El Sindicato de Funcionarios del Ministerio Público del Paraguay (Sifumip) y el Sindicato de Funcionarios Empleados y Trabajadores del Ministerio Público – “SIFETRAMIPAR”, emitieron un comunicado conjunto ante recientes publicaciones periodísticas que refieren sobre una supuesta implicancia de algunos de sus miembros en actividades ilícitas en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.
Ambos gremios de funcionarios de la Fiscalía enfatizaron que no tolerarán ni respaldarán ninguna conducta delictiva por parte de los funcionarios de la institución. Mencionan además que no asumirán responsabilidad alguna por terceras personas que pretendan hacerse pasar por trabajadores del Ministerio Público.
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Los sindicalistas remarcan que, en caso de que se confirme cualquier indicio o sospecha respecto a la participación de funcionarios en actividades delictivas, estos deberán rendir cuentas y enfrentar las consecuencias legales correspondientes.
Este pronunciamiento que está firmado por los delegados sindicales de Ciudad del Este, Tomás Alberto Acosta, del SIFUMIP, y Vidal Ramírez, de SIFETRAMIPAR, surge en respuesta a publicaciones en medios de prensa y redes sociales, referentes a supuestos funcionarios del Ministerio Público involucrados en actividades al margen de la ley. Estas publicaciones han generando preocupación y especulaciones en la opinión pública. Ambos sindicatos, mediante este pronunciamiento, reafirman su compromiso con la transparencia y la legalidad.
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Fiscalía paraguaya investigará espionaje informático de Brasil
El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, tomó la decisión de abrir una investigación penal ante el supuesto esquema de hackeo impulsado por Brasil contra autoridades del Gobierno paraguayo, en el marco de las negociaciones de la nueva tarifa de Itaipú. El espionaje informático se habría iniciado en la gestión de Jair Bolsonaro y ejecutado en la era de Luiz Inácio Lula da Silva.
Para el efecto, fue asignada como responsable la fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, Irma Llano. Según publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la operación fue ejecutada por la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin).
En la resolución n.° 27 el Ministerio Público refiere que la citada agencia “habría tratado de ingresar o habría ingresado a dispositivos electrónicos ajenos del presidente de la República del Paraguay, así como de senadores, diputados, miembros del cuerpo diplomático, de la Administración Nacional de Electricidad, entre otros”.
El espionaje fue autorizado por el gobierno de Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, de acuerdo a las informaciones que fueron proveídas por el gobierno de Lula da Silva mediante un comunicado. El dirigente político del Partido de los Trabajadores responsabilizó exclusivamente de la acción ilegal a Bolsonaro.
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La información fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal, realizadas en noviembre del año pasado, y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utilizado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.
Por su parte, el gobierno del presidente Santiago Peña tomó la decisión de requerir explicaciones detalladas al embajador del Paraguay en Brasil, Juan Ángel Delgadillo, igualmente al embajador del Brasil en Paraguay, José Antonio Marcondes.
A su vez, decidió suspender de manera indefinida el proceso de renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú. Mientras que desde el Congreso Nacional se anunció la conformación de una Comisión Bicameral de Investigación (CBI) para dar seguimiento a la denuncia de espionaje.
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Farsa de Abdo: sus aliados frenan desafuero que él pidió
Hace un año, el Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, requiere que el Senado despoje de sus fueros al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, con la finalidad de que enfrente a la justicia en el caso de filtración de datos financieros confidenciales manejados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
El pedido fue remitido por la jueza penal de garantías Cynthia Lovera el 14 de marzo del 2024 tras la admisión de la imputación fiscal por la revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Desde entonces, los aliados de Abdo Benítez impidieron que sea sometido a la justicia mediante diversas maniobras en el Legislativo. El pasado 12 de marzo, con bombos y platillos, el expresidente anunció mediante sus redes sociales oficiales que solicitaría su desafuero como senador vitalicio, al tiempo de arremeter contra el Ministerio Público y calificarla como una institución “sometida a un grupo de poder”.
Este anuncio al parecer fue parte de un show montado por Abdo Benítez y su entorno, ya que el requerimiento del órgano extrapoder continua pendiente de estudio en el pleno a raíz de las trabas impulsadas por los abdistas y aliados opositores que obstruyen la labor de la justicia.
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La artimaña dilatoria en busca de impunidad quedó totalmente evidenciada luego de su incomparecencia ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, instancia que por solicitud de sus leales, los legisladores Lilian Samaniego y Rafael Filizzola, optó por convocarlo el día de ayer, martes 1 de abril, para dar su versión de los hechos que se le atribuyen.
Sin embargo, terminaron acudiendo solo sus abogados Enrique Kronawetter y César Trapani, pese a que con anterioridad Mario Abdo había expresado su predisposición de aclarar su situación, colocando incluso su “cabeza a disposición”.
En medio de un show mediático, también había solicitado el cese de una supuesta persecución contra sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, con la intención de evitar que perciban la orfandad política de parte de su líder.
En la ocasión, los abogados no lograron refutar las pruebas en contra ni presentar argumentos sólidos que demuestren la inocencia de Marito y derriben las acusaciones de que en su gobierno se montó un esquema de persecución política y terrorismo de Estado contra sus adversarios.
