La abogada María Esther Roa alegó una supuesta “persecución” contra las organizaciones que se dedican a la lucha contra la corrupción, esto en el marco de los reportes de la Unidad de Investigación de Nación Media que destapó al Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), el cual recibió millones de guaraníes de parte del Estado para sus proyectos.
“Ojalá que se pueda aclarar todo esto y termine esta persecución a las organizaciones”, expresó Roa, la que integra la “Comisión escrache” y quien cuenta con un prontuario por estafas. La abogada no mencionó los G. 1.113 millones que recibió Agustín Carrizosa y su clan familiar en concepto de proyectos y consultorías que fueron facturados a varias instituciones del Estado.
La abogada también se refirió así misma como una víctima de la persecución por haber sido imputada en el 2021 por haber violado la cuarentena. “El sistema se defiende y empieza a buscar las cabezas de las personas que no estamos arrodilladas ante la corrupción”, alegó ante la 1080 AM.
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La Unidad de Investigación reveló también que las documentaciones y comprobantes del CIRD a las instituciones, contenían elementos llamativos, como la emisión de varias de ellas en una misma fecha para diferentes entidades, esto sin mencionar, el hermetismo de la ONG para proveer información sobre su facturación al Estado.
Mediante proyectos de “fortalecimientos” institucionales, mipymes, de reactivación económica pospandemia del covid, el CIRD y las consultoras del clan Carrizosa se alzaron con millones del Estado, a la par que alzan la bandera en contra de la corrupción, no obstante, para Roa es llamativo que exista una investigación a la organización y trató de minimizar el informe alegando “persecución”.
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LN PM: edición del 5 de setiembre
Dos imputaciones contra Prieto, ninguna intervención ni pedido de renuncia
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, tiene dos causas abiertas en su contra, por lesión de confianza, asociación criminal y otros hechos punibles. Sin embargo, hasta el momento no fue solicitada ninguna intervención ni se pidió su renuncia.
En el marco de la causa conocida como Tía Chela, el jefe comunal adjudicó la provisión de alimentos escolares a una despensa sin capacidad de producción ni de provisión de grandes cantidades de productos. Prieto y otros funcionarios están imputados en la causa ante la sospecha de un perjuicio patrimonial superior a G. 2.130 millones.
Hambre Cero: Mitic alista plataforma para control de raciones entregadas
El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) tendrá listo para fin de setiembre la segunda etapa del software empleado para Hambre Cero, que permitirá monitorear la entrega de raciones de alimentos. Esta información será de dominio público y se constituirá en una herramienta clave para la Contraloría.
“Estamos en una segunda etapa enfocándonos en la ejecución de los contratos de alimentación escolar. Estamos poniendo como eje el control de las raciones entregadas a cada escuela, esto posiblemente lo tengamos listo en la segunda quincena de este mes. El objetivo de la fase dos es que los proveedores puedan decir cuántas raciones entregaron a cada escuela”, detalló el viceministro de Tecnología, Juan Ardissone.
Rolón responde por qué familia Gomes accede a carpeta fiscal y los Pecci no
La familia de Marcelo Pecci reclama el acceso a la carpeta fiscal de la investigación del magnicidio perpetrado en Colombia y cuestiona la desigualdad frente al caso Eulalio “Lalo” Gomes, donde los familiares sí accedieron a esta posibilidad.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, habló de la dualidad planteada entre las investigaciones de la muerte de Eulalio Gomes y el crimen de Marcelo Pecci, donde, en el primer caso se permite acceso a la carpeta fiscal y en el segundo, no. “A informaciones acceden, nosotros le citamos, lo que no pueden acceder es a obtener todas las copias que es otra cosa, son informaciones sensibles, que ponen en riesgo a las personas que no pueden intervenir”, contestó Rolón.
Argentina enfrenta a Chile, con el desafío de jugar sin Messi ni Di María
Después de muchos años, Argentina, líder de la clasificatoria sudamericana al Mundial 2026, afrontará este jueves (20:00 de Paraguay) el desafío de jugar un partido sin el astro Lionel Messi ni el histórico Ángel Di María, frente a un necesitado Chile en Buenos Aires.
