El diputado Esteban Samaniego y su esposa Patricia Corvalán fueron imputados por el Ministerio Público por la supuesta comisión de los hechos punibles de administración en provecho propio y asociación criminal. El fiscal Silvio Corbeta se encuentra a cargo del caso, y también imputó a otras 21 personas en el marco de la causa.
De acuerdo con los informes del Ministerio Público, los supuestos hechos ilícitos se habrían cometido entre los años 2011 y 2017, periodo que duró la gestión del ahora diputado como intendente de la ciudad de Quyquyhó, departamento de Paraguarí.
En esta causa se menciona que Samaniego “se valió de su cargo como intendente para beneficiarse en forma indebida, ya que era administrador de gastos” y accedía a fondos depositados en el Banco Nacional de Fomento (BNF), llegando a la suma de G. 338.595.000.
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Mientras tanto su esposa, Patricia Corvalán, actual intendenta de Quyquyhó, habría cobrado unos G. 117.500.000 que debieron ser destinados para fines sociales. También algunos familiares cobraban cheques y terminaron imputados.
“Samaniego como lord mayor de la citada ciudad ordenó el pago directo a su favor, de sus familiares y terceros allegados para su beneficio. Igualmente habría favorecido en forma indebida a un esquema de empresas y personas jurídicas funcionales a él con adjudicaciones sistemática”, refiere el informe de la Fiscalía.
El fiscal Corbeta solicitó al Juzgado de Delitos Económicos la comunicación de la causa y el desafuero del legislador a fin de ser sometido al proceso judicial y solicitó que se ordene el bloqueo de las cuestas bancarias de todos los imputados. Además, estableció medidas para que los mismos sean sometidos a la justicia.
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Piden prisión de entrenador de fútbol por brutal golpiza a su concubina en la calle
- Ciudad del Este. Agencia Regional.
Un entrenador de fútbol fue denunciado el miércoles pasado por haber propinado una brutal golpiza a su concubina. El hombre habría atacado a la mujer en la calle, la estiró del cabello, la denigró y, además, la pisó sobre su abdomen, según imágenes de cámaras de seguridad de la zona. La agente fiscal Susan Vega imputó hoy al entrenador Juan Ramón Duarte Galeano (57), por violencia familiar y solicitó su prisión preventiva.
El sospechoso está con detención provisoria en la Dirección de Policía de Alto Paraná. El hecho ocurrió el domingo 30 de marzo de 2025, alrededor de las 21:00, en las inmediaciones de la estación de servicios “Willi Burger”, en el barrio San José de Ciudad del Este. Pero, la denuncia fue presentada recién tres días después.
El local mencionado viene siendo objeto de reiteradas denuncias de los vecinos porque es un sitio donde se juntan personas a tomar y a escuchar música a alto volumen, con derivaciones violentas en varias ocasiones, por la cual ya fue intervenida por el personal policial en diferentes ocasiones.
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La violencia del hombre se habría producido tras un reclamo por celos de la mujer, quien después de la discusión decidió regresar a su casa, ubicada en el mismo barrio a solo tres cuadras de la estación de servicios. Sin embargo, aproximadamente dos horas después, el hombre se presentó en la casa y obligó a la mujer a regresar con él. Durante el trayecto, comenzó a insultarla y a denigrarla, según el escrito de imputación.
Luego, el entrenador la tomó del cabello y le dijo en guaraní: “Ko’ânga ajekuaakáta ndéve” (Ahora me vas a conocer). La víctima intentó calmarlo y le pidió que la soltara, señalando que en la zona había cámaras de seguridad y que sus hijas podrían verlo. El agresor respondió que no tenía miedo de nadie, pero terminó soltándola, instante que la mujer aprovechó para correr, aunque fue alcanzada nuevamente.
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El ahora imputado la sujetó del cabello desde atrás y la golpeó en la cabeza, provocando que cayera al suelo, tras lo cual la pisoteó en el abdomen, refiere la fiscal. La agresión fue presenciada por un guardia de seguridad, quien intervino en defensa de la víctima y forcejeó con Duarte Galeano, logrando que se retirara del lugar.
