La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, afirmó que se aplicaron sumarios a funcionarios sospechados de haber participado en la filtración de datos confidenciales de informes manejados por la institución en el gobierno anterior. Añadió que existen dos casos que están siendo investigados por el Ministerio Público.
En comunicación con el programa “Arriba Hoy”, emitido por canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media, Alcaraz mencionó existen dos investigaciones en curso en el ámbito del Ministerio Público que están relacionadas a la divulgación de datos confidenciales contenidos en informes con vigencia, tras lo cual abrieron los sumarios correspondientes contra los funcionarios con el objetivo de corregir las medidas y protocolos que hacen a la divulgación de datos.
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Consultada sobre la imagen de la Seprelad tras los hechos de filtración y manoseo a la confidencialidad de los datos que maneja la institución, afirmó que se debe recuperar con mucho trabajo serio y con preparación de las áreas que tienen que ver con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de manera a que los informes de inteligencia sean más afectivos y desemboquen en investigaciones de carácter penal demostrando que el país demuestre que tiene condenas por lavados de activos.
“Nosotros a eso apuntamos, a la excelencia en los técnicos sobre todo en recuperar aquello que no puede pasar ni aquí ni en ninguna institución que tiene la confidencialidad como principal herramienta de trabajo”, aseguró. La titular de la institución explicó que aplicaron los sumarios como consecuencia de un pedido de informe de la Fiscalía y añadió que si corresponde, cuando sea comunicado desde el departamento de hechos punibles, también abrirán investigaciones y aplicarán medidas administrativas contra los antiguos administradores.
Filtraciones
Durante la administración de Mario Abdo Benítez la Seprelad habría fungido como un garrote político contra sus principales adversarios ideológicos, impulsando filtraciones de información confidencial desde la institución, sobre individuos que no eran afines a la línea del gobierno anterior. Documentos internos confirmaron que la institución, manejada en ese entonces por Carlos Arregui, era la que proveía información seleccionada dirigida a los enemigos políticos del Gobierno.
El momento álgido de las filtraciones se efectuó en el periodo de campaña electoral, rumbo a las elecciones internas, donde el expresidente de la República, Horacio Cartes, y su equipo significaban los principales oponentes políticos del gobierno anterior. En un intento de instalar una guerra sucia, dicha administración habría recurrido a filtrar a medios afines información institucional fragmentaria y que aún no había sido procesada por el Ministerio Público.
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Es así como surgió la serie de publicaciones de un informe que vincularía al expresidente Cartes con supuesto lavado de dinero, siendo tal filtración absolutamente ilegal ya que vulneró el artículo 148 del Código Penal, de revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial. Esto, con la única finalidad de influir en las elecciones internas del Partido Colorado.
El uso mediático y político de los datos que obraban bajo “resguardo” de Seprelad pusieron en riesgo el juzgamiento en curso del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) sobre el funcionamiento de los dispositivos institucionales de lucha contra el lavado de activos en Paraguay, ya que la mencionada institución usaba sus recursos solo con fines electoralistas.