El procurador general de la República, Marco Aurelio González, confirmó que se ha procedido a la demolición de varias fincas ubicadas en la zona de Villa Hayes, conocida como Jardines de Remansito. Esto corresponde a los terrenos de las personas que han entregado su llave al Ministerio de Defensa Nacional, propietario legal del territorio; hasta mañana, quienes devolvieron las fincas al ministerio, tienen tiempo de retirar sus pertenencias de la zona.
“De las 17 fincas a las cuales nos abocamos, seis han entregado el 60 % de las tierras que ahora intentamos recuperar. El resto seguimos litigando judicialmente para que el juez ordene el desalojo de los ocupantes, ya que no entregan las tierras de forma voluntaria. En la demanda también solicitamos que las personas procedan a la demolición de todo lo edificado, para que las tierras sean entregadas al Ministerio de Defensa en las condiciones anteriores en las que se encontraban”, detalló.
Remarcó para la 780 AM, que el proceso de demolición debe correr por cuenta de los ocupantes y para garantizar esto, se ha procedido a declarar el embargo sobre los bienes de cada uno, hasta cubrir la suma de dinero que representaría proceder a la demolición y retiro de los escombros en la zona.
Se han identificado a los ocupantes de las tierras y los terrenos sobre los cuales no se ha podido establecer identificación fueron puestos de manera inmediata a consideración del Ministerio de Defensa, recordando que es el propietario legal y absoluto del territorio.
“Con respecto a los 11 ocupantes restantes, contra ellos existe una prohibición de innovar y seguiremos con el juicio hacia estas personas, hasta que el juez dicte sentencia. Estas personas tienen prohibido hacer cualquier cosa que altere o modifique el estado actual de cómo se encuentran los inmuebles en la zona”, declaró el procurador.
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Entregan casi 9.000 kilos de alimentos a familias afectadas por crecida del Pilcomayo
Continúa el operativo interinstitucional impulsado por el Gobierno, para asistir a las poblaciones ribereñas afectadas por la crecida del río Pilcomayo, en el Chaco. Fueron entregados 8.800 kilos de víveres a familias de Cristo Rey, La Laguna, María Auxiliadora y Pozo Hondo, según informó la Secretaría de Emergencia Nacional.
Este operativo se estableció luego de que las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional, Óscar González y de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, hayan realizado un sobrevuelo la semana pasada sobre el Río Pilcomayo para verificar la situación de algunas regiones del Chaco, teniendo en cuenta la actual crecida del curso hídrico.
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En ese marco, este jueves se entregaron alimentos que fueron transportados con apoyo de la Fuerza Aérea Paraguaya y este miércoles se sumaron las comunidades de San Agustín Guaraní, San Agustín Mahuí y San Agustín Nivaclé, ampliando el alcance del operativo a zonas de difícil acceso.
El informe señala que las tareas de asistencia son coordinadas entre la Secretaría de Emergencia Nacional, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Defensa Nacional, Instituto Paraguayo del Indígena, ESSAP e instituciones locales.
“Esta labor se desarrolla con la coordinación técnica territorial y la XVI Región Sanitaria de Mariscal Estigarribia, que permite una planificación efectiva en la distribución de recursos. El compromiso del gobierno de Paraguay es garantizar el acceso a víveres y apoyo logístico a todas las familias chaqueñas en situación de aislamiento, señala la SEN”, resalta el informe.
Debido a la intransitabilidad de los caminos de tierra, la SEN apeló a un puente aéreo con helicópteros de la Fuerza Aérea desde Mayor Infante Rivarola hasta la zona de Pozo Hondo y localidades aledañas, para asistir a las familias aisladas por la crecida del río Pilcomayo.
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Ley de APP es clave para la inversión en infraestructura ante restricciones fiscales
El papel crucial de la nueva Ley de Alianza Público Privada (APP) para el fomento de inversiones privadas en infraestructura pública fue resaltado en un conversatorio entre el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y el exministro de Hacienda, César Barreto, quienes coincidieron en que esta normativa impulsará proyectos en sectores estratégicos de infraestructura.
La Cámara de Comercio Paraguay Brasil organizó un conversatorio sobre la Ley de APP en el que se deliberó en torno a los desafíos y eventuales ajustes para su implementación. El presidente de la Cámara, Rubén Jacks, explicó que la normativa promulgada en enero de este año busca modernizar la anterior ley para darle mayor agilidad. “Como país tenemos situaciones nuevas como el poco espacio fiscal que ya tiene el país para endeudarse, entonces, más que nunca necesitamos que el sector privado realice obras de infraestructura y realice servicios que el Estado quizá no pueda”, afirmó.
