El economista Víctor Pavón realizó un balance económico del primer año de gobierno del presidente de la República, Santiago Peña. Sostuvo que todas las acciones de esta administración impactan en el bolsillo de los ciudadanos y mencionó que se debe seguir manteniendo nuestra estabilidad monetaria, el orden fiscal y continuar con las reformas.

“Paraguay ahora tiene una oportunidad que no la tenía antes y en consecuencia lo que tenemos que hacer es en primer lugar mantener el orden fiscal y la estabilidad monetaria”, comentó en el programa Arriba Hoy, emitido por canal GEN/Nación Media. Destacó el superávit de casi USD 800 millones en las recaudaciones, además la obtención del grado de inversión otorgado por la calificadora de riesgo Moody’s.

Mencionó que se corrigieron dos problemas sustanciales que afectaban a la economía, tales como el déficit fiscal y la inestabilidad monetaria. “Todos estos temas parecen no ser considerados por el común de la gente, pero la realidad es que impactan de una u otra manera en el bolsillo. No en vano el informe de Numbeo ubicó a Paraguay como el primer país sudamericano con menor costo de vida”, argumentó.

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Pavón puntualizó que luego de 30 años fue aprobada la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, además se pagaron las deudas a los proveedores de la construcción y salud. “Ahora tenemos que abocarnos a las reformas como la de la Caja Fiscal que debe ser corregida y no se trata solamente de la cuestión paramétrica”, dijo.

Expresó que entre las reformas de fondo se encuentra el Instituto de Previsión Social (IPS).}, cuyo sistema de reparto debe ser cambiado por uno de capitalización en el que la captación de recursos se haga de acuerdo al aporte personal. Por sobre todo, se tendrá que restituir la propiedad a sus verdaderos aportantes: los trabajadores y empleadores.

Por otro lado, consideró importante la formación de un equipo de reformas extraordinarias para los próximos cuatro años. “Está el IPS, el sector eléctrico, el código laboral y la relacionada al sistema tributario. Un legado extraordinario sería eliminar el Impuesto a la Renta Personal y bajar el Impuesto al Valor Agregado”, manifestó.

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Según datos del Minis­terio de Economía y Finanzas (MEF), el déficit de la caja fiscal en mayo de 2024 fue de USD 25 millones, un 42 % de diferen­cia entre los ingresos (apor­tes) y gastos (pagos) de jubi­laciones y pensiones.

Teniendo en cuenta este dato, desde el Gobierno están bara­jando la posibilidad de crear una ley para apaciguar el déficit y mejorar el sistema de pensiones. El economista Wildo González dijo a La Nación/Nación Media que esto debe darse lo más pronto posible, y que se debe aprove­char la creación de la Super­intendencia de Pensiones y Jubilaciones para ese efecto.

González expuso que la superintendencia dará una guía clara y una supervisión adecuada a la estructura y sistema financiero, para que se avance hacia una mejoría. Caso contrario, será nece­sario utilizar una mayor proporción de recursos del Tesoro para cubrir el défi­cit, dejando a la ciudadanía con poco acceso al sistema de pensiones adecuado.

“Creo que lo más peligroso, al ir creciendo la proporción financiada con recursos del Tesoro, podría constituir un serio problema fiscal. A largo plazo, esto incremen­tará significativamente el déficit del gobierno central, impactando a toda la eco­nomía y poniendo en riesgo la estabilidad macroeco­nómica lograda con mucho esfuerzo”, sostuvo. El econo­mista acotó que esto también tendría un impacto negativo en la calificación de riesgo soberano, incrementando el costo del financiamiento soberano y, por ende, tam­bién afectará al financia­miento de proyectos inver­tidos por el sector privado.

Acerca de los factores que han contribuido al creci­miento sostenido de este déficit, González mencionó, según su opinión, que exis­ten dos factores fundamen­tales. El primero, un factor exógeno, que es la tendencia demográfica que hace que paulatinamente disminuya el número de aportantes. “A largo plazo, como parece ser ahora en el caso de la caja fis­cal, se produce un desajuste entre los ingresos de los apor­tes y el pago de las pensiones, lo que hace inevitable que la caja fiscal entre en colapso”, explicó.

