La senadora abdista Lilian Samaniego, erigida desde hace unos meses como la rescatista de los heridos y relegados que en el pasado fuera una modesta química farmacéutica del Instituto de Previsión Social (IPS), involucrada en caso de robo de medicamentos, está lejos de la triste realidad que pinta para reivindicarse como salvadora y arrastrar adherentes. Gracias a la política, la ex humilde funcionaria de la previsional, quien inició con un sueldo de G. 558 mil en la función pública, experimentó una extraordinaria prosperidad, que se ve reflejada principalmente en sus millonarias inversiones inmobiliarias. Es así que la hoy parlamentaria se pega el lujo de comprar media docena de departamentos en cotizados edificios, con cuotas mensuales que llegan hasta los USD 10.000, monto que supera incluso su sueldo en el Senado.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Seis departamentos que valuó en unos G. 5.181 millones adqui­ridos en un plazo de un año y medio aparecen en la última declaración jurada de bienes de la senadora abdista Lilian Samaniego.

La legisladora critica la realidad actual, habla de dolor y desesperanza, pero vive una realidad muy dis­tinta a quienes busca arras­trar con sus discursos.

Samaniego, quien en el pasado fue una modesta quí­mica farmacéutica del Ins­tituto de Previsión Social (IPS) que ingresó con un sueldo de G. 558.700, regis­tró exponenciales escaladas en sus finanzas.

En los documentos publica­dos por Contraloría figuran que entre agosto del 2018 a febrero del 2020, es decir, un año y medio, la sena­dora Samaniego compró 6 departamentos que valuó por total en G. 5.181 millo­nes. Estos inmuebles están ubicados en cotizados edi­ficios y complejos de depar­tamentos cuyos precios de mercado pueden ser aun más altos que los consig­nados. Si bien consignó compras en cuotas y con­tratos de reserva en algu­nos casos, los pagos contra entrega están por arriba de los USD 200.000 y las cuo­tas llegan hasta USD 10.000, compromisos que superan incluso su sueldo de parla­mentaria.

Llamativamente, en el caso de la compra con contrato de reserva que hacen a 4 departamentos a la firma Victoria Desa­rrollos Inmobiliarios SA declaró un importe de G. 1.320.887.460, sin embargo, el precio total asciende a G. 3.086 millones, monto que trasladó a deudas y con eso lógicamente reduce en un 57 % el valor de los inmue­bles.

Además de los seis depar­tamentos adquiridos entre 2018 y febrero de 2020, en la última declaración jurada de Samaniego aparecen otros dos departamentos en Fernando de la Mora, que fueron vendidos en 2019. A esto se suma otro departa­mento con cochera en el edi­ficio Habitalis de Asunción, adquirido en junio de 2017, valuado en G. 521 millones en cuotas se USD 6.600.

Solo en bienes inmobilia­rios consignados en 2023, en los haberes de la sena­dora aparecen 8 depar­tamentos de entre USD 100.000 y USD 200.000, 5 viviendas, casa de verano en San Bernardino y una decena de lotes en zonas consideradas top en las inmediaciones de Asun­ción, que suman G. 6.925 millones, pero en reali­dad ascienden a un total de 8.691 millones consi­derando que no registró el valor total de los 4 departa­mentos como se muestra en la infografía.

El salto económico, princi­palmente en inversiones de bienes raíces de la senadora Samaniego ha sido cons­tante en todos sus años en la función pública y cargos electivos. La fortuna que amasó tiene sus bases en los tiempos que estuvo en el IPS, al menos así indican sus declaraciones, como los documentos de Catas­tro, que registran compras a partir de 1992; es decir, después de su ingreso a la previsional.

Como se puede ver en la infografía que acompaña este artículo, (salvo una rectificación presentada en 2020), la cantidad de inmuebles aumentaron de manera importante en cada manifestación de bienes y el comporta­miento de los crecimien­tos patrimoniales inmobi­liarios se mantienen por arriba del 100 %. Esto pese a que Samaniego percibía un sueldo de G. 4 millones hasta fines de 2004 en la previsional, mientras que en el Congreso sus ingre­sos entre dieta y gastos de representación llegaban a G. 15 millones hasta 2014, precisamente periodo en que disparó sus inversio­nes en bienes raíces.

