Lejos de refutar y aclarar sobre la bolsa de empleo que armó el presidente del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), Agustín Carrizosa, en proyecto poscovid, el jefe de prensa de esta ONG, Iván Valdez, acudió a la intimidación y el amedrentamiento a la periodista de investigación que viene revelando el gran festín que se manda el clan Carrizosa – Alcaraz con dinero de los contribuyentes.
Con varios mensajes, uno tras otro, y que incluyen emojis y stícker, que resultan un verdadero amedrentamiento, el joven se identificó como Iván Valdez, cuyo nombre figura como responsable de la comunicación institucional del CIRD en su página web. (Ver capturas).
La reacción de nada menos que el comunicador de la oenegé “pro transparencia” demuestra una alta intolerancia a la crítica y una falta de respeto a la investigación periodística, que tanto dicen valorar repartiendo certificados y premios a quienes ejercen este oficio.
Una institución que recibe dinero de los paraguayos para dictar cursos de periodismo, opera de forma patotera y soez a la hora en que soporta un cuestionamiento, reacción que no condice con el lema de la transparencia, de la libertad de expresión y la lucha contra la corrupción que usan como bandera.
El CIRD, que debería ofrecer información oficial, dispone que su encargado de prensa intimide a nuestra periodista con mensajes desubicados para el nivel de seriedad de la cuestión debatida.
La participación del jefe de prensa del CIRD representa el rostro qué tal institución quiere ocultar, pero finalmente no puede: ausencia de democracia y falta de actitud ante la crítica.
Nuestra redacción ha recurrido a la fuente en varias ocasiones para solicitar su versión. Es como se actúa en el caso de periodismo de investigación serio y riguroso.
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Encuesta revela que los consumidores piden mayor transparencia en promociones
La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), en conjunto con estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Luque (UAL), llevaron adelante una encuesta con el fin de relevar la percepción de los consumidores sobre información de precios y promociones en comercios locales.
En este sentido, la medición realizada el pasado 19 de octubre reveló que más del 50 % de los consumidores tienen poca confianza en las promociones ofrecidas por los comercios. “Muchos consumidores enfrentan dificultades para encontrar precios en góndolas y estantes, afectando su decisión de compra.
Además, más del 95 % de los encuestados considera esencial tener precios visibles al momento de comprar. De acuerdo a lo que respondieron las personas consultadas, este inconveniente se registra con mayor índice en supermercados, tiendas de ropa y farmacias.
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Dentro de este estudio, también se realizan recomendaciones sobre estos dos inconvenientes detectados y entre ellos se encuentra la necesidad de una mejora en la transparencia en promociones y descuentos. “Los comerciantes deben cumplir con la ley a la hora de ofrecer promociones y descuentos de manera clara, evitando información engañosa que pueda vulnerar los intereses económicos de los consumidores”, señalan.
Igualmente aconsejan fortalecer la fiscalización sobre la visibilidad de los precios. “Es fundamental que Sedeco y otras autoridades competentes intensifiquen las acciones de control sobre los proveedores para asegurar el cumplimiento del derecho a la información clara y accesible sobre los precios”, argumentaron.
Por último, sugieren que se desarrollen campañas educativas con el fin de los diferentes segmentos de la sociedad, especialmente los jóvenes estén informados sobre sus derechos y sobre cómo ejercerlos efectivamente. El informe completo está disponible en el siguiente enlace.
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Ejecutivo dará participación a todos los sectores para reglamentar ley de transparencia
El Poder Ejecutivo decidió brindar la participación de todos los sectores para trabajar en la reglamentación de la ley que establece el control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.
El objetivo es que la aplicación sea factible y cumpla con los objetivos en materia de transparencia, según informó el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.
“Nuestra apertura es total, de escuchar a todos los sectores. La decisión final va a ser del Ejecutivo, del presidente, en la reglamentación, pero nosotros trabajamos de manera participativa con todos los sectores”, expresó el ministro Villate según publicó la Agencia IP, luego de una entrevista televisiva.
En ese proceso ya se tuvo una reunión con representantes de organizaciones sin fines de lucro, buscando entender la posición de las mismas respecto a la ley.
Villate señaló que, en función a las primeras conversaciones, no existe ninguna preocupación que amerite ningún cambio en la ley promulgada, aunque sí será necesario “aclarar ciertas cosas en la reglamentación”.
“La idea es tener ese diálogo para llegar a un punto medio entre todos. La intención es que no se genere ninguna carga administrativa o burocrática adicional, porque en la realidad no existe eso a priori en la ley y es lo que queremos levantar en la reglamentación”, manifestó el ministro.
Aclaró que el Ministerio de Economía y Finanzas es el que va a establecer las reglas de ese trabajo conjunto, en función al pedido del presidente Peña que se trabaje a través del Equipo Nacional de Estrategia País.
Cubrir una zona gris
Por otro lado, Villate destacó la importancia y necesidad de contar con esta ley, que permitirá cubrir una “zona gris” en materia de transparencia, tanto en actores que no son del todo transparentes como la identificación de los beneficiarios de las acciones de las ONG.
“Vamos a tener ese mapeo y vamos a poder entender dónde están accionando estas organizaciones y poder coordinar para tener un impacto mucho mayor”, dijo el ministro al reconocer que el Estado requiere hoy llegar a muchos lugares, y que en ese sentido las ONG tienen una experiencia que se puede aprovechar.
