El proyecto de creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones es una iniciativa que nació en el Poder Ejecutivo el cual busca controlar el uso que se le da a los fondos de las cajas privadas y públicas, como establece la Constitución Nacional. El punto más importante para dejar en claro es que el Estado no dispondrá de estos recursos.
Actualmente las cajas no contienen ningún ente que controle sus operaciones, la Superintendencia sí supervisará cada movimiento para cuidar lo que es de los asegurados, velará por lo establecido en las respectivas cartas orgánicas y mejorará las inversiones que hacen las diferentes cajas en cuanto a la seguridad de las mismas y las ganancias que dejan, lo que permitirá fortalecerlas.
Este proyecto de ley que fue presentado posterior al acuerdo de centrales obreras y sindicales y de gremios empresariales, no contempla modificaciones para el régimen jubilatorio, es decir, a través de esta iniciativa no se modificará el monto de la jubilación, no se modificará la edad de jubilación y los fondos no podrán ser confiscados por el Estado.
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Asimismo, la Superintendencia no administrará el dinero de las cajas y tampoco es cierto que el Estado quiere el dinero de las cajas. De hecho con la creación de esta entidad seguirá vigente la prohibición para que el Instituto de Previsión Social (IPS) preste dinero al Estado.
También se pondrá un límite para la compra de bonos del tesoro, una actividad que ya está permitida en la legislación actual pero que no establece ningún tipo de tope para esta actividad. Al mismo tiempo, se establecerá un porcentaje máximo para cada tipo de inversión, con lo cual se busca que el dinero esté diversificado y restringe a los administradores de cajas a invertir deliberadamente.
El Estado no necesita de las cajas para que se compren sus bonos dado que en cada emisión hay siete veces de demanda respecto de la oferta de emisión, es decir, los inversionistas pelean por comprar los bonos del tesoro paraguayo.
Por otro lado, es mentira que exista un apuro de parte del Poder Ejecutivo en promulgar esta ley, ya que desde el 2016 se discute sobre esta iniciativa y solo este año se realizaron tres audiencias públicas y varias reuniones en comisiones del Senado sobre un proyecto similar a este con prácticamente el mismo alcance.
En una entrevista que brindó el presidente de la República Santiago Peña a la 1080 AM, recordó que Mario Abdo Benítez, entre las reformas que planteó, se comprometió a promulgar la ley de Superintendencia que había logrado una media sanción por parte de la Cámara de Diputados durante el gobierno que le antecedió, sin embargo, terminó desechando este proyecto que ya tenía el acompañamiento de una de las Cámaras, incumpliendo a su promesa de gobierno.
Modificaciones
Los proyectistas introdujeron nuevas modificaciones al documento, entre ellas, la del artículo N° 43, en la que se establece taxativamente que, “los fondos del IPS no podrán ser prestados al Estado, a las gobernaciones y a los municipios”. Se estableció que la administración de los recursos va a seguir dependiendo de las cajas, ya que la Superintendencia es solamente un ente fiscalizador, de control y de monitoreo.
Se añadió la existencia de responsabilidad de los funcionarios que administran mal los recursos, dejando en claro que nadie estará exento de responsabilidad civil y penal por la mala utilización de los bienes jubilatorios o por el mal ejercicio en sus funciones, todo esto con el fin de dar tranquilidad a la ciudadanía y descartar todos los mitos que pretender ser instalados detrás del proyecto.