Unas horas antes, Venezuela, en alza y lanzada a la conquista de un boleto al Mundial 2026, visitará a Bolivia desde las 16:00 (de Paraguay) por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en un partido que tendrá la particularidad de disputarse a 4.090 metros de altitud.
Más de 6.000 ONG no reportan sus actividades, según el Ministerio de Economía y Finanzas
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) tuvo su primera reunión el pasado martes 3 de setiembre y dicho encuentro posibilitó a los legisladores poder solicitar a instituciones como el Ministerio Público, la Justicia Electoral entre otras, informaciones respecto a lavado de dinero. En este primer encuentro, saltó la falta de transparencia por parte de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
“Empezamos a tener las primeras informaciones. Hay 12.000 organizaciones sin fines de lucro y de esas, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) más de la mitad no reportan quiénes son sus directivos, quiénes son sus aportantes, en qué gastan su plata, entonces hay una nebulosa gigante que refuerza nuestra media sanción para monitorear y transparentar la plata que mueven las ONG”, afirmó el senador Gustavo Leite.
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Más de 6.000 ONG no reportan sus actividades, según el Ministerio de Economía y Finanzas
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) tuvo su primera reunión el pasado martes 3 de septiembre y dicho encuentro posibilitó a los legisladores poder solicitar a instituciones como el Ministerio Público, la Justicia Electoral entre otras, informaciones respecto a lavado de dinero. En este primer encuentro, saltó la falta de transparencia por parte de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
“Empezamos a tener las primeras informaciones. Hay 12.000 organizaciones sin fines de lucro y de esas, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) más de la mitad no reportan quiénes son sus directivos, quiénes son sus aportantes, en qué gastan su plata, entonces hay una nebulosa gigante que refuerza nuestra media sanción para monitorear y transparentar la plata que mueven las ONG”, afirmó el senador Gustavo Leite.
De acuerdo a lo manifestado por el vocero de la Comisión, la falta de control a estas instituciones da lugar a que se cometan ilícitos. Leite aclaró que no desconocen la labor que hacen determinadas organizaciones, que son muy prestigiosas y tienen un gran impacto en la sociedad, no obstante, algunas son utilizadas para el lavado de dinero o para el financiamiento de ciertas actividades ilícitas.
Lea también: Falta de registro de miembros dificulta controlar financiamiento político de ONG
“Pedimos al MEF que nos indiquen cuáles son esas más de 6.000 que no están cumpliendo, pero lo que nos reforzó ayer la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) es la necesidad perentoria del monitoreo de rendición de cuentas a las ONG, eso es algo muy necesario”, expresó el senador.
El parlamentario indicó que están atentos a que la Cámara de Diputados aborde la iniciativa de control a las ONG, que ya tiene media sanción por parte del Senado. Según señaló Leite ante la 1080 AM, el propio Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) manifestó la necesidad de acceder a esta información puesto que hasta el momento no pueden saber a quiénes financian determinadas organizaciones.
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Falta de registro de miembros dificulta controlar financiamiento político de ONG
El director de financiamiento político de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, afirmó que la falta de registro de los integrantes de las organizaciones no gubernamentales (ONG) dificulta la trazabilidad (origen del dinero) y el control del financiamiento político partidario.
El funcionario electoral participó en la primera reunión de la Comisión Conjunta de Investigación de Antilavado del Congreso, en la que analizaron las dificultades y desafíos para monitorear el financiamiento político desde las organizaciones sin fines de lucro o no gubernamentales.
Ruíz Díaz subrayó la complejidad del tema abordado debido a las múltiples etapas y ámbitos que involucra, por lo que no se descarta que esta no será la primera vez que sea citado por los legisladores para hablar sobre el tema. Indicó que los parlamentarios formularon varias consultas, las cuales respondieron de acuerdo al conocimiento que tienen y el análisis que vienen realizando a las rendiciones de cuentas presentadas por las organizaciones políticas.
Aclaró que hasta la fecha no se ha identificado ninguna ONG que haya financiado directamente alguna campaña política o candidato en las últimas elecciones. Sin embargo, la conversación reveló que aún persisten preocupaciones en cuanto a la posibilidad de que individuos asociados a las ONG puedan financiar campañas a título personal.
