Los miembros de la Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Dinero y otros delitos (CBI) inspeccionó ayer in situ las obras del Cen­tro Hemato-Oncológico del Instituto de Previsión Social (IPS) que debían haberse ter­minadas en 2020 y que aún siguen pendientes.

La comitiva estuvo encabezada por el presidente de la Comisión, Dionisio Amarilla, y tuvo el acompañamiento de los agentes de la Fiscalía y de la Previsional.

El senador Gustavo Leite dijo que la visita en el lugar es para verificar las denuncias recibidas ante la Comisión Antilavado de una presunta mala ejecución del fideico­miso entre el IPS y un banco de plaza, en la era del expre­sidente Mario Abdo Benítez.

Manifestó que ya correspon­derá a la Fiscalía resolver si existió o no ilegalidad en la eje­cución de los recursos del ente.

“Ahora queda en manos del Ministerio Público determi­nar si por qué esta obra no estaba terminada en 2020. Hubo o no dolo no nos corres­ponde a nosotros, pero noso­tros como Comisión nos ente­ramos de esto y no podemos cerrar el ojo”, indicó el sena­dor Leite.

Luego refirió que “tenemos que venir a ver por qué un hospital cuya plata para cons­truir estaba depositada en un banco, que tenía que termi­narse en 2020, está en este estado”.

El senador Leite agregó que la falta del Centro Hemato-On­cológico del IPS perjudicó a muchos pacientes con cáncer y que incluso fallecieron por la falta de atención adecuada.

Los integrantes de la Comisión Bicameral de Investigación de hechos punibles de lavado de activos con­tra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos y agentes del Ministerio Público se constituyeron hasta el Instituto de Previsión Social (IPS) con la finalidad de verificar el avance de las obras financiadas con el fideicomiso firmado entre la previsional y una entidad bancaria local.

“En el contrato que se ha estipulado se estableció no solo el desarrollo, sino la culminación de las obras emblemáticas. Habíamos recibido los informes de la auditoría interna del instituto donde se denunciaba que algunas obras fueron sustituidas por otras, pagos que aparentemente fueron efectuados sin que las mediciones posteriormente coincidan con las planillas acordadas, entre otras cuestiones”, expresó el senador Dionisio Amarilla, titular de la comisión.

La verificación in situ se centró específicamente en las obras varadas del Centro Hemato-Oncológico, localizado sobre la calle Manuel Peña, zona del Parque de la Salud. Por parte del Ministerio Público estuvieron presentes los agentes María Soledad Machuca y Néstor Coronel.

“Venimos a verificar los avances, conocer la versión de quienes han hecho las auditorías y por sobre todas las cosas dar a conocer a la sociedad paraguaya cómo se aplican los recursos económicos que aportan los empleados y empleadores”, indicó el parlamentario a los medios de prensa.

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Mediante una auditoría interna del IPS se reveló una rapiña de G. 828.000 millones mediante un contrato de fideicomiso del IPS durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. La millonaria suma debió ser empleada exclusivamente para obras: la terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.

“El fideicomiso se firmó a fines del año 2017 para que este Hospital Hema­to-Oncológico se encuentre construido en el año 2020. Se depositó la plata, el dinero estaba. La obra fue recibida (por el gobierno de Abdo Benítez) con un 4 % de avance y hoy está con un 14 % de avance. Ahora queda en manos del Ministerio Público determinar por qué estas obras no fueron terminadas, si hubo o no hubo dolo no nos corresponde determinar a nosotros, pero como comisión bicameral nos enteramos de esto y no podemos cerrar los ojos”, indicó Leite.

Asimismo acotó: “Tenemos que venir a entender por qué un hospital cuya plata estaba depositada en un banco está en este estado. Nosotros no somos culpadores ni exculpadores, pero la pregunta que yo siempre me hago es a quién le vamos a reclamar por la gente que se murió al no tener tratamiento de seguro contra el cáncer. La plata que había para esta obra se usó en otra cosa, esto antes era un pozo, ahora ya está más alto, tiene un tercer piso”, lamentó.

