El fiscal general del Estado Emiliano Rolón asistió a la reunión de la Comisión Bicameral en la cual se expuso el revelador informe de la Contraloría General de la República que apunta a un perjuicio al erario público en orden a los USD 450 millones y al menos 54 hechos punibles solo en el 2022. Pese a estas informaciones, el titular del Ministerio Público considera que esto no representa ninguna evidencia.
“Hay que entender que las informaciones que emite la Contraloría como institución tienen que ser examinadas en correspondencia, no son todavía evidencias en la plenitud que merece el término”, manifestó Rolón, declaraciones ante la Bicameral que despiertan sospechas de un posible operativo blanqueo al perjuicio estatal generado por la administración de Mario Abdo Benítez.
Según el fiscal general, lo emitido por el órgano contralor simplemente les habilita a conformar equipos de trabajo. Además, señaló que todo lo expuesto en el informe es complejo y que demanda aún más esfuerzo que un suceso acontecido en el orden penal.
“Estas informaciones son complejas, no refieren simplemente un acto material como ocurre en el orden penal de investigar un acontecimiento concreto en días y horas determinados, con sujetos procesales identificados, tenemos simplemente una dimensión importante que hay que ir verificando”, se excusó Rolón.
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Añadió que, “en la medida que tengan información”, comenzarán la tarea investigativa en el Ministerio Público y esto cuando tanto la Contraloría y la Comisión Bicameral analizaron los clavos dejados por Abdo y pusieron toda la documentación en manos de la Fiscalía.
“Mientras el caso no esté prescripto el Ministerio Público tiene la obligación de investigar. Entonces algunos tienen mesa de trabajo con agentes fiscales asignados que se encargan del estudio primeramente de correspondencia de los datos que brindan”, expresó, al tiempo que ratificó que la Contraloría no aporta evidencias, solo indicios.
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