El pasado 20 de agosto la Cumbre de Poderes firmó un compromiso nacional para el combate a la corrupción, el que supone una serie de lineamientos para la actuación de las diferentes instituciones del Estado en forma conjunta y así reducir los márgenes de este mal endémico para nuestro país. La propuesta fue firmada por el presidente, vicepresidente, y demás representantes de organismos del Estado.

La “Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción”, consta de 44 acciones específicas que contemplan varias reformas y actualizaciones legislativas, uso de tecnología, procedimientos legales y judiciales, entre otros que permitirán un mejor control, sanción y menor posibilidad actos de corrupción.

Se establece la digitalización de trámites, lo que permitirá la inscripción de los emprendedores de una forma más ágil con relación al proceso actual. “Esto juega un papel crucial en la reducción de la corrupción al minimizar el contacto directo entre los ciudadanos y los funcionarios, lo que disminuye las oportunidades de soborno y tráfico de influencias”, explica el plan.

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Se establecerá una ruta a las denuncias de casos de violencia contra la mujer, el objetivo es que las instituciones como el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), puedan trabajar de forma conjunta de modo a tener datos en tiempo de real de cada caso y así detectar las debilidades en las instancias de denuncias.

La iniciativa del “Parlamento Abierto” permitirá a los ciudadanos tener un mayor control sobre las actividades legislativas, sobre cómo votan sus representantes y también un mecanismo más amigable para la presentación de propuestas de leyes. El monitoreo ciudadano es clave para la detección de hechos de corrupción, según indica el documento.

Se establecerá un proceso para el pago a proveedores del Ministerio de Salud, reduciendo oportunidades de corrupción y eliminando la excesiva burocracia y retrasos que dan pie a los sobornos. Se elaborará un lineamiento para que la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) establezca los precios referenciales y así evitar sobreprecios.

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Se apunta a una reforma del Fonacide, de modo que se establezcan nuevos criterios para la asignación y para la administración de los mismos. A través del presupuesto general de la nación, se ampliará el número de tribunales contencioso administrativos en la Capital para mejorar la capacidad del sistema de justicia para procesar una mayor cantidad de casos y así atender específicamente asuntos administrativos y reducir los tiempos de espera.

Se pretende actualizar la normativa de persecución y sanción a la corrupción, de manera que el juzgamiento de los casos como el soborno, la malversación, el tráfico de influencias y la corrupción entre otros sea el adecuado. “Una normativa actualizada y detallada asegura que la justicia tenga las herramientas necesarias para actuar de manera efectiva y contundente”, sostienen.

El combate al contrabando también está contemplado en la estrategia nacional y se pondrá en marcha el “expediente digital par personas privadas de libertad”, lo que posibilitará la trazabilidad de la información. Además se trabajará en programas de reinserción social y en la reforma de la Policía Nacional..

Este documento fue puesto a disposición de la ciudadanía y cuenta con la firma del mandatario Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana, el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre y el presidente del Congreso, Silvio Ovelar, representantes del Poder Judicial, el contralor general de la República y el fiscal general del Estado.