El ministro Fernández Valdovinos resaltó que esta nueva ley es fundamental para el impulso de proyectos en sectores estratégicos como transporte, energía, agua y saneamiento, en un contexto de restricciones fiscales. Mencionó que el financiamiento de estas obras se complementaría con fondos obtenidos por la renegociación de Itaipú, que aportarán USD 650 millones a las arcas del Estado.
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Inversiones en infraestructura
Asimismo, resaltó que obras como la ruta PY02 demuestran la calidad de las obras realizadas bajo la Ley de APP y que se busca replicar ese mismo modelo en proyectos como la ruta PY01, cuya adjudicación señaló que debería definirse en las próximas semanas. El ministro de Economía agregó que se están ajustando los requisitos financieros para la participación de empresas, reduciendo la exigencia de capital mínimo con el fin de promover mayor participación en las licitaciones.
“La cuestión de la APP va a ser fundamental para proveer de infraestructura al país dadas las restricciones fiscales que vamos teniendo. Entonces, es uno de los instrumentos pensados por el Gobierno de manera a seguir mejorando no solo nuestras rutas sino también la transmisión de energía, agua y saneamiento. Complementa muy bien el presupuesto que se tiene cada año dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación y también complementa muy bien los recursos que van a venir después de la renegociación de Itaipú”, destacó.
Por su parte, el exministro de Hacienda, César Barreto, mencionó que el espíritu del mecanismo de las APP es que exista también mayor participación privada en las inversiones en infraestructura, atendiendo a que los recursos son escasos y la reducción en inversión pública en los últimos años en proporción del producto interno bruto (PIB). “Todos aquellos proyectos que puedan generar ingresos vía tarifas, precios o peajes, para financiar por lo menos una parte importante de los proyectos, creo que deberían encararse bajo la Ley de APP. Faltan proyectos y hay que avanzar en esa línea lo más rápido posible”, explicó el economista.
Mecanismos para resolución de conflictos
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, explicó que la nueva ley establece mecanismos de resolución de controversias para evitar que los proyectos queden estacados por incumplimientos. Detalló que los conflictos se resolverán en primera instancia a través de un arbitraje que ya estará estipulado en los pliegos de bases y condiciones de cada contrato.
Mencionó que si una empresa incumple sus obligaciones, los financistas del proyecto podrán sustituir al contratista, a fin de que las obras no se paralicen. “La finalidad es que el proyecto culmine y avance a pesar de las dificultades y los incumplimientos que se puedan dar en el camino”, precisó.
González señaló que el Estado ofrece garantías tanto para los contratistas como para los inversores, pero que también cuenta con formas de asegurar el cumplimiento de las obras como, por ejemplo, la posibilidad de volver a licitar la obra en caso de que la firma seleccionada no pueda continuar con los trabajos. “La seguridad para el financista es que puede prendar o fideicomitir a su favor los derechos presentes y futuros, incluso del flujo de caja de los contratos públicos-privados de las prestaciones o los derechos que tenga el contratista”, ejemplificó.
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PGR impulsó por primera vez demandas por reparación del daño bajo gestión de Peña
- Por Juan Marcelo Pereira
“Es nuestra obligación resguardar y recuperar el dinero público. Existe una firme indicación del gobierno para combatir la corrupción y la impunidad”, dijo el procurador general de la República, Marco Aurelio González, tras detallar que bajo la administración presidencial de Santiago Peña, su institución impulsó por primera vez cuatro demandas de reparación del daño por hechos punibles cometidos contra el patrimonio del Estado.
A través de una entrevista con el diario La Nación/Nación Media, González detalló que el mecanismo permite una recuperación más expedita de los fondos públicos malversados, en comparación con un juicio civil ordinario de indemnización.
“Es la primera vez e iniciativa nuestra. La vía penal es más rápida y más segura. Si planteáramos en el fuero civil, se podría plantear que primero debe terminar el proceso penal. Y si se planteara en lo civil después de quedar firme el proceso penal, hay tesis que sostienen que ya operó la prescripción (2 años a contar desde el ilícito y un proceso penal suele durar mucho más). Entonces, para no correr ese riesgo”, manifestó.
El funcionario de Estado detalló que entre las demandas de reparación del daño se encuentra la impulsada contra el exministro de la Niñez y Adolescencia, José Orué Rolandi, quien fue hallado culpable por el delito de lesión de confianza junto con Carlos Centurión, Laura Gamarra, Gloria Arroyo y Araceli Cotillo, en la causa por el desvío de dinero perteneciente al programa de vaso de leche.
Otra de las demandas guarda relación con el exministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Enzo Cardozo y la exdirectora administrativa de la cartera estatal, Maristela Azuaga, quienes fueron condenados por lesión de confianza en el desvío de fondos públicos mediante proyectos ficticios y documentos falsos en connivencia con directivos de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay.
