Leandro Villalba Baruja, director de Auditoría Forense de la Contraloría, habló acerca de la serie de irregularidades, durante la administración de Mario Abdo Benítez, detectadas en instituciones como el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), las Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac). A esto se sumaría un nuevo perjuicio administrativo, detectado ahora en lo que anteriormente era la Dirección de Aduanas, antes de fusionarse con Tributación.
“Lo último que presentamos es un reporte sobre Aduanas porque determinamos que constituye un indicio de hecho punible. Detectamos tres hechos en concreto que totalizan un perjuicio patrimonial de G. 64 mil millones; estos montos pueden ser referenciales, pues puede hablarse de montos incluso mayores de lo expuesto en las auditorías y los reportes”, explicó para el programa “Arriba Hoy”, por GEN/Nación Media.
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Algunas irregularidades detectadas corresponden a la falta de detección de bienes mobiliarios en diversas oficinas de la institución por valor de G. 45 millones. También se habla de pagos cercanos a G. 52 millones al personal del centro de despachantes con fondos públicos, sin aparentes fundamentos; por otra parte se encuentra la percepción de canon informático por la utilización del sistema Sofía por parte del Centro de Despachantes de Aduanas de Paraguay.
“Este sistema informático ya fue donado a la Aduana en el año 1998 y fue protocolizado a su nombre en el 2008. En el ejercicio fiscal 2022 estamos hablando de la percepción de un canon por valor de G. 64 mil millones”, detalló. Aduanas ya había accedido a la titularidad del mencionado sistema informático, por lo cual ya no debía realizar desembolsos por el mismo.
De acuerdo al equipo auditor, no existe una base legal sobre la cual seguir realizando la transferencia a una institución privada por un sistema sobre el cual ya se posee titularidad. Al respecto, Villalba remarcó que se podría estar ante un hecho que amerite la investigación de la Fiscalía en el ámbito de su competencia. “La titularidad de estos fondos de más de G. 60 mil millones, solo en el ejercicio 2022, debe ser íntegramente solo de Aduanas porque se habla de recursos públicos”, declaró.
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Lanzan plan estratégico de lucha contra la corrupción
La Contraloría General de la República (CGR), encabezada por Camilo Benítez, presentó ayer el plan estratégico para la implementación del Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción que tiene como finalidad principal impulsar la integridad pública y la transparencia gubernamental.
“La corrupción debe lucharse siempre con medidas represivas, es decir, la Contraloría debe hacer su trabajo de auditoría, la Fiscalía debe imputar y perseguir penalmente a los corruptos mientras que el Poder Judicial debe enviar a la cárcel a las personas que cometen actos de corrupción. Esta medida no se puede suplantar con ninguna otra y es importante que se potencie”, sostuvo Benítez.
Asimismo, el titular del órgano extrapoder acotó: “Esto no es la única manera de luchar contra la corrupción, hay otras maneras preventivas que tiene que ver con la promoción de políticas de integridad y con criterios de transparencia que es requerido a las autoridades”.
El plan estratégico surge en el marco de la ley promulgada el pasado mes de diciembre que instituye a la Contraloría como el órgano de prevención de la corrupción teniendo presente su independencia constitucional, así como su alcance a nivel nacional.
“Este flagelo no tiene color, desconoce las barreras temporales, los límites territoriales y desafía todas las herramientas tecnológicas que podamos presentar para frenarla, se requiere el esfuerzo de todos los actores. Nosotros hoy ratificamos como Congreso Nacional nuestro compromiso de luchar contra la corrupción y la impunidad, nuestro compromiso con la transparencia”, mencionó el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.
Por su parte, la titular de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, Marianna Saldívar, respaldó las declaraciones del parlamentario sosteniendo que “la corrupción es un problema que ningún poder del Estado puede atacar solo, esto es algo que requiere no de una política de gobierno, sino de Estado”.
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Contraloría detectó pagos al CIRD por cursos “fantasma”
La Contraloría General de la República (CGR) detectó que el gobierno de Mario Abdo Benítez entregó fondos a la oenegé Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) para la realización de cursos y talleres, pero no existen datos sobre la existencia o realización de estos. En apenas un año, el 2021, la administración de Carla Bacigalupo al frente del Ministerio del Trabajo entregó más de G. 32.783 millones a organizaciones sin fines de lucro.
Un informe reciente de la Contraloría General de la República (CGR) revela un preocupante cúmulo de irregularidades en la administración de fondos públicos por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), durante la administración de Carla Bacigalupo, puesta al frente de la institución por el expresidente Mario Abdo Benítez.
Las falencias en los controles internos, la falta de transparencia y los manejos cuestionables de millonarios convenios con entidades sin fines de lucro, como el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), dibujan un panorama de grave ineficiencia y presunta negligencia en el uso de recursos estatales.
