El empresario Paul Hellmers, propietario de la firma Probienestar SA, y sindicado como uno de los mimados durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, se expone a una pena de hasta cinco años de cárcel o el pago de multas, ante un posible daño ambiental generado durante los trabajos de dragado, próximo al puente Héroes del Chaco.
El Ministerio del Ambiente (Mades) había ordenado el cese de la obra; sin embargo, de acuerdo a las denuncias, los trabajos siguen en marcha. “Los trabajos de refulado eran para una zona determinada del río Paraguay, pero aparentemente la empresa habría realizado la extracción en el riacho Payaguá, nos estamos abocando a obtener información”, argumentó el agente fiscal de la Unidad Especializada contra Delitos Ambientales, Fernando González.
De acuerdo a los antecedentes, el pasado 29 de agosto el Ministerio del Ambiente (Mades), encabezado por Rocío Mendoza, directora de la Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada, realizó una fiscalización ambiental en el lugar. Tras los trabajos, efectuados el 25 de setiembre, la cartera de Estado ordenó el cese del dragado en el río Paraguay.
“La investigación se está desarrollando, si los trabajos continúan sería una transgresión a la prohibición del Mades que ordenó la paralización del trabajo. Si nosotros constatamos que los trabajos se estaban realizando sin la autorización debida se procederá a imputar a los responsables de dichas actividades”, manifestó en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, indicó que hace 2 o 3 semanas atrás su unidad fiscal se trasladó hasta la zona de obras, ocasión en que constataron que los trabajos de dragados estaban efectivamente paralizados. “Actualmente no tenemos constancias de que siguen los trabajos de refulado. Nos hemos constituido hasta el lugar y pudimos constatar que los equipos de dragado estaban en el lugar, pero no estaban en funcionamiento. Libramos varios oficios al Ministerio del Ambiente cuyas respuestas estamos esperando”, dijo.
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No obstante, los representantes legales de la comunidad nativa Fray Bartolomé, de los maká, quienes habían denunciado en reiteradas ocasiones el atropello de sus tierras mediante la construcción del puente y los trabajos de refulado realizados por la empresa Hellmers, quien a la vez impulsa la construcción de un barrio cerrado en las tierras de los indígenas, expusieron públicamente imágenes captadas el pasado 9 de noviembre que evidencian la continuidad de los trabajos de dragado.
“Realizar estos trabajos sin tener la autorización debida contempla penas de hasta 5 años de pena privativa de libertad o multa que puede ir hasta 2.000 jornales. Se va a ir profundizando la investigación para poder corroborar la existencia de otros hechos punibles. El dragado es una actividad permitida con la autorización debida, pero se establece a la vez la cantidad de metros cúbicos que pueden ser sacados del cause hídrico”, sentenció.
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