A propuesta del senador Orlando Penner, la Cámara de Senadores analizó y aprobó por unanimidad un proyecto de Ley que declara en situación de emergencia los tres departamentos del Chaco: Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay. La iniciativa fue presentada ante la grave situación que están pasando muchas comunidades chaqueñas por las constantes lluvias, que los deja prácticamente aislados.

La propuesta del senador Penner fue analizada sobre tablas, y para el efecto, el plenario se constituyó en comisión para dictaminar y plantear algunas modificaciones al proyecto. Tras un breve debate y la consideración de algunas propuestas para su modificación, el pleno aprobó por unanimidad y el documento, con media sanción, ahora pasa a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración.

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El senador Penner explicó ante sus colegas que la zona del Chaco, en toda su extensión, constantemente está dando de qué hablar, ya sea por problemas de extrema sequía, y en otros casos, como se vive actualmente, el problema de las inundaciones a causa de las constantes lluvias que se registran en esta época del año.

“En medio de estas cuestiones climáticos existen muchos problemas de salud que atender con urgencia, también hay problemas en educación, porque los niños y niñas están perdiendo días de clases. Pero, sobre todo, la alimentación y la salud no puede faltar a las comunidades nativas y chaqueñas”, comentó.

Agregó que una declaración de emergencia ayuda a evitar largos procesos burocráticos al Ejecutivo, para que la ayuda pueda llegar a las comunidades chaqueñas que están desesperados por contar con soluciones concretas. La declaración permite al Ejecutivo disponer que los helicópteros de las Fuerzas Aéreas para que lleguen a la zona donde hay mujeres embarazadas, que no tienen salida a un hospital ni centro sanitario.

A su turno, el senador Natalicio Chase destacó que una declaración de emergencia es la herramienta que facilita al Estado paraguayo hacerse presente en el lugar que le necesite. Pero la forma de llegar más rápida a las comunidades más alegajas es asignarles los recursos necesarios a las gobernaciones del Chaco para que puedan llegar con mayor efectividad a las zonas más necesitadas.

Por ello propuso la inclusión a la propuesta de ley, la asignación presupuestaria por un valor de 5.000 millones de guaraníes a cada una de las tres gobernaciones del Chaco. También sugirió que, cumplido el plazo de tres meses, deberá rendir cuentas ante la institución pertinente sobre el uso de estos fondos.

El titular del Congreso, Basilio Núñez, comentó que está en permanente comunicación con los gobernadores, quiénes les mantiene al tanto de la situación que están atravesando; por lo que expresó su apoyo total a la propuesta.

El senador Sergio Rojas mocionó instar al Ejecutivo a la instalación de un aeropuerto en Bahía Negra, ya que de todas las ciudades chaqueña esta zona es la peor de todas, ya que actualmente existen dificultades para llegar ya sea por tierra, agua o incluso aire, al no contar con un aeropuerto. Pero, explicaron que este tipo de propuesta debe ser presentado a través de otro proyecto de Ley.

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Directivos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) llegaron hasta los departamentos de Presidente Hayes y Boquerón para hacer entrega de autorizaciones a tres radios comunitarias indígenas de la Región Occidental. Esto, en cumplimiento del mandato del presidente de la República Santiago Peña, que instruyó trabajar de cerca y de manera prioritaria con los pueblos originarios.

El presidente de la Conatel, Juan Carlos Duarte Duré, y el pleno del Directorio del ente regulador realizaron este lunes la entrega de autorizaciones a las radios comunitarias indígenas Campo Alegre, Armonía y Uj’e Lhavos. El evento se llevó a cabo en el salón auditorio de la Municipalidad de Teniente Irala Fernández (Presidente Hayes) y también contó con la presencia del intendente municipal, Oscar Giménez, que estuvo acompañado por el presidente de la Junta municipal, Gervasio Aguilera, y de representantes de las radios comunitarias.

“Para ustedes, la puesta en funcionamiento de estas radios comunitarias es muy importante porque va a servir para la difusión de su cultura, sus costumbres e idiomas, aparte de la función social que representa la radio comunitaria. Para nosotros, como ente regulador, es importante que todas las radios cuenten con sus documentaciones en regla”, expresó.

Por su parte, Brigido Loewen, representante de las radios comunitarias del Chaco, dio su agradecimiento. “Estoy muy contento y agradecido con las autoridades de Conatel por la posibilidad de obtener la autorización para las radios comunitarias de los pueblos indígenas, aquí en la Región Occidental”, indicó.