Cabe subrayar que la Con­traloría no cuenta con la declaración jurada de Samaniego al ingresar a la función pública, tampoco la que debió presentar al momento de asumir su pri­mer periodo parlamenta­rio y al pasar de suplente a titular. Sin embargo, las liquidaciones salariales obtenidas desde el IPS y el Ministerio de Economía, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública indican que los modestos sueldos en sus inicios como funcionaria farmacéutica hicieron maravillas en sus finanzas para ir acumu­lando inmuebles que luego permitieron ingresos en concepto de alquileres.

En los antecedentes de la senadora abdista se regis­tra un sumario y una impu­tación en 1998, debido a que se detectó un millona­rio robo de medicamentos en el IPS.

De acuerdo con los fisca­les intervinientes, el robo de medicamentos era una constante en la previsio­nal en ese entonces. Sama­niego se desempeñaba como jefa del Parque Sani­tario cuando ocurrieron los hechos. El relato señala que la misma no realizó denun­cia alguna.

Según la versión fiscal que obra en los documentos existieron indicios sufi­cientes que justificaron la imputación de Samaniego en el escandaloso caso de robo de medicamentos que sacudió a la previsional en tiempos que esta era jefa del parque sanitario. Uno de los elementos más contun­dentes es que el camión en el que fueron encontrados los fármacos era propiedad de la ahora senadora. En la previsional no se había pro­fundizado el sumario a la exjefa de farmacias del IPS y en la Justicia, Samaniego supo sortear su suerte.

En el marco del Plan Paraguay Seguro del Gobierno paraguayo se llevó adelante el primer operativo del año de “Nueva Alianza″, en su fase número 48, realizado en conjunto con el gobierno del Brasil, que representó un duro golpe al crimen organizado, con la incautación y destrucción de 879.000 kilos de marihuana, lo que significa una pérdida estimada de 26 millones de dólares para las estructuras delictivas.

Luego de 10 días del operativo conjunto entre la Secretaría Nacional Antidrogras (Senad) y la Policía Federal del Brasil, con el apoyo del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el Ministerio Público, culminaron las tareas de erradicación de cultivos y anulación de bases del narcotráfico en zonas boscosas del departamento de Amambay.

De acuerdo al informe oficial, destacan que mediante helicópteros de la Fuerza Aérea Paraguaya y de la Policía Federal del Brasil, los equipos tácticos incursionaron y eliminaron 289 hectáreas de plantaciones de cannabis, además de 12.200 kilos de la droga lista y 57 campamentos. Dichas acciones permitieron sacar de circulación aproximadamente 879 mil kilogramos de marihuana.

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El ministro de la Senad, Jalil Rachid, junto con el comandante del CODI, el general Abel Acuña, el director de Combate al Crimen Organizado, Ricardo Saadi, y la fiscal Rosana Coronel participaron de las últimas intervenciones realizadas y destacaron la importancia de la cooperación nacional e internacional en la lucha contra el narcotráfico, teniendo en cuenta el fuerte impacto negativo que genera la operación “Nueva Alianza” en el crimen regional.

“Siempre estamos buscando la mayor cooperación posible tanto interna como externamente, es la línea de trabajo que se ha instalado a través de la Senad con el CODI o Fuerzas Armadas, que está dando un resultado bastante satisfactorio y bastante optimo. Desde luego con el apoyo de la Policía Federal del Brasil que lleva años y años trabajando con la Senad en este tipo de actividades. Esta es la línea que vamos a continuar”, remarcó Rachid.

A su turno, Saadi resaltó: “Si nosotros no trabajamos juntos entre las autoridades, no vamos a tener buenos resultados. Este ha sido una operación que ha sido un ejemplo para el mundo, porque venimos trabajando juntos desde hace mucho tiempo. Al destruir la droga desde su inicio (plantaciones y campamentos), la droga no se convierte en dinero, por tanto, las organizaciones criminales dejan de tener condiciones para comprar bienes, armas, de comprar o hacer más drogas”.

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Tras la ratificación de la continuidad del acuerdo de cooperación entre Paraguay y la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), el ministro de Defensa, Óscar González, manifestó su satisfacción por este convenio entre nuestro país y la agencia estadounidense que tiene por objetivo combatir el narcotráfico y el crimen organizado trasnacional.

