El diputado Germán Solinger recibió a una comitiva de intendentes de Itapúa, encabezada por la jefa municipal de La Paz, Blanca Chávez y en esta reunión abordaron sobre la situación crítica de la Caja De Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal y plantearon varias alternativas de modo a recuperar su estabilidad.

“Requiere de un trabajo profundo y ver cómo se inició todo esto, qué pasó y en qué momento, además qué salida se le puede dar porque es bastante preocupante, año tras año va empeorando, pero también los responsables deben asumir la responsabilidad, sino es muy sencillo todo y termina en la nada, se tiene que tomar en serio”, afirmó el legislador.

Solinger indicó que la situación de la caja preocupa a todos los funcionarios municipales, puesto que actualmente está en riesgo su capacidad para hacer frente al pago de los jubilados y esta problemática se extendería a generaciones futuras, por lo que urge poder determinar una solución que permita nuevamente su sostenibilidad.

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“Estuve hablando con la doctora Blanca porque ellos trajeron planteamientos muy interesantes y convenientes para todos los funcionarios municipales. Es un problema que ya data desde hace varios años, yo fui intendente en dos periodos y conozco muy bien la situación y cada vez se está complicando más”, manifestó ante varios medios de prensa.

El diputado indicó que considera oportuna la reacción de los intendentes, puesto que aún hay tiempo para encontrar una salida. Además adelantó que considera que los jefes municipales de otros departamentos también se adherirían a los planteamientos de la comitiva itapuense, ya que sin una solución, cientas de personas saldrán perjudicadas.

“Vamos a reunirnos con el presidente de la Cámara de Diputados haciéndole llegar estas inquietudes. La doctora Blanca también estuvo hablando con el presidente del Senado de esta situación y él le pidió 15 días de tiempo para poder analizar esto y determinar qué camino seguir, entiendo que la misma postura estaría asumiendo el presidente de la Cámara”, refirió.

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La Cámara Alta rechazó el proyecto de ley que pretende modificar tres artículos del Código Procesal Penal, específicamente los que guardan relación con la inviolabilidad de la defensa, duración máxima del procedimiento y desestimación de causas. Desde la Comisión de Legislación advirtieron sobre los riesgos que correría el sistema de Justicia si estas modificaciones llegaran a ser aceptadas.

“Es peligrosa, vaga, confusa y puede traer más problemas que las soluciones que dice proponer por eso solicitamos el rechazo del presente proyecto de ley”, aseveró el senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, quien expuso los motivos por los cuales no consideraban viable dar visto bueno a este proyecto.

A iniciativa del diputado Derlis Rodríguez, se planteó la modificación de los artículos N° 6, 136 y 305 de la ley N° 1286/1998 Código Procesal Penal, en este sentido, Maidana indicó que por unanimidad la Comisión resolvió recomendar el rechazo a este proyecto debido a varias razones. Con relación al artículo N° 6, sostuvo que se introduce una expresión que terminará afectando directamente a los derechos a la defensa de los imputados.

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Asimismo, añadió que la redacción actual de este articulado es prácticamente una transcripción de lo que establece la Constitución en su artículo N° 17 en cuanto a los derechos del procesado y el ejercicio a su defensa. En cuanto al artículo N° 136, manifestaron que si bien todo proceso debe ajustarse a un tiempo específico, el planteamiento de este proyecto podría ocasionar consecuencias negativas en los derechos tanto de los investigados como de las víctimas.

“La propuesta cae en el mismo vicio que hoy tenemos en cuanto a planteamiento de incidente y otros, dando lugar a extinciones y prescripciones que a su vez conducirá a una profunda crisis de impunidad”, expuso Maidana, quien precisó que en una audiencia pública donde participaron representantes de la Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Defensa Pública, Fiscalía y Colegio de Abogados coincidieron en la misma conclusión.

“Este tipo de normativas puede hacer que muchas causas caigan en la impunidad y falta de juzgamiento a través de chicanas y otro tipo de artimañas”, aseveró. Por último, y con relación al artículo N° 305 que habla de la desestimación de las causas, señalaron que la propuesta era improcedente puesto que el denunciado podría solicitar la desestimación de la causa, sin que se le dé participación a la víctima, en un plazo de tiempo muy breve, lo cual incidiría directamente en los niveles de impunidad. Tras el rechazo del Senado, el proyecto fue devuelto a la Cámara de Diputados.

