Por Juan Marcelo Pereira, juan.pereira@nacionmedia.com.

El escenario político en Paraguay tuvo varios hechos relevantes que marcaron la agenda en este 2023. Los primeros 4 meses de este año estuvieron relacionados a las campañas proselitistas, los entonces aspirantes presidenciales, para las gobernaciones y al legislativo se movilizaron fuertemente para conquistar el respaldo ciudadano en los pasados comicios generales del 30 de abril.

Como en toda época electoral, las acusaciones y difamaciones marcaron la hoja de ruta de la contienda. Un Partido Colorado que nuevamente volvió a confirmar su poderío con el ya conocido abrazo republicano que aseguró una contundente victoria ante una oposición dividida, sin la capacidad de aglutinamiento pese a haber contado con la herramienta de la Concertación que reunió a varios partidos y movimientos.

Tras imponerse en las elecciones internas partidarias del 18 de diciembre del 2022, al entonces precandidato presidencial del abdismo, Arnoldo Wiens, el economista Santiago Peña logró rápidamente consolidar la unidad granítica del Partido Colorado, situación que le aseguró una arrasante victoria en las octavas elecciones generales de la era democrática en Paraguay.

El domingo 30 de abril, Peña logró una gran diferencia de 15,26 % del total de los votos (460.597 votos) sobre su entonces principal contrincante, el liberal Efraín Alegre. La maquinaria colorada también logró imponer su mayoría en el Congreso Nacional, en las gobernaciones y en las juntas departamentales.

Luego de concretarse cuatro largos meses de transición del gobierno, Peña finalmente asumió el máximo cargo en el Ejecutivo el 15 de agosto, con un discurso en donde garantizó a todos los paraguayos que el “mundo será testigo del resurgir de un gigante” apostando fuertemente a la recuperación económica del país bajo el lema “vamos a estar mejor”, tras la crisis sanitaria generada por la pandemia del covid-19.

El siempre polémico dirigente esteño quien se califica como un “anarquista romántico, republicano y nacionalista” fue sin dudas una de las revelaciones en el ámbito político tras colocar a Cruzada Nacional, agrupación que lidera como la tercera fuerza en los pasados comicios generales con el 23 % de los votos, equivalentes a un total de 692.663 ciudadanos, ubicándose en ese entonces a solo 4 puntos de la Concertación Nacional, bloque que apuntaba a ser el principal contrincante del Partido Colorado.

El sector payista terminó desplazando al luguismo con el ingreso de 9 dirigentes al Congreso Nacional mediante una campaña “antisistema” que de acuerdo a la opinión de destacados analistas políticos, la conquista de bancas fue a consecuencia de la mala gestión del gobierno de Mario Abdo Benítez. Los entonces simpatizantes de Cubas lograron posicionar sus candidaturas con propuestas populistas y radicales.

Sin embargo a pocas semanas de haberse iniciado el nuevo periodo parlamentario, la nucleación sufrió un fuerte desbande en la Cámara de Senadores en medio de una guerra de insultos. Las disputas personales también se trasladaron hasta la Cámara de Diputados, situación que terminó restando fuerza en el legislativo a la agrupación señalada de carecer de una ideología, elementos de cultura, de pertenencia.

“El Frente Guasu murió y lo estamos velando” fueron las palabras utilizadas por el entonces senador Miguel Fulgencio “Kencho” Rodríguez, dirigente del izquierdismo en el Paraguay, y primer anillo del principal referente del sector el expresidente de la República, Fernando Lugo.

Las pasadas elecciones generales también marcaron la debacle de la concertación de partidos de izquierda y centro-izquierda de Paraguay, oficializado el 20 de marzo de 2010. El bloque político que se posicionó como la tercera fuerza a partir de los comicios del 2013 no logró conquistar el respaldo ciudadano en la última puja electoral, ganando solamente una banca en la Cámara Alta, el cual es ocupado por la senadora Esperanza Martínez.

