Una comitiva parlamentaria, encabezada por la diputada liberal Roya Torres, en su condición de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, junto con su colega Guillermo Rodríguez, constató el bajo número de reos con condenas firmes, tras la verificación realizada este jueves a la penitenciaría de Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná.
La parlamentaria lamentó el estado de hacinamiento de la cárcel de Ciudad del Este. “Esto es una bomba de tiempo, está construida para 400 internos y alberga a más de 1.600; no reúne las mínimas condiciones de infraestructura e higiene. Según el director de la penitenciaría de Ciudad del Este, de los 1.600 reos actuales sólo 400 están condenados, o sea 1.200 son internos procesados sin ningún tipo de condena”, precisó.
Nueva cárcel 95 % de avance
Los parlamentarios igualmente aprovecharon para recorrer e interiorizarse del plan de traslado al nuevo establecimiento penitenciario ubicado en Minga Guazú. La diputada Torres informó se constató que las obras para la nueva penitenciaría están en un 95 % de avance general y que tendrá una capacidad para albergar a 1.650 personas.
Destacó, que este centro penitenciario, contará con pabellones habitacionales con caseta de control de acceso, área de ingreso y revisión, sectores de pabellón de visitas, muro perimetral con garitas, sanidad, sistema de seguridad, pabellón de máxima seguridad, pabellón administrativo, pabellón de visitas privadas, entre otros.
“Es muy importante que la nueva penitenciaría reúna los requisitos de los organismos internacionales, para que la gente sea trasladada a la nueva sede; en principio sólo hay lugar para los condenados. Son 8 pabellones, de los cuales 4 están en condiciones de albergar, capaz que cuando los 4 pabellones estén habilitados al 100 %, seguramente se hará una migración total”, añadió.
Prioridad en la agenda
A su turno, el legislador Guillermo Rodríguez, enfatizó que la situación tendría que ser una prioridad en la agenda del presidente de la República. Remarcó que es el momento de dar el cierre definitivo a la penitenciaria regional de Ciudad del Este, y que los condenados y no condenados sean trasladados en su totalidad.
Lamentó que existan cuestiones elementales que no se previeron en su momento, como la cámara séptica, agua potable y otros. “Se dice que falta dinero, pero el Gobierno actual tiene la obligación de velar por la seguridad de la región del Alto Paraná”, concluyó.
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