Esa misma noche, una de las hijas de la víctima, fue informada por una vecina que, a través del circuito cerrado de su vivienda, había visto a su madre siendo agredida. Finalmente, el 1 de abril, la joven y su madre presentaron la denuncia a la comisaría jurisdiccional. Posteriormente, agentes policiales detuvieron al presunto agresor en la vía pública del barrio María Auxiliadora de Presidente Franco.
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Mafia de los pagarés: admiten imputación contra jueza de Paz Nathalia Garcete
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú admitió la imputación por prevaricato contra la jueza de Paz Nathalia Garcete y convocó para el martes 29 de abril, para su audiencia de imposición de medidas. La magistrada fue procesad en el marco de la investigación del caso conocido como la mafia de los pagarés.
En el presente caso se tiene 61 personas imputadas entre jueces, actuarios judiciales, ujieres, oficial de justicia y abogados de firmas de cobranzas quienes deberán comparecer para las audiencias de imposiciones de medidas cautelares.
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Otros imputados
Los imputados son los actuarios judiciales del juzgado de Paz de la Encarnación, Martina Elsa Rivela Santacruz, y Ricardo Ramón Cuevas. También están imputados los ujieres Audrey Jazmín Galeano Mora cuyo padre es el abogado Rubén Galeano, extitular del Colegio de Abogados, Nicolás Antonio Antúnez Tillería, y Arturo Javier Ayala Franco.
Así también enfrentan proceso penal las juezas suspendidas en sus funciones Analía Cibils, Víctor Nilo Rodríguez y otros.
Asimismo, la nómina de los imputados son: Alfredo René Benítez Cabrera, Jorge René Montiel, Ángel Aníbal Cino Isnardi, José Manuel Fuster Castellano, Lourdes Roció Aranda Benítez, Gabriel Darío Ojeda González, Leticia Soledad Núñez Cáceres, Gabriela María Vespa Centurión, Roger Alejandro Medina Quintana y Melissa Analía Talavera Bogado y otros.
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Imputan a cinco funcionarios penitenciarios por supuesta liberación de presos
- Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Alcides Giménez Zorrilla imputó a cinco funcionarios penitenciarios por haber supuestamente facilitado la liberación de ocho personas privadas de libertad. Son PPL de alta peligrosidad que estaban en el pabellón de máxima seguridad del Centro Penitenciario de Minga Guazú. El fiscal solicitó la prisión preventiva de todos ellos.
Están procesados Pedro Arnaldo López Martínez (31), Benicio de Jesús Romero Aguilar (28), Ariel Gustavo Mareco Benítez (23), José Carlos Alfonso Torres (23) y Jonathan Nicolás Barúa Chamorro (23). Los cargos son frustración de la persecución y ejecución penal, así como por liberación de presos, previstos y penados por los artículos 292 y 294 del Código Penal, según el escrito fiscal.
Giménez Zorrilla indicó que los hechos quedaron registrados en las cámaras de CCTV del recinto penal, que son controlados desde una central de monitoreo, donde se encontraba el funcionario Nicolás Barúa Chamorro.
En dichas imágenes se pudo observar a los agentes Romero Aguilar, Mareco Benítez, Alfonso Torres y López Martínez, haciendo el traslado de los reclusos Juan Insfrán, Wilson Rotela y Miguel Insfrán hasta el sitio denominado “espacio de soleo” del pabellón especial.
En el trayecto, al momento de ingresar, Wilson Rotela y al cerrar la puerta de hierro con la cadena de seguridad utilizado como candado, se habría dejado la llave de seguridad puesta, lo que permitió que la puerta se abriera sin dificultad, según la sustentación del procesamiento.
Luego, el agente Pedro López Martínez se retiró sin tomar precauciones para dirigirse al sanitario; en ese momento, Wilson Rotela abrió la puerta de la celda y salió. Acto seguido, procedió a abrir las puertas de las demás celdas colindantes, un total de ocho. Todo esto, según lo expuesto por la fiscalía.
Una vez fuera de los espacios de soleo, los reos Blas Pablo Melgarejo Benítez (alias Chopalé), Wilson Darío Rotela, Marcio Quadra Caetano, Derlis Ramón Giménez, Fredy González Delvalle, Fernando Aquino, Anderson Queiróz y Juan Insfrán, subieron al techo de rejas de hierro, tipo tejido.