No obstante, el bloque asesor por mayoría de sus miembros terminó aconsejando dar vía libre al desafuero del colorado disidente. La bancada del movimiento Honor Colorado acompaña el pedido de desafuero realizado por el propio Abdo Benítez y la Fiscalía.
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Sindicatos de trabajadores de CDE repudian el oportunismo político de Miguel Prieto
A través de un comunicado emitido a la opinión pública, los sindicatos de trabajadores de la municipalidad de Ciudad del Este acusaron al intendente y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, de ejercer manipulación política con el fin de sumar adherentes a la marcha opositora contra el gobierno de Santiago Peña.
“Manifestamos nuestro repudio al intendente Prieto por la manipulación y arreo de funcionarios que pretende desarrollar en ocasión de las movilizaciones programadas en todo el país durante los días 25, 26 y 27 de marzo del presente año y en especial en Ciudad del Este”, manifiesta el comunicado. La marcha de la oposición es impulsada bajo el eslogan “Unidos por el Paraguay”.
La nota firmada por los miembros de Sitramucde y Sitram-CDE indica que “toda movilización que tiene como objetivo reivindicar los intereses de trabajadores y sectores populares, como también para la vigencia plena y permanente de las libertades públicas y democráticas, son totalmente legítimas, garantizadas por la Carta Magna de la República del Paraguay, y por ende ambos sindicatos apoyamos plenamente”.
“Ambos sindicatos somos contrarios y repudiamos las prácticas de políticos oportunistas como es el caso del intendente Miguel Prieto, quien se encuentra en una desesperada situación por conseguir el posicionamiento de una falsa imagen suya en todo el país, ante su desastrosa y corrupta administración”, refieren.
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En el comunicado hacen mención a las más de 40 denuncias que posee el dirigente político por casos de corrupción y que se encuentran cajoneadas en el Ministerio Público. “A la vez tiene un centenar de denuncias de carácter laboral siendo un consuetudinario persecutor de trabajadores y violador de los derechos laborales. Hoy pretende manipular las movilizaciones en Ciudad del Este, llevando aguas a su molino, lo cual empañan la pureza de los actos protagonizado por los trabajadores, campesinos y demás sectores populares”, indica.
El documento señala que los funcionarios arreados fueron objetos de amenazas de represalias y de despido inmediato si no se suman a la marcha opositora. “La única finalidad es promocionar la figura de Miguel Prieto y embanderarse por sobre las masas populares”, sentencian.
Baja convocatoria
Medios esteños informaron que la presencia de manifestantes en la zona de la rotonda Oasis, el cual será el punto de las marchas es mínima. A la vez comunicaron que varios ciudadanos expresaron su preocupación, requiriendo garantías para poder trabajar sin interrupciones ni amenazas, ya que la marcha se desarrollará en el microcentro de Ciudad del Este.
Los ciudadanos que se sumarán a las movilizaciones partirán desde la Rotonda Oasis con dirección a la rotonda Monalisa. Los agentes de la Policía Nacional ya manifestaron que no se permitirá el cierre del Puente de la Amistad, que une Paraguay con Brasil. Finalmente, la convocatoria culminó sin que se reporten incidentes.
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Mafia de los pagarés: imputan a jueces, actuarios, ujieres y abogados de firmas de cobranzas
Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, en el marco de la investigación conocida como la mafia de los pagarés, presentaron imputación contra 63 personas, entre ellas los directos presuntos responsables del esquema que son jueces, actuarios judiciales, ujieres notificadores y abogados de las firmas de cobranzas.
Los delitos que habrían cometido los hoy imputados son prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. Ahora un juzgado penal de Garantía deberá admitir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Entre los imputados se encuentran los jueces de paz, Analía Cibils, Nathalia Garcete hoy día suspendida en sus funciones, Víctor Rodríguez también suspendido en sus funciones y la exjueza Liliana González de Bristot, quien acorralada por los graves hechos decidió renunciar al cargo.
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Igualmente, la lista de imputados sigue con los actuarios judiciales del juzgado de Paz de la Encarnación, Martina Elsa Rivela Santacruz, y Ricardo Ramón Cuevas. También están imputados los ujieres Audrey Jazmín Galeano Mora cuyo padre es el abogado Rubén Galeano, extitular del Colegio de Abogados, Nicolás Antonio Antúnez Tillería, y Arturo Javier Ayala Franco.
Asimismo, la nómina de los imputados por los graves hechos que ocasionaron un perjuicio a la clase más humilde son: Alfredo René Benítez Cabrera, Jorge René Montiel, Ángel Aníbal Cino Isnardi, José Manuel Fuster Castellano, Lourdes Roció Aranda Benítez, Gabriel Darío Ojeda González, Leticia Soledad Núñez Cáceres, Gabriela María Vespa Centurión, Roger Alejandro Medina Quintana y Melissa Analía Talavera Bogado y otros.
También fueron imputadas 19 personas entre ujieres, oficial de Justicia y otros pertenecientes al juzgado de Paz de San Roque e igualmente se tiene 12 imputados que son funcionarios del juzgado de Paz de la Recoleta, totalizando así 63personas imputadas en el caso.
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