El exministro de Hacienda y economista Manuel Ferreira destacó la importancia de la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, ya promulgada por el Poder Ejecutivo, principalmente para el control del uso de los fondos jubilatorios. Indicó que es difícil el manejo de grandes montos de dinero, invertir y hacer rendir los fondos.
“Sobre esta ley de superintendencia de pensiones. La cosa es así: manejar mucho dinero es cosa de profesionales. Es muy difícil que una persona no profesional entienda y esté al día para poder invertir y hacer rendir un fondo grande”, señaló a través de su cuenta de red social X.
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Ferreira también hizo referencia a cómo pueden ser administrados los fondos, que están contemplados en esta ley. “Por eso es bueno que se pongan parámetros; hasta tanto podés meter en terrenos, hasta tanto en tal banco, etcétera y el administrador se mueve dentro de esos parámetros. Es lo que busca la ley y esto es positivo”, explicó.
Aclaró además sobre los alcances de las funciones del superintendente y la obligación de que sea designada una persona profesional reconocida. “El superintendente no va a poder decidir qué hacer con los fondos, van a ser los administradores. Lo que sí les puede obligar la superintendencia es que ese administrador sea un profesional reconocido y eso le conviene a todos”, indicó.
Sin embargo, el exministro mencionó que debe ser incluida una mayor cantidad de trabajadores al sistema jubilatorio, ya que actualmente los números reflejan la baja cantidad de trabajadores con seguro social y jubilatorio. “Lastimosamente en Paraguay el ahorro jubilatorio es muy chico. Muy poca gente tiene jubilación. La segunda parte de esta política debería ser incluir a la mayor cantidad de paraguayos a un sistema jubilatorio”, sentenció.
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Metrobús: gobierno abdista destruyó proyecto impulsado por cinco administraciones en 20 años
Pagos validados en torno al proyecto del metrobús, durante la administración del extitular de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, exponen que al ambiciosa obra de transporte público, destinada a pobladores de la Capital y del área metropolitana, terminó siendo paralizada a consecuencia de la política del odio demostrada por el anterior gobierno, encabezado por el mandatario Mario Abdo Benítez y su leal ministro en el MOPC, Arnoldo Wiens.
De acuerdo a la línea del tiempo del proyecto, los procesos administrativos y financieros que permitieron a la obra vial alcanzar una ejecución del 18,5 % durante la gestión de Jiménez Gaona fueron avalados tanto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), encargado de financiar el proyecto, y el consorcio internacional de empresas fiscalizadoras conformadas por las firmas Typsa, Incosa y Ingeneg.
El metrobús, cuya construcción trascendería varias administraciones municipales y cuatro periodos presidenciales teniendo en cuenta su magnitud, fue entregado para su continuidad al gobierno abdista en agosto del 2018, con pólizas de seguro y contratos vigentes, sin embargo, el proyecto vial fue suspendido apenas dos meses después, en octubre de 2018, y totalmente enterrado en febrero del 2020.
La consecuencia inmediata del revanchismo político ocasionó que la firma portuguesa Mota Engil, que fue adjudicada como encargada de la obra en el año 2016, impulse una demanda ante tribunales internacionales, exigiendo una compensación millonaria por la suspensión.
La demanda prosperó y el Estado paraguayo fue condenado en un laudo arbitral a pagar alrededor de 19 millones de dólares. No obstante, mediante las gestiones encaradas por la Procuraduría General de la República, bajo el gobierno de Santiago Peña, el monto fue reducido finalmente a 16 millones de dólares.
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Interventor recomendó su continuación
De acuerdo a los antecedentes, la administración presidencial de Abdo Benítez ya había intentado el 24 de octubre del año 2018, obstaculizar el desarrollo de la obra, cuyo fin principal radicaba en beneficiar a unos 300.000 usuarios del transporte público de forma directa.
En ese entonces, se ordenó la suspensión e intervención del proyecto vial, designando al economista Sixto Morínigo como interventor. En junio del 2019, el funcionario técnico del Banco Central del Paraguay (BCP) recomendó la continuación del proyecto, sugerencia que terminó siendo ninguneada por Abdo Benítez y sus colaboradores en el 2020.
Además de este antecedente, el peritaje hecho por el ingeniero Luis Giménez expuso que todas las obras ejecutadas, con Jiménez Gaona al frente de Obras Públicas, fueron realizadas conforme a lo pagado, razón por la cual los defensores legales del exfuncionario de Estado mencionan que no existen argumentos suficientes para sostener una imputación por lesión de confianza contra su cliente, a la par de indicar que el perjuicio fue provocado en la gestión de Mario Abdo.