En la nómina se encuentra la demanda promovida contra el exrector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Froilán Peralta y su exdirectora de Recursos Humanos, María del Carmen Martínez, conocida como “La comepapeles” quienes fueron condenados por lesión de confianza y estafa tras la designación irregular de personal y malversación de fondos universitarios.
Igualmente figura la demanda contra la exministra de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Gladys Cardozo y su exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Aníbal Benítez, quienes fueron condenados por lesión de confianza por el millonario desvío en la adquisición de víveres para enviar a tres departamentos del Chaco, entre los meses de marzo y abril del 2012.
La Ley 6837/2021, en su artículo 23, proporciona a la Procuraduría la facultad de intervenir en calidad de víctima en los procesos penales por delitos contra el patrimonio estatal. Asimismo, le confiere la atribución de ejercer la acción civil para la reparación de los daños causados, permitiéndole representar a organismos y entidades públicas sin personería jurídica y asistir, a solicitud, a aquellas con autonomía legal.
Desde la institución indicaron que tras sus últimas intervenciones en los procesos penales en calidad de víctima, ha aumentado la cantidad de notificaciones de oficio de los juzgados para intervenir en salidas alternativas que incluyan reparación del daño, en audiencias preliminares y juicios orales.
Señalaron también que los jueces de garantía solicitan la postura de la Procuraduría General de la República, en estos procesos para asegurar que la posición del Estado sea considerada al evaluar acuerdos de reparación y decisiones sobre hechos punibles que afectan el patrimonio público.
Detallaron además que se ha identificado que, en muchos casos, al momento de ejercer la acción de reparación del daño, los condenados por corrupción ya no poseen bienes registrables a su nombre, con el objetivo de mitigar este problema, la institución se encuentra trabajando en conjunto con el Poder Judicial y la Fiscalía en la implementación de medidas cautelares preventivas, como la prohibición de innovar sobre bienes al dictarse sentencias condenatorias. Este enfoque apunta a garantizar la efectividad de las sentencias de reparación del daño.
Caso José Orué Rolandi
Monto demandado: G. 3.010.768.440
Estado procesal: la PGR obtuvo sentencia de reparación del daño; apelada, en estudio en el Tribunal de Alzada
Caso Enzo Cardozo
Monto demandado: G. 68.965.418.419
Estado procesal: audiencia de conciliación fijada para el 25 de marzo de 2025, tras múltiples recusaciones
Caso Froilán Peralta y María del Carmen Martínez
Monto demandado: G. 958.785.549 (Peralta) y G. 248.089.375 (Martínez)
Estado procesal: pendiente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la resolución de una contienda de competencia; embargos preventivos ya ordenados
Caso Gladys Cardozo
Monto demandado: G. 2.482.950.000
Estado procesal: presentada la demanda con una recusación en trámite, con embargos preventivos ordenados
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Defensa y SEN anuncian acciones ante crecida del río Pilcomayo que provoca inundaciones
Los ministros de Defensa Nacional, Óscar González, y de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, realizaron un sobrevuelo este jueves sobre el Río Pilcomayo para verificar la situación de algunas regiones del Chaco, teniendo en cuenta la actual crecida del curso hídrico.
El sobrevuelo se realizó desde la zona de General Díaz hasta Pozo Hondo para observar el comportamiento del curso hídrico y tomar medidas en las poblaciones afectadas por la riada importante que baja desde Bolivia.
Luego de un largo periodo de extrema sequía, el río Pilcomayo registró a principios de marzo una mejoría importante con altura de 3 metros, sin embargo, hoy la estación hidrométrica de Pozo Hondo indica 6,35 metros.
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Durante el reconocimiento aéreo se pudo observar que en la zona de Pozo Hondo los caminos se encuentran afectados por las inundaciones, por lo que se prevé el apoyo inmediato de las instituciones del Estado. En la cuenca baja el cauce hídrico se encuentra en su canal normal, informó el Ministerio de Defensa.
De esta forma, el Gobierno del Paraguay, a través de las Fuerzas Armadas de la Nación, reafirma su compromiso de trabajar para apoyar y proteger a los compatriotas.
Equipo de avanzada
Por otra parte, el ministro Zárate mencionó que la Secretaría de Emergencia Nacional ya envió un equipo de avanzada, inclusive con una deslizadora que se utilizará en caso de necesidad de evacuar a las personas.
Resaltó igualmente que cuentan con apoyo del Ministerio de Defensa Nacional y de la Armada Paraguaya para cuidar a la población, tal como les instruyó el presidente Santiago Peña, agregó.