Lo segundo es que por mucho tiempo no solo la caja fiscal, sino todo el sistema de pensio­nes, estuvo sin una guía clara y sin una supervisión adecuada. “Esto, a mi criterio, ocasionó una serie de decisiones terri­bles de sus administraciones, resultando en una utilización e inversión inapropiadas de los recursos provenientes de los aportes de sus afiliados”, enfatizó

Para apaciguar el déficit, al margen de la superinten­dencia, hay reformas que deben aplicarse. Entre ellas, González propuso que debe ser la creación de un fondo soberano de estabilización, financiado con impuestos a las exportaciones ligadas a recursos naturales, para actuar en caso de shocks nega­tivos y estabilizar la econo­mía, reduciendo la volatilidad del crecimiento del PIB, espe­cialmente en casos de shocks climáticos inevitables.

El exasesor jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS) y experto en seguridad social, Ismael Candia, vaticinó que, del mismo modo en el que ocurre con la caja de jubilados bancarios, la mayoría del resto de las cajas no podrá sostenerse en el tiempo. Al respecto, manifestó que, aparte de la ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, el Estado debe sumar otra iniciativa que refuerce los mecanismos de solución ante la problemática de las cajas de jubilación.

“Las cajas no tienen condiciones propias para hacer frente a un reclamo masivo, no se soluciona solamente con una superintendencia, por tanto es probable que el Estado deba hacer un salvataje, haciendo fondeos no contributivos, y hay opciones para eso”, manifestó el exasesor jurídico en contacto con la 780 AM.

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Candia dijo además que se debe buscar de manera inmediata los mecanismos para reformular el resto de las cajas, remarcando que esto responde a factores sobre la política social, así como la económica y financiera. Remarcó que el énfasis debe centrarse en evitar el mismo déficit como el de la caja de jubilados bancarios, pues se necesita incorporar un universo de población más amplio para el resto.

“Es importante reconocer que nunca se había resuelto de fondo el manejo de las entidades, redefiniendo además cuáles son los aportes posibles para que las mismas funcionen. Estos son aspectos que deben determinarse en el sistema nacional de seguridad social”, puntualizó, enfatizando en la necesidad de resolver los problemas sustanciales sobre la seguridad social.

Puntualizó que si no se establecen bases sociales y financieras, previendo además el sistema de migración de una caja a otra, se observará un peligro de pérdida no solo de los propios aportes, sino también del derecho en la parte operativa de los sujetos beneficiarios. Vaticinó que el Estado deberá estar preparado para cumplir todos los compromisos que podrían surgir de la intervención que se lleve a cabo sobre las cajas.

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La Unión de Abogados Colorados del Paraguay emitió un comunicado para respaldar la promulgación de la Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, esto aparte de remarcar que la reglamentación resulta esencial en el contexto de las decisiones legislativas que inciden en la seguridad social. “Reiteramos nuestro compromiso con el orden jurídico y la estabilidad institucional, respaldando acciones que fomenten el bienestar general”, expresa parte del comunicado.

“Hemos considerado, por unanimidad, la importancia de apoyar al Congreso y al gobierno. En la organización nos encontramos más de 500 abogados y nuestra intención es formar parte de las discusiones que se desarrollen sobre temas eminentemente importantes como el caso de la Ley de Superintendencia”, explicó para La Nación/Nación Media el presidente de la Unión de Abogados, Rubén Romero.

A través del comunicado, la organización de abogados colorados también manifestó la necesidad de que no se priorice el rechazo poco razonable y objetivo ejercido por determinados grupos, en torno a las políticas del gobierno. “La oposición, carente de ideas, y sin peso en el voto popular, busca generar confrontación para ubicarse en la agenda política”, señala el pronunciamiento del grupo de letrados.

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El presidente del gremio indicó que, ante la gran vertiente de sectores que únicamente buscan poner palos en la rueda al gobierno de turno, se ha decidido conformar la coalición de abogados colorados para ejercer una cooperación irrestricta al Gobierno y a los representantes del partido. Esto buscando brindar un pilar técnico a través del cual se puedan solventar los dirigentes, más allá del respaldo político.

“Necesitamos fomentar además el debate objetivo y basado en las apreciaciones técnicas, con todo lo referente a las propuestas legislativas o ejecutivas que puedan desarrollarse. Nuestra intención, como clase social, debe ser contribuir con argumentos sólidos y enriquecedores, sin apostar a la división y el retroceso, de la manera en la que se estuvo suscitando hace días, a través de diversos grupos”, lamentó Romero.

Por último, parafraseando parte del comunicado emitido, hizo hincapié en la necesidad de contar con instituciones del Estado cada vez más auditadas, del mismo modo en el que debe suceder con la administración del dinero público. Esto indicó, teniendo en cuenta que con la creación de la Superintendencia de Pensiones será posible auditar, controlar y supervisar los fondos de cada una de las cajas de jubilación.

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