Siempre de acuerdo al escrito fiscal, del citado techo treparon la muralla, donde fue dejado un grillete con la cadena cortada y la llave puesta, que fue incautado posteriormente por el personal policial.
El grupo descendió por un ducto de agua mediante una cañería, arrastrándose por debajo del tejido de alambre perimetral, conocido como “tierra de nadie”. Finalmente, subieron a la garita y se tiraron al exterior del Centro Penitenciario, mediante el uso de sábanas, concretándose la fuga.
Personal de monitoreo
En cuanto a la conducta del personal Nicolás Barúa Chamorro, quien cumplía funciones en el centro de monitoreo de las cámaras de seguridad, durante el horario de la fuga, según el fiscal Giménez, habría omitido observar las cámaras y no alertó a las autoridades, lo que indica su activa contribución en la fuga de los criminales.
El agente fiscal refirió que el sistema de monitoreo tiene censores de movimiento por cuya razón no se explica cómo no pudo ver que algo estaba pasando. Dentro del proceso de investigación, Giménez Zorrilla, realizó la incautación de los celulares de los sospechosos, los cuales fueron individualizados en el acta de procedimiento.
Recaptura
Uno de los fugados fue recapturado en la madrugada de ayer jueves. Se trata de Fredy González Delvalle, quien cumplía una condena de 40 años de prisión por su participación en una masacre ocurrida el penal de San Pedro, cuando miembros de la facción criminal Primer Comando Capital (PCC), asesinaron a diez reclusos.
El fiscal Alcides Giménez solicitó un plazo de cuatro meses para la presentación del requerimiento conclusivo. Los imputados permanecen provisoriamente en la Dirección de Policía de Alto Paraná, a cargo del magistrado Carlos Vera Ruiz, del Juzgado de Garantías 3.
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Mafia de los pagarés: comunican desafuero de jueces de paz y admiten imputación
El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, comunicó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) el pedido de desafuero de los jueces de paz, Analía Cibils y Víctor Nilo Rodríguez, imputados por el delito de prevaricato en el marco de la investigación por el caso conocido como la mafia de los pagarés.
Asimismo, el referido magistrado admitió la imputación contra los actuarios judiciales, ujieres notificadores y abogados de las firmas de cobranzas, y a su vez citó a los imputados para la audiencia de imposición de medidas a realizarse a partir de la segunda quincena del mes de abril.
De acuerdo con la determinación adoptada por el juez Estigarribia, el 22 de abril a las 8:00 de mañana tendrán que comparecer los imputados Ricardo Ramón Cuevas, Martina Elsa Rivela Santacruz, y Nicolás Antonio Antúnez Tillería. A las 9:30 comparecerán Arturo Javier Ayala Franco, Audrey Jazmín Galeano Mora, hija de Rubén Galeano, expresidente del Colegio de Abogados del Paraguay.
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Igualmente, el 24 de abril a partir de las 8:00 de la mañana comparecerán Gabriel Darío Ojeda González, Leticia Soledad Núñez Cáceres, Gabriela María Vespa Centurión y a las 9:30 lo harán Roger Alejandro Medina Quintana, y Melissa Analía Talavera Bogado.
El 25 de abril de 2025 fueron citados por el juzgado a las 9:30 Stella Solans Lezcano Colman, Héctor Manuel Noguera Florentín. Mientras que el 28 de abril a las 8.00 comparecerán Gloria Isabel Morínigo Gill, Rosa del Pilar Lezcano Correa, Ingrid Natalia Macarena Prette Goldenberg; Fernando Cáceres González, y Blas Antonio Rodríguez Galeano.
El 29 de abril de 2025 a las 8:00 comparecerán los imputados Silvio Gustavo Miranda Barrios, Robert Enrique Santacruz Oviedo, y a las 9:30 Patricia Adriana Parodi Cantero, Sebastián Marcelo Benitez Porzio, y el 30 de abril, el oficial de justicia Hugo Ignacio Lafuente.
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