Funcionarios de la dirección de Aporte Obrero Patronal del Instituto de Previsión Social (IPS) se constituyeron a las oficinas del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), ante posibles irregularidades respecto al aporte de sus trabajadores. Esta intervención de la previsional se da a raíz de las publicaciones de La Nación-Nación Media, donde quedaron constancia del llamativo aporte al IPS por parte del coordinador de proyectos de la organización, Francisco Darío Alcaraz.
“No estaban todos los empleados en ese momento pero alegaron que son consultores externos que trabajan para la empresa y quedaron en proveer todos los documentos que muestren su vínculo laboral. Tienen tres días hábiles para presentar los documentos”, aseveró Alicia Olazar, jefa de la Dirección Jurídica del IPS.
También fue intervenida la consultora de Isabel Benítez, quien prestaba servicios al CIRD para varios proyectos, entre ellos “Más ciudadanía, menos corrupción”, donde Alcaraz es coordinador. Las publicaciones de la Unidad de Investigación de Nación Media revelaron que Francisco aparecía como empleado de la mencionada consultora y que supuestamente percibía el salario mínimo.
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“Lo que se hizo en este momento fue una verificación de esta patronal por partes de los directores de Aporte Obrero Patronal, una inspección de sus empleados, a fin de constatar que todos estén inscriptos en el seguro y en forma paralela se hizo la misma verificación de empleados en un estudio contable”, explicó Olazar.
De acuerdo a los documentos a los que accedió Nación Media, Alcaraz declaró que sus ingresos mensuales eran de G. 2.400.000 y 2.600.000, cifras ínfimas si se comparan con los millonarios recursos provenientes del Estado con los cuales se alzaron tanto él como Agustín Carrizosa, presidente Ejecutivo del CIRD.
“Estas verificaciones se hicieron por presuntos seguros de favor, de momento se hicieron todas las verificaciones preliminares”, detalló Olazar a la 780 AM. El CIRD recibió G. 6.093 millones durante el gobierno de Mario Abdo en concepto de “proyectos de reactivación económica”, posterior a la pandemia del Covid-19. La organización sin fines de lucro (ONG), mostró bastante hermetismo para proveer información sobre el dinero estatal administrado, no obstante, el informe de Nación Media plasmó la repartija en honorarios para los clanes familiares de Alcaraz y Carrizosa.