El Senado aprobó la declaración de emergencia en 10 departamentos del país, debido a los desastres naturales como consecuencia de los últimos temporales. Al respecto, el senador Ever Villalba destacó para La Nación/Nación Media el trabajo interinstitucional que se desplegará con el mencionado proyecto de ley, con lo cual se pretende destinar una ampliación presupuestaria para las gobernaciones afectadas.

“Como parlamentarios, apoyaremos a los ejecutivos departamentales. Debemos trabajar de manera coordinada entre todos los actores, en Ñeembucú por ejemplo tienen instalado el Consejo Departamental de Riesgo, integrado por el gobernador, representantes policiales y militares, aparte de intendentes y autoridades nacionales; este trabajo coordinado es el que se debe desarrollar entre cada uno de los estamentos involucrados”, remarcó el parlamentario.

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Los departamentos que fueron declarados en situación de emergencia son Ñeembucú, Misiones, Caazapá, Central, Paraguarí, Guairá, Boquerón, Presidente Hayes, Alto Paraguay y Alto Paraná. Cada departamento contaría con un monto designado de G. 1.000 millones, a excepción de Boquerón, que prevé un presupuesto de G. 2.000 millones; estos montos serán transferidos de manera directa a las respectivas gobernaciones.

“Será importante dotar de estos recursos a los territorios afectados porque muchas veces las autoridades departamentales o distritales recogen cada una de las necesidades, pero no pueden brindar una respuesta efectiva por la falta de fondos suficientes”, expresó el senador, agregando que la resolución de la problemática debe ser abarcativa, atendiendo a las principales urgencias.

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Villalba explicó que la idea es dotar de presupuesto a las gobernaciones y, en conversaciones con diferentes pobladores, se dejó entrever que la emergencia no se registra únicamente al momento de la subida de las aguas, sino también después de las crecidas. Al respecto, se coincidió en la necesidad de impulsar la presencia del Estado antes, durante y después de los impactos observados, buscando brindar un acompañamiento más integral a las familias afectadas.

“Habrá un control recíproco y existen reglamentaciones ya establecidas desde el Ministerio de Economía, sin mencionar el propio control ciudadano que puede ejercerse. Lo categórico es que además exigiremos una rendición de cuentas detallada a cada uno de los gobernadores, esto no consiste en un cheque en blanco para los jefes departamentales”, aseguró.