La Procuraduría General de la República recibió una notificación del laudo arbitral internacional en la demanda de Mota-Engil contra el MOPC, que determinó que la cartera estatal debe pagarle USD 13 millones, más intereses que a la fecha suman aproximadamente USD 2.400.000.
Así se informó durante una conferencia de prensa brindada por el procurador general de la República, Marco Aurelio González, este viernes.
El caso fue impulsado por Mota-Engil en el año 2018, con la decisión del entonces presidente Mario Abdo Benítez, a través del entonces titular del MOPC Arnoldo Wiens, de suspender las obras del Metrobús.
Al asumirse la decisión en forma apresurada e improvisada y sin buscar alternativas para continuar las obras, se incurrió en el incumplimiento del contrato por parte del MOPC con dicha empresa y, por consecuentemente, se originó la demanda que hoy afecta al Estado paraguayo.
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El monto que se exige a Paraguay incluye los conceptos de ejecución indebida de la garantía de cumplimiento de contrato, montos retenidos indebidamente, daño emergente, costos y costas e intereses.
Además de tener que abonar en estos conceptos, esta demanda ha costado ya al Estado paraguayo casi USD 2 millones en honorarios de abogados contratados por el gobierno anterior para la defensa, cuyos resultados han sido negativos para Paraguay, según se informó durante la conferencia de prensa.
Se anunció que desde la Procuraduría General de la República se están evaluando los recursos que se podrían interponer contra el laudo, de manera de reducir el impacto que generó una administración que no contempló los intereses del Estado a la hora de tomar la radical decisión de suspender las obras del proyecto y cuya consecuencia hoy afecta al patrimonio de todos los paraguayos.
La mala gestión de la defensa de nuestros intereses, durante el periodo anterior, expone al país al pago de penalidades que desangran nuestras arcas.
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