Entre los hallazgos más graves, la CGR señala que el MTESS transfirió al CIRD G. 1.789 millones (casi USD 250.000) para la ejecución de 18 cursos de capacitación en diversos departamentos del país. Sin embargo, no se encontró un desglose detallado de los costos asociados, lo que imposibilita verificar la razonabilidad y sostenibilidad de estas actividades. Esta falta de transparencia incumple las disposiciones legales vigentes, como el artículo 7.° de la Ley n.º 6672/21, que exige un riguroso control sobre los recursos públicos.
Pero esto es solo la punta del iceberg. Otro convenio otorgado al CIRD, por G. 124 millones, contemplaba la realización de cinco talleres, de los cuales solo se ejecutaron tres. Peor aún, no se presentaron evidencias documentales básicas, como listas de participantes o fotografías de las actividades. Este incumplimiento refleja una ausencia total de control por parte del ministerio, que parece operar bajo una lógica de complacencia ante la falta de rendición de cuentas.
La CGR también denunció el desembolso de G. 239 millones para asesorías a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), cuya ejecución no pudo ser verificada. Los listados de empresas supuestamente beneficiadas carecían de información básica, como direcciones o números de contacto, lo que hace imposible determinar si el dinero cumplió su propósito. Este episodio evidencia no solo negligencia, sino una preocupante permisividad en la gestión de fondos públicos.
Otra situación alarmante involucra a la organización La Victoria, que recibió G. 1.132 millones para realizar 20 capacitaciones. Sin embargo, tampoco se presentó información detallada sobre los costos ni se justificaron las erogaciones realizadas. La falta de informes de razonabilidad presupuestaria va en contra de las normativas que regulan la ejecución de recursos estatales, dejando en evidencia un patrón repetitivo de descontrol.
UN ESQUEMA MILLONARIO, BAJO LA LUPA
Lo que agrava aún más la situación es el contexto en el que se desarrollan estos convenios. A lo largo de la última década, el CIRD ha manejado proyectos con el MTESS, que suman un total de G. 67.501 millones, de los cuales alrededor del 86 % fueron adjudicados durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. Si a esto se suman los contratos otorgados a la Federación de Entidades Vecinales del Paraguay (Fedem), el monto total asciende a G. 68.801 millones, cerca de USD 10 millones. Estas cifras siderales demandan un escrutinio exhaustivo, especialmente considerando las deficiencias recurrentes en la rendición de cuentas y el control de estos fondos.
El informe de la Contraloría no deja lugar a dudas: el MTESS, durante la administración de Bacigalupo, falló sistemáticamente en su deber de garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. Desde la falta de evaluaciones detalladas hasta la aceptación de informes incompletos y la omisión de controles básicos, las irregularidades son alarmantes y revelan una gestión ineficaz e irresponsable.
EL COSTO DE LA NEGLIGENCIA
El impacto de estas fallas no es menor. Cada guaraní mal administrado representa una oportunidad perdida para mejorar las condiciones laborales, fomentar el empleo y fortalecer a las pequeñas y medianas empresas del país. La falta de planificación y control en los convenios denunciados no solo compromete la confianza en las instituciones, sino que también perpetúa un modelo de gestión donde la opacidad y la improvisación son la norma.
Es imprescindible que el MTESS asuma su responsabilidad y adopte medidas urgentes para corregir estas prácticas. Esto incluye la implementación de controles más rigurosos, la exigencia de rendiciones de cuentas claras y detalladas, y la sanción a quienes incumplan sus deberes. Asimismo, el Poder Legislativo y la sociedad civil deben exigir una fiscalización más estricta de los fondos públicos, especialmente en sectores tan críticos como el laboral.
Lo que está en juego no es solo el uso eficiente del presupuesto nacional, sino también la credibilidad de las instituciones y la posibilidad de construir un sistema más justo y transparente. Los hallazgos de la CGR son un llamado de atención que no puede ser ignorado.
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Banco Mundial y CGR presentan visión técnica sobre la Estrategia Nacional Anticorrupción
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, recibió a una delegación conjunta del Banco Mundial y la Contraloría General de la República (CGR), que delinearon aspectos que hacen a la Estrategia Nacional Anticorrupción del Paraguay.
La visita se enmarca en el seguimiento de las iniciativas propuestas en dicha estrategia, una de ellas ya convertida en proyecto de ley y próximo a estudiarse en ambas cámaras del Congreso Nacional.
Encabezó la delegación Francesca Recanatini, por el Banco Mundial, y el contralor general Camilo Benítez, quienes compartieron con el presidente Latorre la visión técnica del organismo internacional sobre la importancia de la recientemente presentada “Ley de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción”.
Pleno respaldo al proyecto de ley
El contralor explicó que este proyecto, parte integral de la estrategia anticorrupción, fue presentado la semana pasada por el presidente de la República y que cuenta con el pleno respaldo de la Contraloría General de la República. “Vinimos simplemente para darle una versión del equipo técnico del Banco Mundial de la importancia que tiene esta ley para la República del Paraguay”, afirmó el contralor.