Incluso la pericia impulsada por la Fiscalía concluyó que no hubo daño patrimonial durante la administración de Jiménez Gaona, quien el pasado 6 marzo fue sobreseído provisionalmente durante la audiencia preliminar. La medida judicial otorga un año a los agentes fiscales del caso para realizar una serie de diligencias, debido a que la insuficiente investigación no justificaba la acusación.
Línea de tiempo
- 1998: Elaboración del Plan Maestro CETA 98 (administración municipal de Martín Burt).
- 2009: Actualización del proyecto (Administración municipal de Evanhy de Gallegos).
- Octubre de 2010: Firma del contrato de préstamo con el BID (Gobierno de Fernando Lugo).
- Enero de 2012: BID aprueba el préstamo (Gobierno de Federico Franco).
- Junio de 2012: Gobierno de Federico Franco solicita al Congreso aprobación del préstamo.
- Setiembre de 2012: El Congreso solicita a la Facultad de Ingeniería (UNA) dictamen sobre viabilidad del proyecto.
- Agosto de 2013: La FIUNA recomienda la ejecución del proyecto.
- Diciembre de 2013: Congreso aprueba préstamo con mandato de ejecución.
- Noviembre de 2014: Firma española TAINER Consultores dictamina viabilidad del proyecto. El MOPC había solicitado al BID una revisión (Gobierno de Horacio Cartes).
- Enero de 2017: Inicio de obras frente a la Universidad Nacional (Gobierno de Cartes).
- Agosto de 2018: Entrega al gobierno entrante con 18,5 % de ejecución.
- Octubre de 2018: Gobierno de Mario Abdo suspende obras y ordena intervención.
- Junio de 2019: Interventor recomienda la continuación del proyecto (Gobierno de Abdo Benítez).
- Abril de 2020: Gobierno de Mario Abdo inicia la destrucción de las obras ejecutadas.
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Acusan al gobierno de Mario Abdo de haber “matado” el Metrobús
Tarek Tuma, abogado del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, responsabilizó al gobierno de Mario Abdo Benítez de haber privado a 300.000 ciudadanos de la capital y del área Metropolitana la posibilidad de contar con un servicio de transporte público eficiente.
“El perjuicio es que no existe el metrobús, pero la pregunta crucial es por qué no se continuó y terminó las obras. Esto es sencillo, la administración posterior decidió no hacerlo, no es tan difícil de entender. Como ciudadano digo que esto realmente nos perjudicó a todos ya que cualquier obra que implique el transporte masivo de personas cambia a una ciudad”, indicó al programa “Arriba Hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo Tuma acotó: “La obra debía continuar por varios periodos presidenciales. En la gestión de Jiménez Gaona se entregó una obra funcionando, con un 18,5 % de ejecución. Por culpa de que no se continuo con esta obra, estamos entre 5 a 6 horas manejando en el tráfico”.
Cegados por un odio político y sin fundamentos técnicos, en febrero del 2020, Abdo Benítez junto con su ministro Arnoldo Wiens a la cabeza del Ministerio de Obras Públicas, decidieron dar por terminado el contrató con la firma portuguesa Mota Engil, que fue adjudicada como encargada de la obra en el 2016.
“Si yo compro un perro, le cuido, le doy de comer, le entreno y después de un año le entrego al vecino el perro y si este no le da de comer durante dos meses, muere. Esto fue lo que pasó con el proyecto del metrobús. La obra empezó, se le alimentó durante 5 años, absolutamente todo lo que se pagó, se construyó, la obra estaba en perfecto funcionamiento”, refirió.
El abogado siguió argumentando que “claro que hubo problemas, pero es propio de cualquier obra. En la gestión de Jiménez Gaona se realizaron los trabajos más difíciles ya que eran obras bajo tierra, pero al final la administración posterior decidió no darle de comer más al perro”.
Por otra parte, Tuma se refirió sobre la decisión del juez penal de garantías, Humberto Otazú, en decretar el sobreseimiento provisional a su defendido. “La justicia se puso los pantalones largos, lo que pasó ayer, debió haber sucedido años antes, pero celebro esto”, comentó.
La medida judicial, que impide por el momento la realización de un juicio oral y público, también se extiende para la exviceministra de Administración y Finanzas de la citada cartera estatal, Marta Regina Benítez Morínigo.
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Metrobús: ordenan sobreseimiento provisional para exministro de Obras
El juez Humberto Otazú decretó este jueves el sobreseimiento provisional para el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc), Ramón Jiménez Gaona, acusado por el hecho punible de lesión de confianza en el caso conocido como Metrobús. La medida judicial, que impide por el momento la realización de un juicio oral y público, también se extiende para la exviceministra de Administración y Finanzas de la citada cartera estatal, Marta Regina Benítez Morínigo.
