El jefe de prensa del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), Iván Valdez se disculpó y presentó su renuncia luego del bochornoso episodio en donde amedrentó vía WhatsApp a la periodista de investigación que encabezó una serie de publicaciones que dejó al descubierto los millones de guaraníes que facturan al Estado a través de proyectos poscovid.
“El CIRD tiene una línea comunicacional seria y respetuosa con la opinión pública. Como institución pedimos disculpas a la opinión pública y a la periodista Rosana Escobar. Hemos recibido la nota de disculpas y renuncia de Iván Valdez y el presidente ejecutivo lo ha aceptado”, escribió a través de X esta organización sin fines de lucro (ONG), en la tarde del martes 7 de octubre.
En la nota presentada ante el CIRD, Valdez pese a pedir disculpas, trata de justificar el ataque contra la periodista alegando que “estaba muy nervioso” y exime de responsabilidad a la institución y asegura que fue una actuación personal.
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La investigación
Agustín Carrizosa, presidente del CIRD, cuenta con un clan familiar que recibió dinero de los contribuyentes en concepto de “honorarios”. Mediante proyectos posteriores a la pandemia del covid-19, que supuestamente apuntaban a la “reactivación económica”, recibieron al menos G. 6.093 millones del Estado.
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La institución se muestra hermética ante la solicitud de documentos y datos respecto a los servicios prestados a instituciones como el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal), Ministerio del Trabajo, Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Sistema Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y el último suceso fue el amedrentamiento del jefe de prensa tras la investigación que se hizo pública.
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Desde la multibancada califican como “gran desatino” exigir la renuncia de Riera
El liberal Antonio Buzarquis, líder de la multibancada opositora en Diputados, calificó como gran desatino la exigencia de sus pares colorados en exigir al Ejecutivo la destitución del ministro del Interior, Enrique Riera, y del comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, tras la muerte de su colega Eulalio “Lalo” Gomes .
“Estoy en desacuerdo con el pronunciamiento de la Cámara, para mí el procedimiento está ajustado a derecho. Yo creo que es un gran desatino que un grupo de parlamentarios esté planteando la renuncia del ministro del Interior, el comandante de la Policía y el juicio político al fiscal general del Estado. Es una lectura equivocada de la situación”, sostuvo a la 800 AM.
Asimismo, el parlamentario acotó: “Al comienzo, esto parecía una cuestión muy sencilla, pero fue cambiando de tono de castaño a oscuro. Todos estamos en alerta. Al final de cuentas, queremos saber la verdad. El Ministerio Público tendrá que investigar y la policía explicar el procedimiento de manera detallada. Es importante que esto se investigue y se esclarezca. Una de las grandes preguntas es por qué no se grabó el procedimiento de allanamiento”.
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El parlamentario expresó que sus afirmaciones se sustentan teniendo en cuenta los antecedentes del fallecido dirigente político de Amambay, quien fue imputado por el Ministerio Público por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal en el marco del operativo Pavo Real II. “Respetamos la memoria de la persona, lamentamos mucho su muerte, pero este señor ya estaba siendo investigado en Brasil, también en Paraguay se estaba iniciando un proceso de investigación”, comentó.
Gomes Batista falleció el pasado lunes durante un allanamiento en su vivienda localizada en la ciudad de Pedro Juan Caballero. El procedimiento fue realizado por la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Policía, de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (Fope) y los agentes fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres.
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Activista consultó gasto al CIRD y lo excluyó de grupos “por orden superior”
Ricardo Torres, auditor y fundador de la Asociación Civil de Mariano Roque Alonso (ACMRA), señaló a nuestro diario que oenegés como el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), que se venden como dioses de la transparencia y los derechos ciudadanos, restan credibilidad a las luchas ciudadanas porque el interés primordial es sacar rédito, además de estar aliados con políticos que persiguen a un solo sector del Partido Colorado en plena campaña electoral. Esto en el marco de un convenio de USD 50 millones entre el gobierno de Mario Abdo Benítez y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionamedia.com
Un convenio firmado el 10 de setiembre de 2020 (tiempos duros de la pandemia) daba inicio a lo que fue la gran alianza del gobierno de Mario Abdo Benítez y políticos de la oposición que fungían y fungen de representantes de la sociedad civil organizada. La figura para activar, financiar estos grupos de políticos aliados contra un sector bien definido del Partido Colorado es el acuerdo de Asistencia para el Desarrollo de USD 50 millones entre la administración de Abdo Benítez y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
El compromiso estimado de Usaid en 5 años de vigencia del convenio es de USD 44,4 millones y la contrapartida local establecida es de USD 5 millones. El proyecto contiene 4 indicadores fundamentales que es el Fortalecimiento del Estado de Derecho, Avance de Oportunidades Económicas Formales, Mejora del Control Ciudadano.
