El presidente de la República, Santiago Peña, se refirió este viernes por primera vez al caso de espionaje de Brasil en las negociaciones de Itaipú y defendió la “posición de país” a través de las cuatro medidas asumidas ante este impasse, en un contacto con Radio Mitre de Argentina, expresando su preocupación y lamentando la situación ante la intención de abogar por la integración regional.

“Es una noticia bastante desagradable. Vemos eso con tremenda preocupación porque no se condice con el tipo de relación que queremos proponer, una de amistad, socios, amigos que nos permita construir un Mercosur más fuerte. Lastimosamente estamos en este impasse” , comentó Peña al programa que conduce Eduardo Feinmann.

Asimismo acotó: “Nosotros hemos tomado medidas muy firmes, abrimos investigaciones en nuestra área de ciberseguridad. Está demostrado que recibimos constantemente ciberataques que provienen de China, pero jamás nos hubiésemos imaginado que estaríamos sujetos a espionaje por parte de nuestro hermano y vecino brasileños”.

Peña dijo que esta acción ilegal termina “abriendo viejas heridas” al recordar la Guerra de la Triple Alianza desatada contra el Paraguay durante los años 1864 a 1870. El conflicto bélico, considerado como la contienda más sangrienta de América del Sur, fue comandado por el Brasil con respaldo de Argentina y Uruguay.

“Estas son heridas que nosotros estamos buscando sanar y este episodio lastimosamente lo que hace es abrir estas viejas heridas, cuando nosotros lo que queremos es dejar atrás es esa historia de odio, de resentimiento que venía principalmente de afuera hacia Paraguay, lastimosamente, hoy nos damos cuenta de que hay ese resentimiento”, lamentó.

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El medio brasileño UOL reportó el 31 de marzo sobre una operación de espionaje reconocida por Brasil en un comunicado oficial, pero que el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva atribuye a su antecesor, Jair Bolsonaro. El espionaje buscaba conocer la posición paraguaya en las negociaciones entre ambos países -ahora pausadas- sobre el precio de la energía de la hidroeléctrica binacional Itaipú, según reveló la prensa brasileña.

El gobierno de Lula da Silva negó “categóricamente cualquier implicación en la acción de inteligencia” y se la adjudicó a la gestión del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), en un comunicado de la cancillería publicado el lunes. “La mencionada operación fue autorizada por el gobierno anterior, en junio de 2022, y anulada por el director interino de la (agencia de inteligencia estatal) ABIN el 27 de marzo de 2023, tan pronto como la actual gestión tuvo conocimiento del hecho”, dijo el gobierno de Brasil.

El gobierno paraguayo convocó al embajador de Brasil, José Antonio Marcondes de Carvalho, para que “ofrezca explicaciones detalladas” sobre la operación, explicó el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, en conferencia de prensa el martes. Ramírez también informó que se llamó a consultas al representante diplomático paraguayo en Brasilia “a fin de que informe sobre los aspectos relacionados a la acción de inteligencia en asuntos del gobierno del Paraguay por parte de ese país”.

Según la prensa brasileña, la ABIN ingresó a las computadoras de las instituciones del Estado paraguayo para obtener informaciones reservadas. El objetivo habría sido conocer la posición de Paraguay en la negociación del “Anexo C”, un documento del Tratado de Itaipú (que dio lugar a la construcción de la represa sobre el río Paraná, limítrofe), que establece las bases financieras y de prestación de servicios de electricidad de la central hidroeléctrica.

Ramírez aseguró el martes que quedaron “suspendidas todas las negociaciones del Anexo C hasta tanto Brasil brinde las aclaraciones correspondientes a satisfacción del gobierno de la República del Paraguay”. Las negociaciones giran en torno a la reducción del precio de la energía, interés de Brasil, que compra desde hace décadas todo el excedente que le corresponde a Paraguay, que consume menos del 10% de lo producido.

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“A Paraguay, esta situación lo agarra muy bien parado”, dijo el presidente de la República, Santiago Peña, consultado este viernes por Radio Mitre de Argentina sobre arancel aduanero adicional de 10 puntos porcentuales que Estados Unidos aplicará a partir del sábado 5 de abril a todos los productos que entren a Estados Unidos, según el decreto presidencial de Donald Trump.

“Esta decisión está pegando al Paraguay en una menor medida, esto afectará a los países de manera diferente porque no todos están en la misma situación comercial arancelaria, pero en términos relativos estamos mucho mejor en comparación a otros”, sostuvo Peña en una entrevista con el medio de comunicación argentino que conduce Eduardo Feinmann.

Peña sustento sus afirmaciones al señalar que, en el 2023, durante el primer año de su gobierno, la economía creció más del 5 %. Mientras que en el 2024 se registró un acenso económico del 4 %, acompañado de una inflación muy baja y estable. Asimismo, se refirió sobre el último informe emitido por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el cual señala que la tasa de pobreza total se ubicó en el 20,1 % de la población, el nivel más bajo registrado desde la implementación de la metodología de cálculo en el país desde el año 1997.

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“Por supuesto, todavía estamos lejos de donde queremos estar. Tenemos un horizonte muy optimista para este 2025, no hay atajos para el desarrollo. Uno tiene que trabajar arduamente, generas las condiciones, estamos haciendo constantemente mejoras dentro de nuestro sistema tributario, de atracción de negocios, promoción de inversiones”, puntualizó Peña.

Detalló que el proceso de robustecimiento de la economía paraguaya va acompañado con la concreción de obras públicas. “Este año está en su récord máximo, con diferentes proyectos tanto de infraestructuras viales, hospitalarias, educativas. Estamos con mucho entusiasmo, pero todavía insatisfechos”, comentó en la entrevista al medio radial del vecino país.