Las diferencias internas entre los altos referentes del progresismo y con un Lugo fuera de las campañas políticas por complicaciones en su salud contribuyeron a que el propio exmandatario y sus leales quienes buscaban ser reelegidos queden fuera del parlamento.

Tras imponer desde junio de 2016, mediante una conducta autoritaria un discurso de odio acompañado por turbios manejos del dinero público destinado al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre sufrió una de sus peores caídas el pasado 6 de agosto, tras ser destituido por los convencionales del cargo.

El cuestionado dirigente opositor fue acusado de cometer faltas administrativas graves e incluso políticas, debido a que las derrotas electorales del PLRA fueron consecuencias de la “conducta agresiva que desarrolló contra los correligionarios”. Alegre también fue señalado de ser el responsable del fracaso electoral de la Concertación Nacional registrando de esa forma su tercera peor derrota como aspirante a mandatario.

Efraín terminó generando una profunda división interna acompañada de una deuda flotante de G. 35 mil millones a la agrupación, de acuerdo a las denuncias realizadas por el actual titular de los azules, el exgobernador de Cordillera, Hugo Fleitas.

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Mediante un lapidario informe la Contraloría General de la República (CGR), presidida por Camilo Benítez expuso ante el Congreso Nacional los clavos hallados en diversos ministerios y secretarías ocasionados durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. De acuerdo al senador liberal Dionisio Amarilla titular de la Comisión Bicameral del Legislativo que analizó las documentaciones del órgano extrapoder las irregularidades detectadas en la gestión del líder del movimiento Fuerza Republicana, ascienden a la suma aproximada de USD 450 millones (unos G. 3,3 billones).

Los presuntos hechos de corrupción fueron descubiertos mediante 4.000 auditorías correspondiente al ejercicio fiscal del 2022 y el primer cuatrimestre del 2023. Entre las instituciones golpeadas se encuentran el Instituto de Previsión Social (IPS), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación.

La lista de las instituciones sigue con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Dirección de Material Bélico (Dimabel), la Dirección Nacional de Aduanas, en la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), entre otros. Pese a la remisión de varios reportes de hechos punibles por parte de la Contraloría a la Fiscalía, las investigaciones continúan encajonadas.

La polémica generada por el cobro ilegal del peaje en la Hidrovía Paraguay-Paraná aplicado por la Argentina durante el gobierno de Alberto Fernández, forma parte de uno de los principales conflictos que marcó la política exterior de nuestro país durante el 2023, situación que generó varios roces en las relaciones diplomáticas.

El repudio motivo a la Argentina a impulsar varias reacciones como por ejemplo la retención de barcazas y camiones cisternas con combustibles de origen paraguayo. No obstante el gobierno del mandatario, Santiago Peña había anunciado en ese momento que Paraguay impulsaría una demanda ante el Tribunal del Mercosur por la retención de barcazas por parte de Argentina, sumado a un pedido de arbitraje dentro de la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía.

La medida arbitraria también es rechazada fuertemente por Brasil, Bolivia y Uruguay. El conflicto dado en la vía navegable se inició el pasado 1 de enero cuando se oficializó la imposición unilateral de Argentina en cobrar un peaje de USD 1,47 por tonelada de carga a toda embarcación de bandera extranjera que transite por aguas de su territorio. Desde el nuevo gobierno argentino, encabezado por Javier Milei existe una apertura para una pronta solución al conflicto.

Los inconvenientes generados entorno al convenio firmado entre la Unión Europea (UE) y Paraguay, relacionado al programa de apoyo a la transformación del sistema educativo marcó por varios meses la agenda política paraguaya.

El programa fue duramente cuestionado por organizaciones civiles catalogadas como provida y profamilia quienes argumentaban que el proyecto contemplaba impartir la educación desde ideologías de género. La situación obligó al gobierno y al bloque internacional a impulsar un proceso de diálogo para efectuar cambios al acuerdo y seguir asegurando la asistencia económica.

