Este miércoles, desde el Instituto Nacional de Estadística (INE) indicaron que el último censo realizado en Paraguay señala que el 28,3 % de las viviendas presenta al menos una carencia, según la medición de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Además, hicieron un comparativo de las últimas cuatro décadas.

Los resultados dados por el INE se basan según el censo del 2022, en el que se señala sobre las necesidades que son consideradas básicas, con indicadores y niveles mínimos, de manera a determinar el nivel de insatisfacción en cada una de ellas. Estos resultados son usados a nivel mundial. “En el año 2022, de acuerdo a la información recabada por el censo nacional, es posible saber que 28,3 % de los hogares presenta carencias en al menos una NBI”, resaltaron desde la institución.

Según el desglose de los datos, el 6,4 % presenta necesidades en la calidad de sus viviendas; mientras las carencias en cuanto a infraestructura sanitaria llegan a un 10,4 %. Existen hogares con necesidad en cuanto a acceso a la educación, representando un 10,6 % y los que tienen NBI en capacidad de subsistencia representan el 8,3 %.

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Desde el INE apuntaron a que las necesidades básicas insatisfechas es el conjunto de necesidades consideradas básicas, con indicadores y niveles mínimos. Estas se definen en cuatro dimensiones: calidad de la vivienda, infraestructura sanitaria, acceso a la educación y capacidad de subsistencia.

En el año 1982 el 87,8 % de los hogares del país tenía carencias en al menos una NBI. En el siguiente censo en 1992 el porcentaje llegaba al 76,7 %. En el año 2002, las necesidades insatisfechas en las familias bajaron a 59,0 %, mientras que en el año 2012, la cifra llegó al 43,0 %.

En la actualidad (censo del 2022), uno de los distritos con menos carencias es Fernando de la Mora, con 14,1 %; por otro lado, el distrito de Teniente Irala Fernández presenta el porcentaje más alto con un 94,3 %. Santa Rosa del Monday la dimensión de calidad de vivienda tiene el porcentaje más bajo y el más elevado se encuentra en Puerto Pinasco, con 24,3 %.

En cuanto a infraestructura sanitaria, los distritos Tebicuarymi y General Delgado presentan el porcentaje más bajo con 2,8 %, pero en Loma Plata el 90,1 % de los hogares tiene carencias sanitarias. En el sector educación, Fernando de la Mora solo presenta necesidades en un 4,5 % y en Puerto Pinasco tiene el valor más alto con un 42,6 %.

La dimensión de capacidad de subsistencia, Lambaré es la localidad que concentra menos familias con carencias con 3,8 %. Lo que no se refleja en el distrito de Puerto Pinasco donde llegan al 38,8 %. Recordaron que se trata de una medida utilizada para ofrecer una mirada integral a la pobreza estructural para la formulación de políticas públicas con mayor focalización.

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El Ministerio de Justicia informó en la mañana de este martes que varios operativos se desarrollan en penitenciarías del país para el traslado de personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad. Las mismas son llevadas al penal de máxima seguridad de Minga Guazú.

Los trasladados se dan de las penitenciarías de Ciudad de Este, Encarnación y Pedro Juan Caballero. Así lo confirmó el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, quien señaló que un total de trece personas son llevadas a la penitenciaría ubicada en Alto Paraná.

“Estos perfiles son altos perfiles, considerados de alta peligrosidad pertenecientes a organizaciones criminales internacionales, entonces con base en la inteligencia recabada se tomó la decisión a nivel superior de realizar el traslado”, explicó el secretario de Estado en conversación con el programa “Arriba hoy” de canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media.

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En la misma tesitura, mencionó que el operativo se dio de manera exitosa y sin incidentes. Destacó que este tipo de trabajos requiere de una importante planificación y por sobre todo la colaboración de fuerzas del orden como la Policía Nacional y el Ejército que son los que acompañan el traslado desde la extracción de las personas privadas de libertad de sus celdas originales hasta que sean ubicadas en sus nuevos módulos.

Respecto a la reacción de los demás reos ante estos cambios, teniendo en cuenta que muchos de los trasladados son líderes o cabezas de grupos internos de las penitenciarias, Nicora manifestó que en muchas ocasiones se quieren dar disturbios y los mismos también son contenidos y disipados con ayuda del equipo interdisciplinario que trabaja en el traslado.

Respecto a la ocupación del penal de máxima seguridad de Minga Guazú, el secretario de Estado señaló que hasta el momento se encuentra en un 72 %, contando aún con espacio en especial en los módulos de alta seguridad, los cuales cumplen a su vez con indicaciones y características diferentes al resto de la estructura edilicia.

“Minga Guazú tiene un nivel de equipamiento importante y una infraestructura también acorde a lo que buscamos y denominamos como nueva gestión penitenciaria que nos permite justamente separar y clasificar los perfiles de las personas privadas de libertad, y tenemos nuestros módulos de alta peligrosidad”, explicó el titular de la cartera de Justicia.

