó que desde hace siete días están haciendo huelga de hambre. “No despidieron injustificadamente, hubo un concurso y no dejaron de lado. Supuestamente no alcanzamos puntaje, yo tengo cuatro años de antigüedad y no puede que otros sin experiencia entren”, refirió.