De esa manera la cooperación pasó a denominarse Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Educativo en Paraguay, ajustándolo al marco legal del Paraguay respetando la identidad, los valores y la Constitución Nacional.

La entonces sanción del proyecto de ley que planteaba la desafectación de la finca 916, denominada como Jardines de Remansito, en favor de la Municipalidad de Villa Hayes, también generó un fuerte revuelo en el ámbito parlamentario, ejecutivo y judicial.

Mediante una iniciativa legislativa se buscaba despojar al Estado paraguayo un total de 131 hectáreas pertenecientes al Ministerio de Defensa Nacional. De acuerdo a los datos jurídicos iban a ser beneficiados políticos, empresarios y hasta de autoridades judiciales, quienes incluso construyeron en los terrenos imponentes residencias.

“Vamos a continuar defendiendo lo que es de todos los paraguayos”, afirmó el jefe de Estado Santiago Peña, vetando totalmente la propuesta que finalmente fue sepultada en el ámbito del Congreso Nacional. Varios de los calificados ocupantes vip terminaron por devolver las tierras al Estado, mientras que otros enfrentan procesos judiciales.

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La Ley impulsada por el Poder Ejecutivo que crea la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, que tiene como fin supervisar todos los fondos y cajas jubilatorias, tanto del sector público como privado, con el fin de proteger el ahorro de los aportantes, se posicionó como uno de los temas más candentes del ámbito político.

Inicialmente la falta de claridad sobre los alcances de la norma motivo a organizaciones sindicales y gremiales a impulsar una serie de manifestaciones en varios puntos del país. Desde el Ejecutivo puntualizaron que la Ley nació como consecuencia del artículo 95 de la Constitución Nacional, que dice explícitamente que las cajas de jubilaciones estarán supervisadas por el Estado, que es una cuestión mandatoria y no de opción por parte de ningún Gobierno.

Aseguraron además que los trabajadores y jubilados van a tener la seguridad de que sus fondos van a estar bien administrados en razón de que la Superintendencia va a exigir pautas razonables y prudenciales para la administración de esos fondos.

Diciembre fue un mes clave del gobierno del jefe de Estado, Santiago Peña, en la lucha contra la criminalidad mediante el lanzamiento de varios operativos concretados de forma conjunta entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Las operaciones que generaron gran relevancia fueron Dakovo contra el tráfico internacional de armas que también fue desplegado de manera simultánea en Brasil y Estados Unidos. También el procedimiento Ignis impulsado en la zona de Canindeyú, con el objetivo de dar con el paradero de Felipe Santiago Acosta Riveros alias “Macho”, líder de una peligrosa organización criminal.

No obstante, la operación que generó más impacto es la denominada Veneratio, la cual consistió en que el Estado vuelva a retomar el control de la penitenciaría de Tacumbú y la erradicación del poderío de las organizaciones criminales como el clan Rotela, encabezado por Armando Javier Rotela. Durante el procedimiento se concretó el traslado de 700 reclusos a otras cárceles del país.

A pocas semanas de finalizar el año, el jefe de Estado Santiago Peña, anunció una nueva reducción de G. 250 el litro en el precios de los combustibles. Se trata de la cuarta disminución anunciada por el gobierno en el 2023, en poco más de 100 días de gestión, sumando de esta manera G. 1.250 en la baja de los carburantes.

La reducción se efectúa prácticamente en todas las naftas, además del diésel común, lo cual es conocido como diésel porã. El jefe de Estado informó además que el precio del gas de uso doméstico también se reduce en G. 200 por kilo; de este modo, puntualizó que esto solo responde al compromiso del Gobierno para brindar más facilidades a la economía de la ciudadanía.

En la misma línea para el beneficio ciudadano también se dispuso la reducción del 7 % de los precios de los pasajes en transportes de mediana y larga distancia, medida que se sumó a la serie de acciones impulsadas desde el gobierno que tienen impacto directo en la economía de las familias.