El ministro remarcó que el rol de transparencia que se busca a través de esta ley no tiene por qué ser trasladado hacia una cuestión de persecución en contra de las organizaciones sin fines de lucro.
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Esteños piden celeridad en los casos judiciales de Prieto: “Sigue libre, campante y robando”
“Ciudad del Este libre” es la movilización ciudadana que fue impulsada este miércoles frente al Poder Judicial con el fin de requerir celeridad a la justicia en los procesos judiciales que enfrenta el intendente opositor Miguel Prieto. Afirman que las protestas no pararán hasta que el también aspirante a mandatario enfrente por lo menos una audiencia de imposición de medidas.
“Estamos insatisfechos con el poder judicial, no sabemos por qué tarda tanto su imposición de medidas, Prieto sigue libre, campante y robando. Esta persona es un mal mayor. Nosotros desde el 2020 estuvimos presentando denuncias contra este intendente”, dijo el activista Arturo Páez en el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
De las 41 denuncias contra el líder del movimiento Yo Creo, un total de 10 fueron presentadas por la Contraloría Ciudadana. Hasta el momento, solo en 2 expedientes Prieto está imputado por el Ministerio Público. La primera es en la causa donde se investiga la compra de bolsas de alimentos durante la pandemia del covid-19 en el 2020.
En este caso el jefe comunal y otras 10 personas de su entorno cercano fueron imputadas por lesión de confianza. Según las acusaciones, Prieto está implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.
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“Estamos cansados que esta justicia sea selectiva”
La última imputación contra Prieto y otras 11 personas de su entorno fue por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Incluso se ordenó el embargo preventivo de sus bienes, así como la prohibición de vender o gravar sus propiedades.
Las investigaciones sugieren que el dirigente del sector opositor habría encabezado un esquema para el desvío de recursos municipales a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas vinculadas a él, generando beneficios económicos indebidos.
“Nosotros hicimos un trabajo muy extenso excepcional con la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, incluso tenemos todo evidenciado y corroboramos los hechos de corrupción. Se hicieron pedidos de informes en la Subsecretaría de Estado de Tributación, en la Dirección de Contrataciones Públicas. Sabemos que hay mucha impunidad, que si no hay presión no hay acción y acá se está haciendo mucha omisión”, lamentó Páez.
Asimismo siguió argumentando que “Con un grupo de ciudadanos estamos encadenados frente al Poder Judicial y no saldremos, siempre se nos miente. La última vez que venimos fue hace 6 meses. Estamos cansados de que esta justicia sea selectiva, ya no estamos creyendo en la acción del Poder Judicial, parece que ya tenemos que tomar medidas más drásticas como lo hacemos ahora de encadenarnos y gritar para pedir justicia por Ciudad del Este porque todos los días estamos siendo robados”.
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Estado paraguayo adoptará un enfoque preventivo en su lucha contra la corrupción
El contralor general de la República, Camilo Benítez, fue invitado a una charla en el espacio de la Vocería de Gobierno, para explicar sobre el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción. Indicó que mediante este régimen, el Estado paraguayo adoptará un enfoque preventivo en su lucha contra la corrupción, definiendo estándares y canalizando las denuncias para su seguimiento.
Mencionó además que este régimen que fue creado por ley amplía las prerrogativas de la Contraloría General de la República (CGR) como órgano extrapoder y crea el Consejo Nacional Anticorrupción. Este consejo, al igual que las unidades de transparencia y anticorrupción de las instituciones públicas, serán dependientes de la CGR.
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El contralor señaló que mediante el Consejo se trabajará con los tres poderes del Estado para contar con estándares de aplicación de prevención de la corrupción. Explicó que al no contar con una estrategia nacional ponía a Paraguay en falta en cuanto a tratados internacionales sobre integridad pública.
Cumplimiento de tratados
“Creemos que esta es la pata de la mesa que faltaba para el Paraguay y de paso es una normativa necesaria para estar a nivel o en cumplimiento a los tratados internacionales que tenemos en materia de anticorrupción. Era una falta para el Paraguay, no tener una política de integridad pública. Esta iniciativa o ley cuando entre en vigencia va a tratar de proponer un enfoque de lucha contra la corrupción desde el aspecto preventivo”, indicó.
Señaló que a través del Consejo se contará por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de la Contraloría y del Ministerio Público para estrategias a implementar en toda la función pública.
“Dentro de este nuevo régimen, la participación ciudadana es fundamental en el control. Una de las modificaciones de la ley es que el portal de denuncias será administrado por la Contraloría en lugar de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), cuyos recursos pasarán a formar parte del primero”, comentó.
Modalidades
Mencionó que tras su paso por el Congreso fueron eliminadas la posibilidad de denuncias anónimas, quedando las modalidades de denuncias nominales y con protección de datos. El contralor señaló que se trabajará por un mecanismo que requiera de la habilitación de dos funcionarios para poder conocer la identidad de un denunciante, en caso de orden judicial que lo exija, y garantizar la seguridad.
“Esta iniciativa fue hecha inicialmente para la Senac, pero un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, que forma parte del gabinete cuyo compañeros de trabajo son los ministros, mal podrían administrar las denuncias contra sus funcionarios públicos. Eso violenta todos los principios internacionales en materia de control. Entonces, este régimen denota una madurez importante del Ejecutivo al desprenderse de esto; porque políticamente estas instituciones fueron utilizadas para perseguir a aquellas personas con quienes no comulgan”, acotó.