La visita no constituye una evaluación formal, sino un seguimiento de las iniciativas en curso. Benítez destacó que la delegación del Banco Mundial está observando cómo las propuestas de la estrategia nacional se están materializando en acciones concretas, como el mencionado proyecto de ley.
Esta iniciativa busca establecer un régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción, con la CGR como órgano rector. Además, propone la creación de un Consejo Nacional Anticorrupción que incluirá representantes de los tres poderes del Estado.
La delegación planea reunirse también con el presidente de la Cámara de Senadores, como parte de sus esfuerzos para promover la importancia de estas iniciativas legislativas en la lucha contra la corrupción en el país.
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Se debe dilucidar descomunal ganancia de empresas de Abdo durante su gobierno
La Contraloría General de la República (CGR) sacudió esta semana con la noticia de la confirmación de las multimillonarias ganancias, sin precedentes, que tuvieron las empresas distribuidoras de asfalto del expresidente de la República Mario Abdo Benítez durante su gobierno, coincidentemente en años de fuerte crisis económica por el covid-19. Como nunca, incrementaron ventas detrás de contratistas del Estado, según el informe del ente contralor, dejando al descubierto en qué se encontraba enfocada la administración Abdo en años en que la gente peleaba por su vida, lloraba la partida de familiares.
Las siderales ganancias de Aldia SA y Createc SA, distribuidoras de asfalto del exmandatario, se dieron de manera inédita en sus años de presidente de la República con obras articuladas por quien fuera su candidato perdidoso a la Presidencia en las últimas elecciones, Arnoldo Wiens. Por el otro lado, a cargo del negocio como representante estaba el hijo de Abdo Benítez, por lo que se deduce que tenía todas las alternativas para prosperar.
Los números expuestos por la Contraloría confirman lo que nuestro diario viene denunciando desde hace dos años. Astronómicas utilidades equivalentes a 61 veces más en años duros de la pandemia si se comparan facturaciones de las empresas antes de que uno de sus mayores accionistas se convirtiera en presidente de la República.
La Contraloría busca una explicación a las exorbitantes ganancias, hallar el origen del dinero y, por supuesto, el destino del mismo, puesto que la maniobra del expresidente camufla de alguna manera el enriquecimiento que obtuvo estando en el poder, al frente del país.
El 90 % de las ganancias de las empresas fueron a fondos de reservas. Esto pinta en cuerpo y alma al mísero Abdo que desafía la inteligencia de la ciudadanía acudiendo a la maniobra de las reservas para no contribuir con el fisco, es decir, para no aportar el tributo que le redituó el negocio proveyendo asfalto, a la vez de disfrazar el aumento de sus bienes ante la Contraloría.
El contundente informe de la Contraloría en el marco del examen de correspondencia realizado a Abdo tras su salida del poder revela detalles espeluznantes sobre las artimañas en los estados financieros de las empresas.
Deudas infladas de los clientes con millonarias diferencias reportadas por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), cheques con pago diferido por miles de millones de guaraníes sin detalles de los clientes, especulativas inversiones a largo plazo, rentabilidad muy superior con relación a lo registrado por empresas del sector resultan muy sospechosos para la Contraloría.
Las dudas llevaron a la Contraloría a pedir una investigación al Ministerio Público para dilucidar cómo se dio el crecimiento exponencial de utilidades de sus empresas en las que lo representó su hijo mientras ejercía la presidencia. Se torna elemental identificar el grado de influencias que pudo haber primado para que la “preferencia” de los contratistas de Obras Públicas se hayan concentrado a las distribuidoras de Abdo, la pertinencia de las licitaciones, el presupuesto disponible y/o programado para la contratación de proveedores a la vez clientes de las firmas del expresidente, los precios que en los informes oficiales ya se deslizaron estan muy por arriba del mercado, etc.
El enriquecimiento se dio, existen muchas incógnitas sobre el mismo y los órganos de control tienen la obligación de determinar la legalidad. Vale remarcar que este salto económico en cuanto a utilidades acumuladas de las firmas de Abdo es extraordinario en relación con el historial que registra. Demasiadas coincidencias de prosperidad en tiempos de su mandato que es más que necesaria una investigación profunda, hecho que solo puede darse con las atribuciones que tiene el Ministerio Público.
Si al expresidente fungió coraje al pedir examen de correspondencia por parte de la Contraloría, se estima que no temerá a la lupa de la Fiscalía. Después de todo, si sus empresas operaron sin privilegios o no generaron facturaciones aprovechando su poder, nada tiene para esconder, al contrario, le convendría dejar constancia de ello.
Las ganancias que obtuvo el expresidente con sus empresas deben ser aclaradas a la ciudadanía, que con sus impuestos financia las inversiones estatales a las cuales se vinculan las utilidades del negocio de Abdo.