El último componente refiere que Usaid “apoyará a organizaciones de la sociedad civil, incluidos los medios de comunicación, el sector privado y la academia, a medida que estos controlan y exigen una mayor eficiencia, transparencia y rendición de cuentas por parte del Gobierno. Usaid también apoyará a las redes anticorrupción que abogan por reformas, así como programas de vigilancia de tribunales, observatorios y sistemas de seguimiento para casos de corrupción”. Aquí surgieron las persecuciones y los escraches anticorrupción selectivos, así como publicaciones bien direccionadas a un sector del Partido Colorado pero, para salvar formas, incluyeron en agenda algunos esporádicos casos de corrupción de antigua data.
A LOS AMIGOS NO SE ESCRACHA
No hay escraches por las comisarías “de oro” de Filizzola, la mala administración de Efraín Alegre en el Partido Liberal, las multimillonarias ganancias de Abdo con el asfalto y las deudas contraídas para apurar obras, etc. Es lógico que el foco de los anticorrupción no esté en personajes como los mencionados ya que operadores políticos de sus respectivos grupos políticos son quienes se agruparon como organizaciones de la sociedad civil, consultores, conferencistas, en el marco del referido convenio.
La operación estaba y sigue prácticamente a cargo del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), ONG endiosada como de la transparencia; sin embargo, aliada con Abdo. Recordemos que rendiciones de cuentas que obran en la Contraloría General de la República (CGR) muestran convenios entre la citada ONG y el gobierno de Abdo durante la pandemia (2021) para repartir sueldos a operadores políticos del equipo del expresidente que se encontraban en campaña electoral. Agustín Carrizosa, presidente de la organización, también hizo un festín con su clan familiar con dinero proveniente del bolsillo de los contribuyentes.
Aliados del CIRD en la Coalición por la Legalidad del programa Más Ciudadanía, Menos Corrupción, como la Federación de Entidades Vecinalistas del Paraguay (Fedem), cuyos referentes hacían campaña por la exministra del Trabajo, excandidata a senadora, también fueron parte del banquete.
EXCLUIDOS “POR ORDEN SUPERIOR”
“Cumplo en informar que, por orden superior, procedí a sacarte de los grupos que nos unían”, fue la respuesta que recibió vía WhatsApp Ricardo Torres, auditor y fundador de la Asociación Civil de la ciudad de Mariano Roque Alonso (ACMRA), por parte de funcionario del CIRD en su momento. Esto luego de que el mismo objetara un gasto de “secretaría del proyecto” que fue incluido arbitrariamente en la iniciativa “Control Ciudadano”, en el marco de Más Ciudadanía, Menos Corrupción.
“Con conocimiento de causa y en mi calidad de ciudadano comprometido verdaderamente con la lucha social y el control ciudadano; además de ser miembro fundador y exauditor ciudadano dentro de una asociación civil en la ciudad donde resido (MRA), puedo decir que es una verdadera vergüenza el manejo poco serio y profesional que tienen oenegés como la Fundación CIRD, cuyas caras visibles son los Sres. Agustín Carrizosa y Francisco Alcaraz; en lo relacionado a la administración de estos fondos millonarios que reciben de Usaid. Firmamos un convenio de Iniciativa de Control Ciudadano” dentro de su proyecto denominado Más ciudadanía, Menos Corrupción que, al momento de poner marcha al mismo y luego de haber comprometido recursos económicos de nuestros miembros, esta gente de una forma unilateral deja sin efecto el acuerdo, por el simple hecho de haberle reclamado unos fondos que supuestamente nos darían de G. 6.600.000, pero que iban a ser destinados a un grupo de consultores de su grupo, bajo el concepto Secretaría del proyecto”, explicó Torres.