“Producto de las verificaciones que hemos realizado no pudimos identificar a la fecha la existencia de alguna ONG que haya aportado a alguna candidatura, porque el trabajo continúa. Ahora, lo que nosotros necesitamos saber es quiénes integran las ONG, porque como organización tal vez no realicen los aportes, pero pueden realizar a través de una persona física”, remarcó.
No obstante, lamentó que no exista un registro de las personas que integran estas oenegés, ya que “no es como un partido político que cuenta con afiliados. Por tanto, se hace muy difícil la trazabilidad”, explicó.
ONG buscó controlar las elecciones
Mencionó el caso de la Organización Alma Cívica, vinculada a Soledad Núñez, que se había postulado como candidata a vicepresidenta en la chapa por la Alianza; además su esposo Bruno Defelippe se había presentado como candidato a senador. Esta misma organización había solicitado ser parte de las elecciones como observadores electorales nacionales, por lo que desde la Justicia Electoral al detectar esta situación decidió negarle el derecho a llevar el control electoral.
“Ahora de que se financie con el dinero de la ONG, claro que está mal y prohíbe el artículo 68. Lastimosamente, no existe un registro de quiénes son los que integran las comisiones directivas de las diferentes organizaciones sin fines de lucro; por tanto, se hace muy difícil la trazabilidad”, acotó.
Por otra parte, indicó que no solo se debe pensar en el financiamiento político, ya que ni bien exista dinero proveniente de hechos ilícitos fácilmente podría permear en cualquier estrato social y en cualquier etapa. Y la política tal vez sea la última, ya que elecciones se tiene cada cierto tiempo. “Por ello es importante que todas las instituciones del Estado trabajen en conjunto para llevar adelante los controles”, enfatizó.
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Cuestionan a la oposición por acusaciones en contra de referentes
La serie de publicaciones del equipo de Investigaciones de Nación Media viene desnudando las raíces del clan Estigarribia, familia del gobernador del departamento Central, Ricardo Estigarribia, y de su hermano Sergio, intendente de la ciudad de Villa Elisa.
Ricardo Estigarribia, dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y quien busca posicionar una posible candidatura con vistas a las elecciones presidenciales del 2028, sería parte importante del esquema montado.
La posibilidad que el actual gobernador del departamento Central lidere alguna probable chapa dentro del PLRA o de todo el espectro de la oposición, motivó a reacciones en contra, tal como la del abogado Ezequiel Santagada, quien en sus redes sociales se refirió al tema en cuestión.
“La oposición no puede ofrecer cambiar a seis por media docena. Un requisito elemental es que quienes sean sus referentes carezcan de prontuario”, escribió Santagada, cuestionando a quienes la oposición presenta como referentes políticos dentro de la crisis por la que atraviesan.
No solo Ricardo Estigarribia
Lo dicho por Santagada también podría también aplicarse al autoproclamado candidato opositor, Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este e imputado por varios casos de corrupción.
La gran cantidad de denuncias por hechos de corrupción que se tienen sobre al menos dos de los posibles y más importantes candidatos que podrían representar a la oposición en el 2028, genera cierta preocupación en un sector político que, además de seguir golpeado por los resultados electorales anteriores, no logra despegarse de una absoluta falta de liderazgo político.
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Los escandalosos detalles publicados por la Unidad de Investigación de Nación Media, tanto acerca del clan Estigarribia como en los varios casos de Miguel Prieto, pasan desapercibidos para los aliados opositores, políticos y mediáticos, quienes apuntan de manera directa y única a los casos que involucran a personas vinculadas a un sector del Partido Colorado, en una muestra más de la férrea defensa corporativa que hacen desde varios años y que se fortaleció en el gobierno de Mario Abdo Benítez.
Los “prósperos” negocios del clan Estigarribia
Empresas en las que distribuyeron unos USD 1,5 millones, la madre y la hermana del actual gobernador de Central, Ricardo Alfredo Estigarribia Medina, y del actual intendente de Villa Elisa, Sergio Agustín Estigarribia Medina, registran pertenencias de al menos una decena de inmuebles, entre los que aparece una quinta en la ciudad de Piribebuy e importantes edificaciones en Villa Elisa. La prosperidad del clan Estigarribia erigió hasta un motel en la ciudad, que está a nombre de la empresa proveedora de almuerzo a la municipalidad y en la que aparece como accionista Ricardo Fernández Campuzano, cuñado de los hermanos Estigarribia.
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