El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

Lea también: Carmen Villalba seguirá recluida en cárcel de máxima seguridad en Minga Guazú

La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

Te puede interesar: Operación Fleeting: ratifican prisión de imputado

El gobernador del departamento de Presidente Hayes, Bernardo Zárate, brindó detalles sobre los planes de desarrollo que se impulsan desde el territorio. Esto, en el marco de la inauguración del nuevo pabellón oncológico en la zona, destacando los proyectos a ser instalados.

“El presidente siempre dice que la seguridad es sinónimo de desarrollo y por ello quiero anunciar a la ciudadanía que el siguiente mes vamos a inaugurar el local del Grupo Lince. Lo estamos construyendo en el predio de la Comisaría Cuarta de Villa Hayes”, expresó a Paraguay TV.

Se tratará de dos niveles, el primero estará enfocado en la dotación de equipamientos, mobiliarios y toda la parte operativa; el segundo se enfocará en el descanso, baños, cocina, una zona de atención para la gente y una zona para el comandante, dignificando la tarea de las fuerzas de seguridad.

“Esto será completamente con los fondos de la Gobernación. Además, hemos recibido 10 patrulleras, que ya fueron distribuidas, y se viene otra tanda en diciembre”, expresó Zárate, resaltando también la descentralización priorizada por parte del Gobierno nacional para avanzar con este tipo de planes.

Lea más: Raúl Cano Ricciardi fue nombrado embajador ante la ONU en Ginebra

El jefe departamental también se expresó sobre otras obras estratégicas que se deben impulsar tanto en el departamento como en la región chaqueña, mencionando así el acueducto. Puntualizó que el proyecto será clave para el desarrollo del Chaco, destacando los avances para su realización.

“Las gobernaciones deben ser fortalecidas para responder a las necesidades más urgentes de la ciudadanía, así como también deben ser fortalecidos a los municipios”, indicó el jefe departamental, haciendo hincapié en la importancia de continuar con los planes del Gobierno nacional en diferentes territorios.

Las atenciones empezaron en el plano de salud, con la inauguración del nuevo pabellón, pero los planes también se desarrollarán en otras áreas estratégicas, como seguridad y otras obras de infraestructura clave, para acompañar el desarrollo sustancial del departamento.

Lea también: Senador confía en que opositores y aliados no tendrán votos contra la comisión antilavado

En la mañana de este viernes, a través de su abogado, Anadelia Acosta, imputada por los presuntos hechos de apropiación, estafa y lesión de confianza, renunció a la Cámara de Diputados. La mujer es acusada como una de las principales responsables en el cobro ilegal de G. 725 millones que la Administración Nacional de Electricidad (Ande) destinó a dos familias humildes, en concepto de indemnizaciones.

El escrito de “desistimiento voluntario” fue presentado por el letrado Marcial Ayala a la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara Baja, encabezada por Máximo Rodríguez. “La renuncia de la funcionaria son por cuestiones personales y a fin de someterse al proceso penal. De hecho, ella siempre estuvo y está a disposición de la justicia desde el primer momento, aguardamos la notificación para la audiencia de imposición de medidas a los efectos de que prosiga la causa penal”, manifestó al programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, manifestó que su clienta continua bajo reposo médico en el departamento de Caaguazú, razón por la cual no se apersonó hasta la sede legislativa. “Ella emotivamente está muy mal. Para mí fue un paso muy importante que por lo menos se busque el arreglo de la reconciliación con familiares de las víctimas”, sostuvo.

Inmediatamente, el presidente de Diputados, Raúl Latorre, comunicó en sus redes sociales oficiales que procedió a firmar la petición de renuncia de Acosta. Igualmente, en la resolución n° 2184 refiere que se declara vacante la categoría salarial D36-técnico I. “Anadelia Acosta ya no forma parte del plantel”, indicó el legislador.

Lea también: Gobierno de Santiago Peña oficializó el cierre de cuatro embajadas

La renuncia de Acosta finalmente se concretó tras la intimación realizada por el presidente de Diputados, Raúl Latorre, a presentarse ante la Dirección de Recursos Humanos, tras abandonar por varios días su puesto laboral.

Acosta, quien originalmente es funcionaria de la Municipalidad de R.I. 3 Corrales, ha intentado por diferentes medios evitar presentarse a la sede legislativa. En principio, había solicitado un permiso por 30 días sin goce de sueldo, el cual fue denegado y, posteriormente, presentó un certificado médico, requiriendo a la par utilizar sus vacaciones.

Tras el escándalo desatado, Acosta llegó a un acuerdo extrajudicial con los afectados, pagándoles la suma de G. 300 millones a cada familia en reparación del daño. No obstante, de acuerdo a su abogado esto no significa que su clienta asuma la culpabilidad.

Te puede interesar: Grupo de oenegés pide a Peña vetar la ley de control

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, expuso una denuncia de hurto grave de insumos para el programa Hambre Cero, en la Escuela Jorge Gayoso del departamento de Presidente Hayes. Las propias autoridades de la institución estarían involucradas y ya se encuentran detenidas.

“Es lamentable el hecho de que la propia autoridad educativa haya caído en el robo de los insumos que se tenían en esta escuela. En este momento está detenida Antonia Acosta, encargada de despacho, y el señor Ramón Román, en la comisaría 8va de Remansito”, indicó Rojas.

El hecho pudo exponerse a través de los padres de los estudiantes quienes, a decir del ministro, ya venían sospechando hace tiempo de esta situación. Se constató cómo la encargada de despacho procedía a robar los insumos y la intervención de la policía fue inmediata; en cuanto a los insumos, fueron recuperados en su totalidad.

“Vamos a ser implacables en esto, ya le pasé la denuncia al ministro Luis Ramírez para que también pueda intervenir. Esto debe ser una lección fuerte y contundente; duele mucho informar estas cosas, pero no podemos tolerar y debe ser castigado”, indicó a la 1020 AM.

Lea más: Reforma laboral: abogados piden incluir al Poder Judicial en el debate

Rojas detalló que la Policía Nacional intervino al momento en que Román trasladaba los insumos en una camioneta, a la casa de la directora Acosta. Además, el ministro no descarta que también estén involucrados los empleados de la empresa encargada de la elaboración de la comida.

El secretario de Estado manifestó que otros pobladores le comentaron sobre la regularidad de este tipo de hechos, haciendo figurar a centros educativos como víctimas de robo cuando las propias autoridades están involucradas. Ante esto, garantizó controles constantes como los realizados.

“Debemos entender que el programa Hambre Cero es de una envergadura muy importante, siempre dijimos que iremos encontrando debilidades y, por supuesto, una de ellas es la falta de infraestructura, lo cual se debe ir subsanando con el paso del tiempo”, subrayó apelando a un lugar donde se puedan resguardar los alimentos.

Lea también: Peña abordó desafíos en la cooperación internacional con representante de la ONU