El procurador general de la República, Marco Aurelio González, explicó los cinco artículos más cuestionados por los detractores del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones, de los 43 que contiene. Enfatizando en primer lugar que cada caja de jubilaciones y pensiones se estará administrando de manera independiente, conforme a lo que establece el primer artículo de la propuesta legislativa presentada por el Ejecutivo en el Senado, con el respaldo varios gremios afectados.
“Muchos hablan de que tienen el temor de la parte que dice que la Superintendencia va poder determinar reglas de gobierno corporativo y con eso se estará sustituyendo el gobierno de las cajas. Eso no es cierto. Las reglas de gobierno corporativo están en la jurisprudencia y en la legislación paraguaya; por ejemplo, en la Superintendencia de Bancos o de Seguros, que se refiere solamente al grado de relación que tienen que tener, por ejemplo, la auditoría interna, la gerencia de prestaciones, con el directorio que es la máxima autoridad“, explicó González, este martes, en “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El procurador general indicó que solo se estarán estableciendo criterios de administración por la Superintendencia de Jubilaciones, en el sentido de cuáles son los límites y cuáles son los topes y conflictos de interés, así como las responsabilidades de los administradores que hoy no existen y es lo único que se proyecta en la iniciativa.
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Mencionó que las cualificaciones que tienen que tener con la regla de conflicto de interés no implica ni crear ni suprimir ninguna estructura orgánica de las entidades de jubilaciones y pensiones. Remarcando además que las administración de los fondos no va a salir de las cajas.
“Nadie más que las cajas va a poder determinar el destino de los fondos de inversiones. La Superintendencia no va a poder obligar de manera alguna en qué instrumento se deben invertir; lo único que podrá decir es cuáles son los límites por cada tipo de instrumento financiero para que una caja no tenga todos sus activos en un solo instrumento de modo que se puede diversificar los riesgos”, acotó.
Otro punto aclarado por el procurador general fue respecto al régimen de inversiones y la diversificación de herramientas que podrán definir las respectivas cajas de jubilaciones y pensiones, entre las que incluye que podrá, y no es obligación, adquirir bonos del Estado. Remarcó que claramente dice en más de una oportunidad en dicho proyecto de ley que son las entidades de pensiones y jubilaciones las responsables a determinar el destino de las inversiones.
“Si hacemos historias en los instrumentos financieros en lo que las cajas de jubilaciones han perdido dinero, en ninguno de los casos han sido con los bonos del Tesoro del Estado, el cual tiene una reputación internacional. En los últimos 25 años, los bonos del Tesoro no han tenido un solo día de retraso. Los bonos del Tesoro tienen una proyección de solidez que lo hace un buen instrumento financiero que la gente del mercado internacional busca los bonos del Tesoro porque tiene la seguridad suficiente. Pero aún así este proyecto de ley establece un límite para comprar bonos del Tesoro”, enfatizó.