Francisco Luis Correa Galeano, considerado como el cerebro del crimen del fiscal Marcelo Pecci, firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía de Colombia y tendrá inmunidad por un año por delito de homicidio. Esto se habría ejecutado a cambio de que Correa colabore como testigo estrella en el caso del asesinato del fiscal paraguayo, ocurrido en una playa colombiana el 10 de mayo del 2022.

El dato fue confirmado por el medio colombiano Blu Radio, detallando que la intención central es que el sindicado como cerebro del crimen testifique contra Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza, el ciudadano venezolano encargado de conducir el jet ski usado para asesinar a Pecci, mientras disfrutaba de su luna de miel en la isla de Barú.

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Correa Galeano, a través de su defensa, solicitó la aplicación del principio de oportunidad, teniendo en cuenta que, aparte de Salinas Mendoza, se ofreció como testigo contra Margareth Lizeth Chacón Acuña, Ramón Emilio Pérez Hoyos, Andrés Felipe Pérez Hoyos, estos dos últimos habían reconocido su participación en el crimen.

Correa está acusado por homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, ya que presuntamente habría articulado y planeado el homicidio del fiscal Pecci, desde la ciudad de Medellín. Se catalogó el rol del sicario como el cerebro del crimen, no solo debido a la organización del asesinato, si no también por el operativo logístico para llevarlo a cabo.

Margareth Chacón

Con respecto a Margareth Chacón, quien sería la supuesta financista del atentado contra el fiscal Pecci, su audiencia está fijada para el 15 de enero. En el juicio se busca dar a conocer si la acusada será o no condenada por homicidio agravado y porte de armas, tras ser la presunta encargada de la logística del crimen del agente del Ministerio Público.

La mujer, de nacionalidad colombiana, y quien sería pareja sentimental de uno de los hermanos Pérez Hoyos, está acusada por homicidio agravado, fabricación, tráfico, tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La acusada es sindicada como la persona que planificó, financió y estuvo a cargo de la logística del crimen de Pecci y se expone a una pena de 40 años de prisión.

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