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La mesa directiva de Diputados, encabezada por Raúl Latorre, tomó la decisión de extender por tres semanas más la elección del futuro representante de la Cámara Baja ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), tras la renuncia del exparlamentario por Central, Orlando Arévalo.

La información fue dada a conocer este miércoles por la diputada del Partido Patria Querida (PPQ), Rocío Vallejo, quien tiene intención de ocupar el cargo. El objetivo de la prolongación se centra en sellar un consenso entre todas las bancadas, sin la necesidad de desatarse una puja política por el cupo.

“Tratamos de llegar a un consenso y si no se puede, bueno que se planteen los nombres de candidatos en plenaria y que ahí se vote”, dijo Vallejo a los medios de comunicación. Sin embargo la legisladora reconoció que en la propia oposición aún no se logró unificar criterios para proponer un candidato único.

“Realmente nadie se acercó a hablar conmigo, hubo conversaciones iniciales entre algunos, pero los sucesos posteriores fueron enterrando este tema, tal vez se reviva esto en las próximas semanas. Acá siempre se plantea que los espacios deben ser ocupados de acuerdo a las mayorías que se tenga, en ese sentido, siempre salimos perdidosos”, refirió.

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La parlamentaria, tras reclamar el cupo político para la oposición, acotó: “Este nuevo plazo es improrrogable. Se siguen las conversaciones y vamos a ver que pasa”. Entre los posibles aspirantes al cargo también se encuentran José Rodríguez del movimiento Honor Colorado y los liberales Arnaldo Valdez y Rodrigo Blanco.

El pasado 26 de febrero la mesa directiva de Diputados había fijado inicialmente un plazo de 15 días para definir a su representante ante el órgano extrapoder liderado por el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Garay Zuccolillo. Sin embargo, este periodo término feneciendo.

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El diputado abdista Mauricio Espínola presentó una nota ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja para solicitar su desafuero. El legislador es uno de los sospechados por el Ministerio Público en integrar el esquema que filtró información confidencial de instituciones estatales entre el 2021 y 2022, es decir, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Se encuentra pendiente el estudio en la plenaria del desafuero remitido por el Juzgado Penal de Garantías N° 3 en la causa N° 6898/2023 caratulada como ‘Carlos Arregui y otros s/ denuncia falsa y otros referente a mi persona. En dicho contexto, he manifestado públicamente mi posición de instar al estudio y aprobación de dicho pedido”, expresa el escrito.

Al mismo tiempo, Espínola solicita que el presidente de esta Comisión, Roberto González también integrante de la disidencia colorada, que lo convoque a él y a su representante legal para exponer supuestas irregularidades cometidas por el Ministerio Público en este proceso.

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Cabe mencionar que el actuar del diputado abdista, emula la movida política del expresidente Mario Abdo, quien también se pronunció públicamente solicitando su desafuero como senador vitalicio a la Cámara Alta, esto luego de que la Fiscalía haya acusado a sus exministros por asociación criminal y otros hechos punibles.

Pese al exhorto de Abdo pidiendo su desafuero, queda en duda si sus aliados votarán a favor de la solicitud y permitirán que él, al igual que sus exsecretarios de Estado como Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y otros, se someta a la justicia por la utilización del aparato estatal para la persecución de sus adversarios políticos.

“Abdo nunca va a querer su desafuero, porque esto es una movida política. Yo creo que él los metió a todos en este lío a sus ministros, les indicó lo que tenían que hacer. Hicieron al pie de la letra todas las tergiversaciones que hoy están demostradas con una cantidad de pruebas y relatos; y les abandonó. Acá hubo alguna presión, le dijeron ‘vení acá también vos, o te liquidamos’”, fue el análisis realizado por el senador Antonio Barrios en contacto con “Arriba Hoy”, emitido por GEN/Universo 970 AM/Nación Media.

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