El empresario Paul Hellmers, sindicado como uno de los mimados durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, quien tuvo a su cargo los trabajos de refulado para el puente Héroes del Chaco, impulsa la construcción de un barrio cerrado situado dentro de la comunidad nativa Fray Bartolomé, de los maká, quienes denuncian el atropello de sus tierras que fueron cedidas por el Estado.

Los indígenas de la zona de Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes, inicialmente manifestaron que la construcción de la obra vial fue concretada afectando parte de su cementerio. La defensa legal de los maká aduce que se incumplió con el protocolo de consulta y consentimiento que es obligatorio para el Estado para la construcción del puente.

“Estamos intentando llegar al ministro del Ambiente, Rolando de Barros Barreto Acha, acá se deben hacer acciones, denuncias, este caso tiene que ir directamente a la Fiscalía. Los pueblos originarios tienen la tutela del Estado paraguayo. El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra en el año 2013 indicó que la propiedad le pertenece al pueblo maká”, dijo el abogado de los nativos, Gustavo Colmán, en una entrevista en Unicanal tras la investigación periodística impulsada por el programa “La caja negra”.

Al respecto, el protocolo de consulta y consentimiento previo libre e informado garantiza la participación de los indígenas en las decisiones que son de sus intereses, estipulado por la Constitución Nacional y por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo el decreto presidencial N.° 1039 establece que todos los proyectistas que pretendan afectar las tierras de comunidades nativas deben pedir de forma escrita el permiso a los indígenas, quienes pueden decidir aceptar o rechazar.

Asimismo la resolución del Ejecutivo sostiene que la decisión de las comunidades deben ser respetadas y no presionadas para hacerlas cambiar de parecer. Según las denuncias, la empresa Probienestar SA, perteneciente a Hellmers, había realizado los trabajos de dragado y refulado sin contar con el permiso de los maká tras identificar una zona donde podía concretar un emprendimiento inmobiliario, aprovechando la obra vial que estaba en ejecución.

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No obstante, se logró un llamativo aval del Ministerio del Ambiente el pasado 4 de mayor de 2023 cuando fue aprobada la justa del plan ambiental para el proyecto del condominio cerrado La Ribera en la localidad de Villa Hayes. En el documento se dejó constancia que la iniciativa está situada “parcialmente” en la comunidad indígena Fray Bartolomé y dentro de terrenos indudables.

De acuerdo a las leyes vigentes, teniendo en cuenta que el emprendimiento del barrio cerrado afecta a las tierras de los nativos, el Ministerio del Ambiente no debió otorgarle la licencia.

Sin embargo, el 25 de setiembre pasado, la actual administración del Ministerio del Ambiente resolvió suspender la resolución anterior a raíz del incumplimiento del plan de gestión ambiental, pero la firma de Hellmers continuó con su actividad, por lo que la cartera estatal intervino y ordenó el cese del dragado en el río Paraguay, ya que la empresa del mimado de Abdo estaba realizando dos trabajos, de los cuales uno no contaba con la aprobación ministerial y se estaba ejecutando cerca del puente.

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Según información, aparentemente la firma estuvo a la vez sacando arena de cualquier sitio e incluso habría tocado el riacho Payaguá, lo cual generó un completo rechazo ciudadano ante el inminente daño ambiental que se puede ocasionar.

“Nos sentimos muy discriminados. Hemos hecho el reclamo de nuestros derechos como pueblo originario, nos sentimos unidos. Lo que pedimos es justicia”, refirió el cacique único del pueblo maká, Mateo Martínez.

Ante las denuncias, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) se encuentra realizando intervenciones e inició un proceso de investigación por la invasión de las tierras nativas para la construcción del puente Héroes del Chaco y sobre las infracciones cometidas por los trabajos de dragados y refulados que se estaban efectuando en el sitio.

Asimismo, el fiscal del Ambiente Fernando Ariel González notificó la suspensión a la empresa y requirió informes al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) sobre los trabajos de refulado hechos en las tierras de los maká.