Subrayó que, por lo mencionado, “muchos ciudadanos de bien hemos perdido la confianza y credibilidad en este tipo de organizaciones civiles u oenegés, que a leguas se nota que lo único que les interesa es sacar rédito de este tipo de trabajos, donde somos los ciudadanos los que trabajamos y ellos se sientan a recibir, a administrar a su gusto y paladar estas sumas millonarias”.
Torres quedó sorprendido con los millonarios recursos comprometidos en el convenio mencionado más arriba y con el gran esquema capitaneado en su mayoría por operadores políticos de la oposición que contaminaron un valioso proyecto cuya bandera es la transparencia y la lucha contra la corrupción y la impunidad. Precisamente esa transparencia de la que hablan y que reclamó Torres terminó por excluirlo de uno de los componentes más sensibles del convenio de USD 50 millones que es el de Control Ciudadano.
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Primer anillo de Peña niega que salida de Lea Giménez obedezca a presiones políticas
“No existe ningún tipo de presión política, si ese es el titular que se quiere dar, no existe”, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos con relación a la renuncia de Lea Giménez a la jefatura de gabinete de la presidencia y la consejería en la entidad binacional Itaipú.
Valdovinos afirmó que la renuncia de la economista se centra específicamente a cuestiones personales, rechazando el discurso proveniente del abdismo, la oposición y medios de comunicación aliados que refieren que la salida de Giménez responde a disputa entre técnicos y políticos.
“A veces estos cargos son bastantes demandantes y la entiendo perfectamente, conozco muy bien su situación. Fantasías hay por todos lados, en algún momento nos tocará a todos salir, no se deben a presiones políticas. Independientemente a que sea una colega de gabinete, es una amiga y hablamos mucho sobre la parte familiar”, indicó en una entrevista con medios de comunicación.
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Las afirmaciones del secretario de Estado fueron respaldadas por el titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, quien sostuvo que Giménez fue una gran articuladora entre el Ejecutivo y autoridades coloradas electas por el voto popular.
“Las presiones políticas son rumores de la disidencia, no existe. El presidente Santiago Peña recorre los departamentos y no veo que Giménez haya impedido acercamientos, al contrario ella posibilitaba esas reuniones con los intendentes y concejales. Siempre estará acompañando al equipo y sus argumentos son valederos”, refirió el senador.
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Anuncio de reemplazo de Lea Giménez podría tardar unos meses
La vocera del Gobierno, Paula Carro, indicó que para el presidente de la República, Santiago Peña, Lea Giménez es irremplazable y que el nombramiento de un nuevo o nueva encargada de la jefatura de Gabinete no se debe esperar a corto plazo. Giménez presentó su renuncia durante la reunión de ministros de ayer lunes, argumentando una situación familiar.
“El presidente de la República ha dicho que no debemos esperar un nombramiento o designación de un jefe de Gabinete como tal, él considera que la doctora Lea es irremplazable. Al menos en los próximos meses está previsto anunciar o designar un jefe de gabinete como tal”, expresó Carro a la 1020 AM.
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Adelantó además que el Gabinete con el equipo que trabaja con Lea Giménez seguirá activo y una persona de ese equipo seguirá al frente de la oficina, hasta tanto sea designada una persona para encabezar la jefatura de Gabinete.
“El equipo de trabajo de la doctora Lea que estaba trabajando bajo la Unidad de Gestión de la Presidencia, que es una unidad de monitoreo, va a seguir trabajando y una persona de ese equipo seguramente va a ejercer la tarea de encargado de despacho”, explicó la vocera del Gobierno.
Por otra parte, Carro se refirió a los motivos de la renuncia de Giménez y sostuvo que ya hace un tiempo conversó con el presidente Santiago Peña al respecto, que ayer finalmente presentó no solo al Gabinete, sino también a toda la ciudadanía.
“Así como la doctora ayer explicó y se explayó largamente porque sabía que la ciudadanía merecía una explicación. Esta fue una conversación previa que ella tuvo ya tiempo atrás con el presidente de la República y donde expuso sus razones, de hecho, las expuso también ayer y creo que son razones bastante válidas”, sentenció.
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