El procurador general de la República, Marco Aurelio González, informó que la Cámara de Apelaciones confirmó la medida cautelar de embargo sobre los ocupantes de la Finca 916, conocida como Jardines de Remansito. En cuanto a la devolución de los inmuebles, manifestó que aún se llevan adelante litigios contra 27 personas.

“Esto en razón de que el juez había decretado ese embargo sobre sus bienes y ahora la Cámara lo confirma. Esto es sobre un monto, para asegurar que la recuperación de las tierras sea realizada en el estadio en el cual se encontraba antes de la ocupación, para garantizar la destrucción de todo lo edificado”, indicó a la 1020 AM.

El alto funcionario agregó que este caso representa un precedente, para demostrar el compromiso de la defensa asumida por el Estado paraguayo sobre el atropello a sus propiedades. “Hay personas que ya entregaron la posesión y no tenemos ninguna demanda contra ellas, ni tampoco algo referente a un embargo. Se entregaron ocho inmuebles, que representan casi el 50 % de las dimensiones, eran los más amplios”, explicó.

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En relación a los bienes edificados, González manifestó ratificó que el Estado se mantiene en su postura de regresar los inmuebles a su estado natural, es decir, sin las viviendas, con la finalidad de permitir al Ministerio de Defensa dar el uso más apropiado a los espacios. Al principio se había comentado la posibilidad de brindar un destino turístico al lugar, no obstante, el procurador reconoció que la decisión final sobre los inmuebles no se ha resuelto del todo.

“Esto porque el Ministerio de Defensa es el propietario y quien puede definir el destino de las tierras”, afirmó. En torno a los ocupantes que aún permanecen en el territorio de la Finca 916, González señaló que apelan a todo tipo de chicanas para retrasar los procesos sobre los mismos. “No tienen ninguna documentación que pueda desvirtuar la titularidad del Estado paraguayo”, puntualizó.

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A través de gestiones de la Procuraduría General de la República y la asesoría jurídica de la Presidencia, se logró evitar el pago de USD 16 millones al consorcio Mota Engil por la obra del metrobús. El procurador, Marco Aurelio González, resaltó este importante ahorro para el Estado y además enfatizó en que quedó demostrado que el daño principal fue la demolición de la obra que se había hecho hasta ese momento.

“Finalmente si hablamos de un daño, lo que yo veo es que se pagó el dinero por una obra que fue demolida y para mi la demolición es el perjuicio que existe sobre las arcas del Estado. Los responsables son las personas que destruyeron todo lo que se edificó, que son el ministro y el presidente anterior”, expresó en referencia a Mario Abdo y Arnoldo Wiens.

En conversación con “Buena Tarde”, programa emitido por Unicanal, González resaltó que lo determinado por el Tribunal es que se podía rescindir el contrato, pero lo que se critica es el discurso político que dieron, argumentando que hubo incumplimientos, que realmente no existieron, y por eso hoy el Estado está obligado a devolver a la firma USD 2.600.000.

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“Creemos que se trataba de un revanchismo político porque iba a significar una obra de envergadura que iba a significar el legado de un gobierno que ellos querían deslegitimar. Vendieron una historia falsa para terminar la obra del Metrobús que iba a incorporarle a Asunción un mecanismo de transporte de vanguardia que necesita la ciudad y de todo eso se le privó, de hecho todo lo construido fue demolido”, aseveró.

Según explicó el procurador, lo que permitió este importante ahorro a las arcas del Estado es que se determinó que este conflicto debía ser resuelto de acuerdo a la legislación paraguaya, esto pese a que los árbitros eran de nacionalidad argentina, brasileña y mexicana. Por esta razón se descartaron tasas usurarias, además de que se evaluaron los daños y consecuencias, lo que decantó en una reducción importante del monto fijado inicialmente que era de USD 19 millones.

“Nosotros estamos defendiendo jurídicamente la posición del Estado paraguayo y hemos podido ahorrar casi USD 16 millones de lo que se pretendía ejecutar, ahora lo que tiene que ver con la responsabilidad penal de si hay lesión de confianza o no, eso corresponde al Ministerio Público y ahí nosotros tenemos nuestra opinión, pero respetamos la labor que a ellos les corresponde”, aseveró.

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El procurador general de la República, Marco Aurelio González, manifestó que el Estado quedará pendiente del recurso de aclaratoria o de la acción de inconstitucionalidad a la que pueda recurrir la empresa Mota Engil. Esto, tras anularse parcialmente el laudo arbitral que se impuso a Paraguay por el caso Metrobús.