La auditoría bajo la gestión del actual titular del IPS, Jorge Brítez, detectó desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.

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Una vez más, los senadores Dionisio Amarilla y Celeste Amarilla se lanzaron ayer fuertes calificativos durante el pleno de la sesión extraordi­naria de la Cámara Alta.

La discusión se generó durante el tratamiento del proyecto de ley “Que aprueba el convenio de préstamo, suscrito por el BIRF y la República del Paraguay, por un monto de hasta ciento veinticinco millones trescien­tos mil dólares de los Estados Unidos, para el financiamiento del proyecto Tejiendo Apoyos para la Excelencia Educativa en Paraguay”.

El senador Amarilla acusó a su colega Celeste de ser una “coimera” y que no tenía ver­güenza de estar pidiendo un vehículo blindado a ser pagado por el Legislativo antes que usar esos recursos para la construcción de escuelas en el país.

A lo que ni corta ni perezosa, la senadora tildó a su colega de “gordo de mierda” y otros irreproducibles epítetos. Ante el disturbio y desorden en la sala, el presidente de la Cámara de Senadores, Basi­lio Núñez, decidió levantar la sesión extraordinaria.

Calmados los ánimos, el pre­sidente de la Cámara, Núñez, resolvió continuar la sesión con otra extraordinaria, donde finalmente aprobaron el millonario préstamo inter­nacional para el Ministerio de Educación y Ciencias.

Tras un largo debate, durante la segunda sesión extraordinaria, el plenario de la Cámara de Senadores aprobó la prórroga, por 60 días más, de la Comisión Bicameral de Investigación de Antilavado y delitos conexos. Un total de 21 senadores acompañaron el pedido de resolución presentado por varios legisladores, mientras que 18 parlamentarios se opusieron a la extensión.

Esta comisión que fue constituida en carácter transitorio fue creado con el objetivo de abrir una investigación parlamentaria sobre temas vinculados a corrupción y lavado de dinero; incluyendo a organizaciones de la sociedad civil y sus presuntos vínculos con actores políticos que recibieron eventuales financiamientos para campañas políticas.

Al respecto, senador Dionisio Amarilla, que preside la CBI indicó que desde que se constituyó la comisión el pasado 26 de agosto, ha establecido tres ejes de investigación que ha sido ampliamente desarrollado, que hace referencia al lavado de activos vinculados al financiamiento político a través de organizaciones sin fines de lucro.

Como segundo eje, indicó que se enfocó en el lavado de activos provenientes del tráfico de armas y como tercer punto se indagó sobre el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueamiento que ingresaron al sistema financiero vía bancos y empresas.

Informó que durante este tiempo la CBI ha convocado a autoridades de 8 instituciones públicas, así como a periodistas investigadores, y miembros del Sindicato de Periodistas del Paraguay. Además de representantes de la sociedad civil, entre otras autoridades de Fundassa y equipo técnico.

“Mi intención, como proyectista y presidente de esta CBI es señalar al pleno que esta comisión está preparada y que ha logrado traer a su seno documentos y elementos de convicción que seguramente derivarán en planteamientos de modificación de marcos regulatorios, de denuncias que tal vez se podrán formular más adelante, si así lo deciden los miembros de la comisión ante los órganos jurisdiccionales. Pero sobre todo estaremos entregando un trabajo que nos permita decir que hemos cumplido con el deber que nos han encomendado”, expresó.

Luego de que el plenario se constituyera en comisión, se abrió un amplio debate, donde se escucharon todas las posturas tanto a favor como en contra de otorgar la prórroga. Pero que finalmente, por mayoría, el pedido quedó aprobado y se le otorga un plazo de 60 días más para llevar adelante sus indagaciones.

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