El pasado 21 de noviembre se presentó oficialmente el proyecto de creación de una “Superintendencia de Pensiones”, la cual tiene por objetivo supervisar todos los fondos y cajas jubilatorias, tanto del sector público y privado, con el fin de proteger el ahorro de los aportantes. Además, están contemplados los cambios en la gobernanza, pero no se modifican aspectos como la edad jubilatoria ni los beneficios que ofrece cada caja.

“El proyecto de ley tiene como principal objetivo la regulación y supervisión prudencial de la administración de los recursos financieros y no financieros de las entidades de jubilaciones y pensiones públicas y privadas, con el fin de proteger el ahorro de los afiliados activos, jubilados y pensionados”, se explica en la iniciativa legislativa.

Se apunta que los recursos sean administrados de forma segura, se garantice la liquidez y rentabilidad de modo a asegurar la estabilidad del sistema. Con la implementación de esta ley, se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo N.° 95 de la Constitución Nacional, que guarda referencia con los sistemas de seguridad social que señala que sin importar que sean públicos o privados, deben ser supervisados por el Estado.

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“La supervisión permanente de la Superintendencia permitirá anticiparse a posibles riesgos y tomar medidas preventivas para proteger los fondos de pensiones de los afiliados, garantizando de esta manera los pagos presentes y futuros dentro del sistema, asegurando que los recursos sean invertidos adecuadamente y contribuyan a su vez con el desarrollo productivo de nuestro país, en cumplimiento con su rol social”, indica el documento.

Actualmente el sistema de jubilaciones está desfinanciado, con baja cobertura, grandes inequidades y debilidades en cuanto a la gestión de riesgos en cuanto a las inversiones, lo que produce una inseguridad respecto al futuro cumplimiento de sus obligaciones como el pago de los haberes jubilatorios.

“Representa una oportunidad para desarrollar mecanismos de supervisión más especializados en el contexto de las pensiones, a través de normativas y procesos de control de vanguardia que se centren específicamente en las inversiones, la gestión y administración de los fondos de pensiones de manera responsable, segura y eficiente, así como en la protección de los derechos de los beneficiarios, brindando tranquilidad y estabilidad a los mismos”, señala el proyecto.

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La Superintendencia incorpora cambios como la creación de un Consejo de Seguridad Social, que será un órgano “colegiado y deliberativo de carácter paritario y tripartito”, y estará integrado por el presidente del Banco Central del Paraguay, las máximas autoridades de los ministerios de Economía y Finanzas, de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, así como por los representantes de los trabajadores, jubilados y empleadores.

“Tendrá el rol fundamental de evaluar y proponer las reformas legales y reglamentarias para el mejoramiento del sistema, así como realizar las modificaciones que sean necesarias sobre las resoluciones que emita la Superintendencia, con el fin de garantizar el correcto desenvolvimiento del sistema”, explican sobre el rol del Consejo.

El proyecto no implica modificaciones en cuanto al diseño de beneficios definidos, los requisitos para acceder a los beneficios de jubilación ni los parámetros jubilatorios, como las tasas de sustitución o la edad de jubilación, los cuales están establecidos en las respectivas cartas orgánicas o estatutos sociales correspondientes.

“Respecto a la autonomía de las cajas, las atribuciones de la Superintendencia no interfieren en ninguna potestad de decisión respecto de la administración y la inversión de los recursos, más allá de las restricciones cuantitativas que serán establecidas para asegurar la adecuada diversificación, como límites máximos y las normas prudenciales de regulación”, aclaran.

Se podrá continuar otorgando préstamos a afiliados, jubilados y pensionados, las entidades de jubilaciones y pensiones someterán anualmente sus balances y estados financieros a auditores internos y, por lo menos cada tres años, a auditores externos independientes, según se establece en la iniciativa legislativa.

En los últimos años, surgieron varias denuncias y pedidos de intervención fueron la sombra en la gestión de varias entidades de Jubilaciones y Pensiones del país, como el caso de la Caja Bancaria, Caja Municipal, Caja de Itaipú, Caja Fiscal e IPS. Asimismo, los estudios realizados por el Ministerio de Hacienda muestran que los recursos excedentes se acabarían en alrededor del año 2026 y, a partir del 2027, se tendría un déficit de aproximadamente USD 506 millones (equivalente a 1,3% del PIB), que deberán ser cubiertos con recursos generales del Tesoro.