La ministra de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), Teresa Rojas, indicó que el equipo jurídico de la institución se encuentra analizando una serie de acciones legales a ser impulsadas tras concretarse este último martes la suspensión del remate de la estancia Cielo Azul, propiedad del narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, valuada en la suma de 18 millones de dólares.
El remate se encontraba previsto para este viernes 29 de diciembre. El grupo Zuccolillo logró que el juez civil Édgar Rivas autorice el remate de la propiedad para favorecer al banco Atlas. Senabico se opone a la medida y el Estado podría perder la custodia del inmueble. Sin embargo, luego de los cuestionamientos realizados y las publicaciones periodísticas, el magistrado suspendió la fecha del remate, pero la pretensión sigue fuertemente vigente.
“Es una de las situaciones que nosotros estamos analizando, estamos esperando para ver como se resuelve el incidente y la apelación planteada y como también se resuelve la acción de inconstitucionalidad. Todas estas resoluciones serán analizadas para saber si corresponde o no una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento o ante los órganos superiores como la superintendencia de la Corte Suprema de Justicia”, manifestó en el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Rojas manifestó que esta es la tercera vez en que se pretende el remate del inmueble que posee 5.945 hectáreas, ubicada en el distrito de Paso Barreto, departamento de Concepción, que está en trámite de pasar a manos del Estado hace tres años.
“Esta vez planteamos, en primer lugar, una apelación contra la providencia que ordena el remate. Posteriormente, ante la comunicación de la fiscal Lorena Ledezma, de que la causa de Luis Carlos Da Rocha sobre lavado de dinero ya fue elevada a juicio oral y público, entonces planteamos un incidente. El juicio oral debe llevarse a cabo a partir del 15 de abril del 2024. Es ahí donde se deberá definir si este inmueble será o no comisado y de acuerdo a ese juicio serán satisfechas las pretensiones de los terceros de buena fe, es ahí donde se definirá el destino de este inmueble”, indicó.
En medio de las clásicas movidas de fin de año en tribunales, se concretará un jugoso remate judicial en contra de los intereses del Estado y a favor del grupo empresarial Zuccolillo, el cual busca recuperar un millonario crédito hipotecario que había dado al tractorista prestanombre del narcotraficante.
“Lo que nos parece llamativo y bastante grave es que la situación del inmueble que se pretende rematar siempre estuvo en conocimiento a través de todas las comunicaciones y a través de todos los informes de los registros públicos de que sobre este inmueble pesa una medida cautelar de no innovar y contratar, aun así teniendo conocimiento de esta situación el juez persiste en la intención de llevar a remate. Todas estas cosas son analizadas con el equipo jurídico”, comentó.
Asimismo, comentó que en la causa judicial existe una acción de inconstitucionalidad planteada hace 2 años ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que “podría echar luz sobre esta demanda civil. La obligación legal de Senabico es mantener los bienes hasta la culminación de la causa, si así no fuese se estaría perjudicando al Estado que hace gastos, dispone de dinero, de tiempo y recursos humanos en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico y la forma de devolver al Estado todo el esfuerzo que hace es justamente el comiso de los bienes y su posterior subasta, privarlo de esta posibilidad es grave”, lamentó.
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