El procurador general de la República manifestó que se está procediendo a la demolición de las edificaciones de los ocupantes en Remansito, para entregar al Ministerio de Defensa las tierras en su estado original. Foto: Archivo
Jardines de Remansito: se procedió a la demolición de las edificaciones
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El procurador general de la República, Marco Aurelio González, confirmó que se ha procedido a la demolición de varias fincas ubicadas en la zona de Villa Hayes, conocida como Jardines de Remansito. Esto corresponde a los terrenos de las personas que han entregado su llave al Ministerio de Defensa Nacional, propietario legal del territorio; hasta mañana, quienes devolvieron las fincas al ministerio, tienen tiempo de retirar sus pertenencias de la zona.
“De las 17 fincas a las cuales nos abocamos, seis han entregado el 60 % de las tierras que ahora intentamos recuperar. El resto seguimos litigando judicialmente para que el juez ordene el desalojo de los ocupantes, ya que no entregan las tierras de forma voluntaria. En la demanda también solicitamos que las personas procedan a la demolición de todo lo edificado, para que las tierras sean entregadas al Ministerio de Defensa en las condiciones anteriores en las que se encontraban”, detalló.
Remarcó para la 780 AM, que el proceso de demolición debe correr por cuenta de los ocupantes y para garantizar esto, se ha procedido a declarar el embargo sobre los bienes de cada uno, hasta cubrir la suma de dinero que representaría proceder a la demolición y retiro de los escombros en la zona.
Se han identificado a los ocupantes de las tierras y los terrenos sobre los cuales no se ha podido establecer identificación fueron puestos de manera inmediata a consideración del Ministerio de Defensa, recordando que es el propietario legal y absoluto del territorio.
“Con respecto a los 11 ocupantes restantes, contra ellos existe una prohibición de innovar y seguiremos con el juicio hacia estas personas, hasta que el juez dicte sentencia. Estas personas tienen prohibido hacer cualquier cosa que altere o modifique el estado actual de cómo se encuentran los inmuebles en la zona”, declaró el procurador.
Este jueves arribará a Paraguay un avión hidrante para combatir el incendio en el Chaco
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Desde Mburuvicha Róga informaron en conferencia de prensa que está previsto que llegue a Paraguay este jueves 11, a las 9:00, un avión hidrante proveniente del Uruguay, que será empleado para las tareas de combate a los incendios forestales en el Chaco. La gestión para acceder a la aeronave fue realizada por la Fuerza Aérea Paraguaya.
“Paraguay es integrante del Sistema de Cooperación de Fuerzas Aéreas Americanas que tiene como fin el apoyo entre fuerzas aéreas en misiones humanitarias y son 23 países los miembros. Nosotros hemos solicitado al sistema apoyo de aviones hidrantes y Uruguay accedió al pedido sin costo de alquiler, nosotros nos haremos cargo de los costo de combustible y la aeronave estaría acá con el personal operativo de la Fuerza Aérea Uruguaya hasta el término de la misión”, explicó el general del Aire, Julio Fullaondo.
La aeronave es el Lockheed C-130 Hércules, un avión de transporte táctico medio-pesado propulsado por cuatro motores turbohélice, fabricado en los Estados Unidos. Además, seguirán operativos los helicópteros UH1 y los aviones Casa C-212, pertenecientes al Paraguay, que ya están operativos en la zona del incendio y también son utilizados para el traslado de personas y todo lo que sea necesario en esta tarea.
“El concurso de esta aeronave no va a hacer que el personal que está en tierra pare de trabajar, al contrario, va a ser un apoyo para que el trabajo de tierra resulte efectivo y finalmente para controlar el fuego. El Gobierno del Paraguay pone a todas sus instituciones en un trabajo conjunto y coordinado sin retacear medios y se acopla el sector privado, que nos está ayudando en el combate al incendio”, resaltó el ministro de Defensa, Óscar González.
El general retirado ratificó el compromiso del Gobierno de ser implacable con los responsables de este incendio que afecta principalmente a bosques nativos de la zona del Cerro Chovoreca. Se ha comprobado que el 95% del fuego fue generado de forma intencional, afirmó el ministro. “No vamos a descansar hasta encontrar a los culpables y ponerlos a cargo de la justicia”, aseveró.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, recibió en la sede del Ministerio Público al procurador general del Estado, Marco Aurelio González. Foto: Gentileza
Procurador pide colaboración de la Fiscalía para hechos que involucren el patrimonio estatal
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El procurador general de la República, Marco Aurelio González, se reunió con el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, y abordaron sobre la posibilidad de que ambas instituciones puedan cooperar en casos que se vea afectado el patrimonio del Estado. El procurador resaltó la apertura del fiscal general para trabajar en conjunto.