La lista de las personas privadas de su libertad que fueron trasladas desde los diferentes centros penitenciarios está compuesta por Óscar Quiñónez Insfrán, Sergio Darío Arzamendia González, Richard Dario Benítez Pereira, Alberto Rafael Aquino Sanabria y Fernando José Aquino Salinas, todos de la penitenciaría de Ciudad del Este.

Desde la penitenciaria de Encarnación fueron trasladados Jesús Ariel Romero Bolivar, Ariel Benítez, Edelberto Ramón González Lena y Andrés Núñez Silva, mientras que desde el penal de Pedro Juan fueron trasladados Mauricio Gayoso, Denis Daniel Olmedo Lomardi y Marco Antonio Flores Esquivel.

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El procurador general de la República, Marco Aurelio González, informó que la Cámara de Apelaciones confirmó la medida cautelar de embargo sobre los ocupantes de la Finca 916, conocida como Jardines de Remansito. En cuanto a la devolución de los inmuebles, manifestó que aún se llevan adelante litigios contra 27 personas.

“Esto en razón de que el juez había decretado ese embargo sobre sus bienes y ahora la Cámara lo confirma. Esto es sobre un monto, para asegurar que la recuperación de las tierras sea realizada en el estadio en el cual se encontraba antes de la ocupación, para garantizar la destrucción de todo lo edificado”, indicó a la 1020 AM.

El alto funcionario agregó que este caso representa un precedente, para demostrar el compromiso de la defensa asumida por el Estado paraguayo sobre el atropello a sus propiedades. “Hay personas que ya entregaron la posesión y no tenemos ninguna demanda contra ellas, ni tampoco algo referente a un embargo. Se entregaron ocho inmuebles, que representan casi el 50 % de las dimensiones, eran los más amplios”, explicó.

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En relación a los bienes edificados, González manifestó ratificó que el Estado se mantiene en su postura de regresar los inmuebles a su estado natural, es decir, sin las viviendas, con la finalidad de permitir al Ministerio de Defensa dar el uso más apropiado a los espacios. Al principio se había comentado la posibilidad de brindar un destino turístico al lugar, no obstante, el procurador reconoció que la decisión final sobre los inmuebles no se ha resuelto del todo.

“Esto porque el Ministerio de Defensa es el propietario y quien puede definir el destino de las tierras”, afirmó. En torno a los ocupantes que aún permanecen en el territorio de la Finca 916, González señaló que apelan a todo tipo de chicanas para retrasar los procesos sobre los mismos. “No tienen ninguna documentación que pueda desvirtuar la titularidad del Estado paraguayo”, puntualizó.

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A través de gestiones de la Procuraduría General de la República y la asesoría jurídica de la Presidencia, se logró evitar el pago de USD 16 millones al consorcio Mota Engil por la obra del metrobús. El procurador, Marco Aurelio González, resaltó este importante ahorro para el Estado y además enfatizó en que quedó demostrado que el daño principal fue la demolición de la obra que se había hecho hasta ese momento.

“Finalmente si hablamos de un daño, lo que yo veo es que se pagó el dinero por una obra que fue demolida y para mi la demolición es el perjuicio que existe sobre las arcas del Estado. Los responsables son las personas que destruyeron todo lo que se edificó, que son el ministro y el presidente anterior”, expresó en referencia a Mario Abdo y Arnoldo Wiens.

En conversación con “Buena Tarde”, programa emitido por Unicanal, González resaltó que lo determinado por el Tribunal es que se podía rescindir el contrato, pero lo que se critica es el discurso político que dieron, argumentando que hubo incumplimientos, que realmente no existieron, y por eso hoy el Estado está obligado a devolver a la firma USD 2.600.000.

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“Creemos que se trataba de un revanchismo político porque iba a significar una obra de envergadura que iba a significar el legado de un gobierno que ellos querían deslegitimar. Vendieron una historia falsa para terminar la obra del Metrobús que iba a incorporarle a Asunción un mecanismo de transporte de vanguardia que necesita la ciudad y de todo eso se le privó, de hecho todo lo construido fue demolido”, aseveró.

Según explicó el procurador, lo que permitió este importante ahorro a las arcas del Estado es que se determinó que este conflicto debía ser resuelto de acuerdo a la legislación paraguaya, esto pese a que los árbitros eran de nacionalidad argentina, brasileña y mexicana. Por esta razón se descartaron tasas usurarias, además de que se evaluaron los daños y consecuencias, lo que decantó en una reducción importante del monto fijado inicialmente que era de USD 19 millones.

“Nosotros estamos defendiendo jurídicamente la posición del Estado paraguayo y hemos podido ahorrar casi USD 16 millones de lo que se pretendía ejecutar, ahora lo que tiene que ver con la responsabilidad penal de si hay lesión de confianza o no, eso corresponde al Ministerio Público y ahí nosotros tenemos nuestra opinión, pero respetamos la labor que a ellos les corresponde”, aseveró.

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