La decisión del magistrado penal de garantías surge tras la propia pericia encargada por el Ministerio Público posteriormente a la acusación, la cual descartó un daño patrimonial para el Mopc durante la administración de Jiménez Gaona. La defensa del exsecretario de Estado, ejercida por el abogado Ricardo Preda, manifestó que bajo la gestión de su cliente la obra vial fue entregada al gobierno de Mario Abdo Benítez, en agosto de 2018, con una ejecución del 18,5 %, razón por la cual considera que no se sustenta la imputación.
Al tratarse sobre la indagación de un delito, el Ministerio Público dispone como plazo un año para requerir la reapertura del procedimiento, en caso de que lo considere pertinente. Asimismo el juzgado considera que el órgano extrapoder tiene incoherencias en cuanto a la existencia o no de daño patrimonial, por lo que se debería realizar una serie de 14 diligencias en dicho lapso.
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“Las diligencias deben ser precisas y exactas, no podemos dejar abiertas esta puerta, ya que deben versar sobre los hechos que ya fueron investigados para esclarecer la investigación y tener la certeza de que la hipótesis inicial es correcta o no”, sostuvo Otazú ante los medios de comunicación.
En la acusación formulada el 11 de abril del 2024 por la actual fiscal adjunta María Estefanía González y ratificada por sus colegas Giovanni Grissetti, Yeimy Adle y Natalia Silva, se hace mención a un supuesto daño patrimonial equivalente a USD 23.000.000. Esta investigación se inició tras la denuncia formulada por Ricardo Pankow, el 28 de mayo del 2018.
La imputación fiscal también fue impulsada contra el entonces encargado del ambicioso proyecto de transporte público que tenía como finalidad garantizar un servicio de calidad para los ciudadanos de la capital y el área Metropolitana, Guillermo Alcides Alcaraz, quien falleció el 12 de julio de 2024. Entre las inconsistencias de la investigación fue señalada la polémica decisión política del gobierno abdista, a través de su ministro Arnoldo Wiens, de suspender el proyecto en perjuicio de la ciudadanía.
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Caos en el transporte público, herencia de la dupla Abdo y Wiens
Los antecedentes del caso metrobús exponen al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y a su exministro de Obras, Arnoldo Wiens, como los principales responsables del catastrófico sistema del transporte público. Ambos, cegados por un odio político, acabaron enterrando una de las grandes obras promovidas durante el gobierno de Horacio Cartes, que garantizaba a los ciudadanos de la capital y del área Metropolitana un servicio digno y de calidad.
La obra vial con el respaldo económico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), no solo apuntaba a beneficiar a unos 300.000 usuarios del transporte público de manera directa, sino que también se centraba en impulsar toda una reconversión urbana en las zonas afectadas, como el asfaltado de más de 50 kilómetros de calles alternativas, instalación de desagüe cloacal y pluvial, ampliación de avenidas, recuperación de veredas, entre otros servicios.
En febrero del 2020, el gobierno de Abdo Benítez, con Wiens a la cabeza del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), decidió dar por terminado el contrato con la firma portuguesa Mota Engil, que fue adjudicada como encargada de la obra en el 2016. La consecuencia inmediata del revanchismo político fue una demanda de la empresa que reclamó ante tribunales internacionales una compensación millonaria por la suspensión.
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La demanda prosperó y el Estado paraguayo fue condenado en un laudo arbitral a pagar alrededor de 19 millones de dólares. No obstante, mediante las gestiones encaradas por la Procuraduría General de la República, bajo el gobierno de Santiago Peña, el monto fue reducido finalmente a 16 millones de dólares.
La decisión de suspender la obra del metrobús que ya contaba con una ejecución del 18,5 %, sin otras alternativas al proyecto, mostró una evidente carencia de visión y compromiso por el desarrollo del país por parte de Abdo Benítez y sus colaboradores para zanjar la deficiencia en el transporte público que hasta la fecha deja como resultados un tránsito caótico, paradas de buses abarrotadas, largas esperas y unidades de transportes en mal estado que terminan colocando en riesgo la vida de los paraguayosbque diariamente se ven obligados a salir dos o tres horas antes como mínimo para llegar a tiempo a destino.
Este caso ilustra cómo la gestión de Abdo Benítez no solo privó a la ciudadanía de un sistema de transporte digno, sino que también puso en riesgo los fondos públicos. Ante toda esta situación, la interrogante que queda por responder es la siguiente, ¿qué hubiese cambiado si la obra del metrobús hubiera concluido?