“Mantuvimos una reunión con el fiscal general y le hemos solicitado una cooperación sobre la cuestión también al Poder Judicial para que la Procuraduría General de la República sea comunicada cuando exista una sanción por un hecho punible en el que se vea perjudicado el patrimonio del Estado”, expresó.
A esto añadió, “de la misma manera, que sea informada cuando exista una salida alternativa al proceso, de modo que el Estado pueda hacer prevalecer, cuidar y exigir el respeto al patrimonio estatal”. González indicó que están confiados en que se pueda llevar adelante un trabajo en conjunto tanto con la Fiscalía General del Estado como con el Poder Judicial.
El objetivo de esta cooperación es “institucionalizar” estos procesos donde el patrimonio del Estado se puede ver afectado. Por su parte, el fiscal general del Estado mostró apertura a la petición y manifestó que hará lo necesario para ejecutar dicha solicitud.
“El doctor Emiliano Rolón es un docente, jurista, entiende y conoce las reglas y nos comentó que él va a hablarlo al interior de la Fiscalía General del Estado para que pueda hacerse realidad y podamos trabajar en conjunto todas las instituciones”, culminó diciendo González en diálogo con varios medios de prensa.
Capasa presentó una demanda contra sus antiguos abogados por daños y perjuicios
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El procurador general Marco Aurelio González, en compañía del presidente de Cañas Paraguayas S.A. (Capasa), José Ocampos, llegaron este martes hasta el Palacio de Justicia, en Asunción, para dar entrada a una demanda por daños y perjuicios contra abogados que dejaron caducar causas perjudicando así al Estado.
La empresa estatal acusa principalmente a su exabogado Miguel Ángel Peña de presuntamente dejar caducar causas civiles de manera premeditada, causando importantes daños materiales al Estado, por lo que mediante esta demanda exige una indemnización de 5.000 millones de guaraníes más intereses.
“La cadena de corrupción que existía es algo que queremos olvidar y que nunca más se presente. Queremos dar una señal muy fuerte a la ciudadanía de que aquel carnaval de abogados quienes dejaban que sus juicios prescriban en la función pública para repartirse dividendos con los abogados de la contraparte. Nunca más va a suceder”, indicó José Ocampos en conversación con el programa “2 en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Ocampos afirmó que se realizaban acciones que no tenían ningún respaldo dentro de la empresa como, por ejemplo, préstamos a sus propios directivos y que quienes tenían que defender los intereses de la empresa no lo hacían para verse también beneficiados.
El titular de Capasa remarcó que las denuncias afectadas datan inclusive de hace diez años, buscando así cortar con la corrupción de larga data que viene dándose dentro de la estatal con el objetivo claro de limpiar la institución y lograr que se convierta en una marca aún más competitiva y prestigiosa con el sello de calidad y trasparencia que se busca implantar el gobierno de Santiago Peña.
Metrobús: suspensión fue un “capricho” que nos privó de obra de gran envergadura, asegura procurador
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El Estado espera que este año ya puedan resolverse las acciones judiciales y arbitrales en torno al metrobús, obra que fue suspendida durante el gobierno de Mario Abdo, pese a que existió un pago del 50 % del costo de la obra. Desde la Procuraduría General de la República, están confiados en que puedan obtener un fallo favorable para nuestro país.
“Nosotros estamos confiados porque tenemos sólidos argumentos, estamos tranquilos y esperamos un resultado favorable y aguardamos que así sea. Seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que se demuestre que allí no se hizo nada mal y que todo obedeció a un capricho que nos privó de una obra de gran envergadura”, sentenció Marco Aurelio González, procurador general de la República.
En conversación con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, señaló que si no se presentan nuevas acciones dilatorias, este año se podría llegar a una sentencia respecto a la apelación que promovió nuestro país sobre la condena a Paraguay a pagar USD 13 millones, más intereses a la empresa Mota-Engil, que fue la encargada de la obra.
“Hasta diciembre eso representaba USD 17 millones, ahora más o menos estaría alrededor de los USD 20 millones. Nosotros recurrimos a la nulidad a ese laudo y eso está pendiente a resolverse en el Tribunal de Apelación porque todavía no hay resolución, es más, recién está en estado de exposición de la documentación y ni siquiera se llamó a auto para una sentencia”, explicó.
Paraguay solicitó una copia íntegra del expediente con más de 10.000 páginas, lo cual fue remitido y fue puesto a disposición de ambas partes. González recordó que por la obra se llegó a desembolsar la suma de USD 27 millones, y tras la decisión del gobierno de Abdo de poner fin a este proyecto, la empresa accionó y el Tribunal Arbitral exigió a nuestro país el pago de la millonaria suma.