“Sigue la cooperación, inclusive el señor presidente me dijo que no solo sigue sino que se fortalece el trabajo conjunto con la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). El mandatario personalmente fue quien encabezó el proceso para que la DEA continúe con nosotros porque tenemos un objetivo común que es el crimen organizado”, expresó.

En contacto con la 650 AM, el secretario de Estado resaltó la importancia de esta cooperación por la alta capacidad que tiene la DEA para combatir estos ilícitos, no obstante, las instituciones paraguayas serán quienes encabecen los operativos, dejó en claro González, quien señaló que la cooperación no es sinónimo de una pérdida de la soberanía.

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“Acá no existen condiciones, más allá de que se debe respetar la soberanía del Paraguay, las actividades deben ser desarrolladas de acuerdo a lo que la Fiscalía del Paraguay determine, porque finalmente es el Ministerio Público el que autoriza y controla nuestros operativos, eso no va a variar y nosotros estamos contentos con esto”, manifestó.

Por su parte, el presidente de la República, Santiago Peña, también se refirió a la importancia de la continuidad de la cooperación y ratificó el compromiso de su Gobierno y de sus instituciones públicas correspondientes, en seguir en la lucha contra el contrabando y el crimen organizado. “Nos encontramos en una transición de gobierno, hoy hay una nueva administración y reafirmamos nuestra determinación, nuestra lucha contra el contrabando y contra el crimen organizado”, indicó.

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“Hay un flagelo que estamos viendo en Paraguay que debe ser eliminado, no podemos nosotros aceptar su mínima incursión”, sostuvo el contralor general de la República, Camilo Benítez, quien abogó por la urgencia de introducir cambios a la Ley de Financiamiento Político promulgada en el 2020 y que tiene como fin el combate al crimen organizado y lavado de dinero.

“El flagelo tiene que ver con el ingreso del crimen organizado, del narcotráfico en las instituciones del Estado, en la política nacional, en los organismos de control”, manifestó durante la presentación oficial del plan estratégico para la implementación del Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción.

Las afirmaciones del contralor surgen en medio del escándalo generado por los chats filtrados pertenecientes al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista, quien mediante una charla mantenida con el extitular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Édgar “Beto” Melgarejo, admitió haber aportado USD 1 millón para la campaña del abdismo, expresando su preocupa­ción por las repercusiones que esta donación podría tener si saliera a la luz.

“Eliminarlo jamás lo logramos si no hay una decisión política de todos los sectores. Decíamos con el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestard, que debemos trabajar sobre una actualización de la Ley de Financiamiento Político, que podamos nosotros como Contraloría con el Ministerio Público controlar las candidaturas para tratar de evitar que esto ocurra”, dijo el titular del órgano extrapoder.

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Días atrás, el presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, también había expresado su interés de impulsar modificaciones a la citada normativa. A pesar de las dudas sobre el origen del dinero otorgado por el dirigente norteño a Fuerza Republicana, liderado por el exmandatario Mario Abdo Benítez y la posibilidad de que este movimiento haya violado la Ley de Financiamiento Político, la Fiscalía aún no tomó la iniciativa de impulsar una investigación de oficio.

No obstante, el caso ya se encuentra en la mira de la Comisión Antilvado del Congreso Nacional que al retomar sus funciones en el transcurso de la próxima semana analiza convocar como primera medida al abogado Óscar Tuma, representante legal de la familia Gomes y a las autoridades del Ministerio Público.

Varios informes de Inteligencia advertían sobre la vinculación de Gomes con el narco Luis Carlos da Rocha alias Cabeza Branca. Pese a estos informes, nada se hizo en su momento y el ganadero terminó siendo uno de los financistas de la campaña abdista y acabó como diputado electo.

Este dato, el gobierno de Mario Abdo Benítez, en especial el entonces ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, decidió ignorarlo para blin­dar a su principal financista. Gomes además estaba sos­pechado (e imputado por el Ministerio Público) por tener vínculos con organizaciones criminales de la frontera, en este caso con el poderoso capo narco Jarvis Chimenes Pavão. Esto se desprende del operativo Pavo Real.

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