Por otra parte, el mandatario se refirió sobre la elección de Albert Ramdin como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada el pasado 10 de marzo. Peña aguarda que bajo la gestión del canciller de Surinam se garantice el respeto irrestricto a la democracia, las libertades, los derechos humanos y las leyes.

“Calificar su elección como una catástrofe sería una palabra muy dramática, más todavía para un país que estuvo compitiendo, parecería ser que nos quedamos con un sabor amargo. Nosotros teníamos un argumento de que el secretario no había demostrado una posición firme y tajante sobre lo que ocurre, por ejemplo, en Venezuela o Nicaragua. Lastimosamente, por un sesgo ideológico, varios países terminaron dando vuelta sus votos”, manifestó.

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El Gobierno, a través del Gabinete Social, anunció ayer jueves la ampliación de los distritos priorizados a nivel nacional, con la incorporación de cuatro localidades, que son Itacuá y Paso Barreto (Concepción) y a Itanará y Laurel (Canindeyú), con lo que la asistencia estatal aumenta de 22 a 26 comunidades más vulnerables. En dichas zonas se instalarán de inmediato Mesas de Protección Social.

“Con un enfoque integral, articulado entre instituciones, y gracias al trabajo en equipo, la evaluación muestra avances concretos: la pobreza total se redujo al 20,1 %. El Gobierno del Paraguay sigue firme en su compromiso de construir un país más justo, sin dejar a nadie atrás”, expresó el presidente Santiago Peña a través de una publicación en redes sociales.

Tras la reunión, el ministro de Desarrollo Social (MDS), Tadeo Rojas, quien encabeza el Gabinete Social, señaló en una conferencia de prensa que la focalización de los programas sociales ha sido determinante en la disminución de los índices de pobreza. Días atrás se dio a conocer el dato de que la tasa de pobreza cerró el año 2024 en 20.1 %, la menor tasa desde 1997.

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“El impacto es significativo: trabajo de forma coordinada y vincular las políticas sectoriales en una gran política pública de protección social para proteger a una franja vulnerable”, comentó el ministro de la Niñez y Adolescencia (Minna), Walter Gutiérrez, al referir que estas mesas de trabajo incidieron en la reducción del índice de pobreza en la población de 0 a 15 años.

Durante el encuentro se analizaron los datos de ingresos, en donde se encontró que los sectores de ingresos altos vieron crecer sus ingresos en un 8 %. En tanto que los sectores vulnerables los ingresos crecieron en un 13 % gracias al programa Hambre Cero, que permite un ahorro para las familias y la venta de productos frutihortícolas para la provisión del programa a los pequeños productores, atribuyó. Esto deja al sector de ingresos medios, que tuvieron un incremento del 3 % en sus ingresos, según manifestó, por lo que se trabajarán en políticas públicas que den respuesta a las demandas de este sector en zonas urbanas como rurales.

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• Buenos Aires, Argentina. AFP.

El Senado argentino rechazó ayer jueves las candidaturas de dos jueces nominados por decreto por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia. El gobierno necesitaba el apoyo de dos tercios de la Cámara alta, donde cuenta apenas con siete escaños propios. Pero una amplia mayoría rechazó las aspiraciones.

En un comunicado, la presidencia explicó que “repudia la decisión del Senado de rechazar los pliegos propuestos por (...) Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia”. “Por primera vez en la historia, el Senado ha rechazado pliegos propuestos por un presidente por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad, lo que evidencia una vez más que la Cámara alta es el refugio de la casta política en el Congreso”, sostuvo el Ejecutivo.

De acuerdo con la Constitución, el gobierno nomina a los magistrados de la Corte Suprema y el Senado debe aprobarlos. El tratamiento de las candidaturas de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, que habían sido propuestos por Milei el año pasado, demoró por la falta de apoyo del Senado, que debe dar acuerdo a los nombramientos, aunque no tiene plazos para ello.

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En febrero el mandatario ultraliberal se valió de un artículo de la Constitución que lo habilita a nombrar “en comisión”, es decir para que ocupen el cargo hasta que finalice el período legislativo, cuyas sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre.

En ese marco la Corte Suprema le tomó juramento a García-Mansilla, un académico de perfil conservador contrario al aborto. En cambio, no hizo lo propio con Lijo, un juez federal del fuero criminal y correccional que intervino en varias causas de corrupción de exfuncionarios de todo el arco político. Había pedido una licencia para jurar como miembro interino del máximo tribunal, pero la Corte se la negó.

“No puedo creer que haya un solo senador dispuesto a votar esta aberración”, dijo en el recinto Martín Lousteau, senador por la Unión Cívica Radical (centro), que cargó contra la decisión del presidente de nombrar a los jueces por decreto. “Si permitimos este mecanismo no vamos a tener más jueces, vamos a tener empleados del Poder Ejecutivo”, dijo.

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La legisladora Guadalupe Tagliaferri (PRO, partido del expresidente Mauricio Macri), consideró además “inadmisible acompañar una Corte sin mujeres”. Entre las distintas causas en carpeta de la Corte Suprema, destaca el recurso de queja que la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) elevó este lunes para que revise la sentencia en su contra por corrupción.

Kirchner recusó además a García-Mansilla bajo el argumento de que lo propuso el presidente, quien expresó públicamente que la también exvicepresidenta (2019-2023) “va a ir presa”, afirmación que consideró es “una indebida e intolerable intromisión en asuntos judiciales”. La exmandataria, de 72 años, fue condenada en dos instancias a seis años de cárcel e inhabilitación política perpetua por “administración fraudulenta” en la adjudicación de obras viales durante sus presidencias.