El senador liberal, Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) que analiza el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la liquidación del Presupuesto General de la Nación del Ejercicio Fiscal 2022, informó que existe un posible perjuicio patrimonial al Estado de aproximadamente USD 450 millones (unos G. 3,3 billones). Indicó que estos presuntos hechos de corrupción fueron observados durante el gobierno del ex presidente Mario Abdo Benítez, en la administración Central, administración descentralizadas, municipios y gobernaciones.

Al término de la reunión de esta mesa de trabajo, el legislador brindó un informe acerca del dictamen y las recomendaciones que presentarán ante las cámaras legislativas del Congreso, respecto al análisis que realizaron al informe de la CGR sobre presuntos hechos de corrupción en la era de Mario Abdo Benítez. Indicó que han detectado unos 64 hechos punibles que se cometieron solo en ese año fiscal.

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Por tanto, mencionó que la conclusión a la que llegaron es aprobar con observaciones y sugerencias el informe remitido por la Contraloría. “Nos preocupa que varios hechos indiciados como punibles no están en el informe de la Contraloría. Hemos manifestado al contralor que en los próximos periodos sería trascendental que esos hechos punibles no sean omitidos en el informe a ser remitido al Congreso sobre las investigaciones que hace Contraloría”, expresó.

Asimismo, manifestó que desde la CBI están recomendando y espera que el Congreso apruebe, la instalación de una oficina de seguimiento a los reportes de indicios de hechos punibles que fueron remitidos al Ministerio Público, y den seguimiento a las denuncias. Indicó que el Senado someterá a debate este tema, y eventualmente podría terminar como adherente a la denuncia que presente la Contraloría. El legislador remarcó que el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, por acción u omisión, eventualmente podría ser llamado a brindar explicaciones sobre estos hechos punibles.

Finalmente señaló que el dictamen al informe de la Contraloría tiene tratamiento de Ley, por lo que ahora deberá ser analizado primeramente en la Cámara de Diputados, y posteriormente en la Cámara de Senadores.

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