“Si no recurren en un plazo, ya tendríamos la sentencia firme y podríamos ejecutar lo que está decidido. En caso de aclaratoria, vamos a estar pendientes del tiempo que se tome la Corte para resolver”, puntualizó el procurador al programa “Así son las cosas”, por Universo 970 AM y GEN/Nación Media.

González manifestó que la acción de inconstitucionalidad ante la Corte es la única instancia que le queda a Mota Engil. En cuanto a la aclaratoria, se aplicaría si la empresa considera que existe un punto de la resolución sin la suficiente claridad o creen que existió alguna omisión.

Mota Engil tiene un plazo de nueve días para recurrir a la aclaratoria, en cuanto a la acción de inconstitucionalidad, la empresa tendría el tiempo de 18 días aproximadamente para acceder a dicho recurso.

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El laudo arbitral había determinado varios montos de condena a Paraguay, en total representaban más de USD 19 millones, con los intereses. El monto estaba compuesto por varios rubros: devolución de póliza, indemnización de lucro cesante, costas, etc.

“Lo que dijo el Tribunal es que se anulan varios rubros y algo que va en contra de la ley, como la determinación de tasas de intereses usurarias. También se anulan unos daños que no fueron probados, acreditados ni cuantificados, y la forma en que se distribuyeron las tasas”, explicó González.

De este modo, de los más de USD 19 millones que se debía pagar, se determina que el Estado paraguayo solo debe pagar a Mota Engil la suma de USD 2.600.000, en concepto de montos retenidos. Esto aparte de mantenerse en pie el pago que debe abonar la empresa a Paraguay, de G. 629 millones, aproximadamente.

Gracias a las gestiones de la Procuraduría General de la República, se logró reducir considerablemente la multa prevista para pagar al conglomerado industrial Mota Engil por la anulación del contrato del Metrobús, que sumado con sus respectivos intereses daba una suma de USD 19 millones, quedando solamente la suma de USD 2,6 millones. De esa manera, el Estado paraguayo obtuvo un ahorro de más de USD 16 millones.

El procurador Marco Aurelio González informó al presidente Santiago Peña el resultado obtenido del juicio de nulidad parcial del laudo arbitral, en el expediente promovido por el Estado paraguayo contra dicho laudo por sentenciar a pagar indemnización a la firma industrial por la anulación del mencionado contrato.

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El procurador González y la vocera del Gobierno, Paulo Carro informaron al respecto, y remarcaron que esta multa, aun habiéndose reducido el monto, es consecuencia de la decisión que tomó el gobierno anterior de rescindir los contratos de manera injustificada.

En ese sentido, el procurador González informó que en la fecha tomaron conocimiento de la sentencia del Tribunal de Apelación Tercera Sala de la Capital, que ha anulado parcialmente el laudo arbitral que se impuso al Paraguay.

“A partir de esta resolución se anula parcialmente el laudo y solamente queda la obligación de los más de G. 600 millones, que tiene que pagar Mota Engil al MOPC (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones) y de la misma manera quedan los USD 2.600.000 aproximadamente, que debe devolver el MOPC a Mota Engil en concepto de montos retenidos”, indicó González.

El procurador remarcó que ya en su momento había sostenido que iban a dar batalla jurídica a una decisión que consideraban políticamente incorrecto, y económicamente injustificado. Más ahora, con el laudo y este fallo del tribunal de apelación, dan la razones que jurídicamente estuvo desacertada la decisión de rescindir el contrato que tomó el gobierno de Mario Abdo Benítez a los pocos meses de haber asumido la presidencia de la República.

“Las razones por la cuales el Tribunal ha anulado parcialmente el laudo arbitral, es que el laudo se resolvió en violación a expresas disposiciones del derecho paraguayo, como la imposición de tasas usurarias y como la determinación de daños sin probarse, sin justificarse y sin cuantificarse”, acotó.

No obstante, indicó que todavía podrían recurrir a un recurso de aclaratoria o una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que son los dos últimos recursos que caben contra esta última resolución del Tribunal de Apelación. En cuanto al pago de los USD 2,6 millones a Mota Engil, indicó que se estaría concretando, una vez que quede firme y ejecutoriada la sentencia.

Finalmente, la vocera de Gobierno, Paula Carro señaló que si bien el fallo aún no está firme, se están arbitrando todos los medios necesarios para proteger el patrimonio de los paraguayos. “Como Estado no seamos condenados a pagar una millonaria suma durante este Gobierno, que tiene como origen una decisión política que fue tomada durante el gobierno anterior, que fue en su momento rescindir el contrato de las obras de gobierno del Metrobús”, concluyó.

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