En la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) se realizó el acto de entrega de componentes para la implementación de un sistema de Enfoque Basado en Riesgo (EBR) Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) para la Justicia Electoral. El mencionado sistema sería pionero en torno a la prevención de los mencionados delitos electorales.
Representantes de la Asociación Nacional Republicana (ANR), así como delegados de otras organizaciones, participaron del encuentro, garantizando el compromiso pleno por parte de las bases dirigenciales. La Unidad Especializada de Financiamiento Político del partido otorgará la guía de controles a cada uno de los oficiales de cumplimiento de la nucleación política.
“Un grupo consultor estuvo trabajando en manuales para las distintas organizaciones y partidos políticos, lo cual fue presentado ante el TSJE, con el objetivo de impulsar la aplicación de cada una de las normas presentadas en la prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”, explicó Enrique Dávalos, oficial de cumplimiento de la ANR, en contacto con La Nación/Nación Media.
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El representante manifestó que las bases de la nucleación política aplicarán cada una de las recomendaciones socializadas, con el objetivo de potenciar los controles electorales, así como el desempeño de cada una de las autoridades correspondientes. Indicó además que con este encuentro se da inicio a las capacitaciones que estarán desarrollando desde el TSJE a cada actor político y no descartó que se lleven a cabo más reuniones para el efecto.
El titular del TSJE, Jorge Bogarín, presidió el evento, acompañado por la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz. Esto aparte de representantes del Banco Central del Paraguay (BCP) y representantes de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional en Paraguay (USAID, por sus siglas en inglés).
Bogarín destacó la importancia de la implementación de un sistema de prevención contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, subrayando la amenaza que estas prácticas representan para la integridad del sistema financiero y, en particular, para las organizaciones políticas. En esa línea, se ratificó que la Seprelad trabaje coordinadamente con la Justicia Electoral y otros sujetos obligados en la implementación y fortalecimiento del enfoque basado en riesgos.
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