En tanto, el intendente del distrito de Tte. Manuel Irala Fernández, Oscar Giménez, se mostró muy contento con este importante logro para las radios comunitarias indígenas de la zona. “Las radios comunitarias que están en las comunidades indígenas cumplen un papel fundamental de cohesión social, pues las FM hoy en día tienen gran alcance”, señaló.

Asimismo, resaltó la importancia de que estas comunidades cuenten con sus propias radios, pues la comunicación será favorable porque se realizará en su propio idioma y cultura. “Entonces, esto permite fortalecer el uso de su lengua y las oportunidades de los jóvenes, de la comunidad, para desarrollar sus habilidades de comunicación” comentó.

Es de destacar que las radios autorizadas para la prestación del servicio de radiodifusión sonora en mediana cobertura pertenecen a las comunidad del pueblo Nivaclé, la cual fue autorizada por resolución N°0750/2025, en la localidad de Filadelfia (Dpto. de Boquerón); a través de la resolución 0652/2025 fue autorizada la radio comunitaria FM Armonía, localizada en Teniente Primero Irala Fernández (Dpto. de Presidente Hayes); finalmente, por resolución 0653/2025 fue autorizada la radio comunitaria bajo el nombre de Campo Alegre FM, de la localidad de Boquerón (Dpto. de Boquerón).

Con la autorización otorgada, estas radios podrán operar por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de sus respectivas resoluciones, según lo dispuesto en la Ley de Telecomunicaciones, en su decreto reglamentario y el reglamento del servicio.

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• por Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

“Es nuestra obligación resguardar y recuperar el dinero público. Existe una firme indicación del Gobierno para combatir la corrupción y la impunidad”, dijo el procurador general de la República, Marco Aurelio González, tras detallar que bajo la administración presidencial de Santiago Peña, su institución impulsó por primera vez cuatro demandas de reparación del daño por hechos punibles cometidos contra el patrimonio del Estado.

A través de una entrevista con el diario La Nación/Nación Media, González detalló que el mecanismo permite una recuperación más expedita de los fondos públicos malversados, en comparación con un juicio civil ordinario de indemnización.

“Es la primera vez e iniciativa nuestra. La vía penal es más rápida y más segura. Si planteáramos en el fuero civil, se podría plantear que primero debe terminar el proceso penal. Y si se planteara en lo civil después de quedar firme el proceso penal, hay tesis que sostienen que ya operó la prescripción (2 años a contar desde el ilícito y un proceso penal suele durar mucho más). Entonces, para no correr ese riesgo”, manifestó.

El funcionario de Estado detalló que entre las demandas de reparación del daño se encuentra la impulsada contra el exministro de la Niñez y Adolescencia, José Orué Rolandi, quien fue hallado culpable por el delito de lesión de confianza junto con Carlos Centurión, Laura Gamarra, Gloria Arroyo y Araceli Cotillo, en la causa por el desvío de dinero perteneciente al programa de vaso de leche.

Otra de las demandas guarda relación con el exministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Enzo Cardozo, y la exdirectora administrativa de la cartera estatal, Maristela Azuaga, quienes fueron condenados por lesión de confianza en el desvío de fondos públicos mediante proyectos ficticios y documentos falsos en connivencia con directivos de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay.

En la nómina se encuentra la demanda promovida contra el exrector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) Froilán Peralta y su exdirectora de Recursos Humanos María del Carmen Martínez, conocida como “La comepapeles”, quienes fueron condenados por lesión de confianza y estafa tras la designación irregular de personal y malversación de fondos universitarios.

Igualmente figura la demanda contra la exministra de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Gladys Cardozo y su exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) Aníbal Benítez, quienes fueron condenados por lesión de confianza por el millonario desvío en la adquisición de víveres para enviar a tres departamentos del Chaco, entre los meses de marzo y abril del 2012.

La Ley n.º 6837/2021, en su artículo 23, proporciona a la Procuraduría la facultad de intervenir en calidad de víctima en los procesos penales por delitos contra el patrimonio estatal.

Asimismo, le confiere la atribución de ejercer la acción civil para la reparación de los daños causados, permitiéndole representar a organismos y entidades públicas sin personería jurídica y asistir, a solicitud, a aquellas con autonomía legal.

Desde la institución indicaron que tras sus últimas intervenciones en los procesos penales en calidad de víctima, ha aumentado la cantidad de notificaciones de oficio de los juzgados para intervenir en salidas alternativas que incluyan reparación del daño, en audiencias preliminares y juicios orales.

Señalaron también que los jueces de garantías solicitan la postura de la Procuraduría General de la República en estos procesos para asegurar que la posición del Estado sea considerada al evaluar acuerdos de reparación y decisiones sobre hechos punibles que afectan el patrimonio público.

Detallaron, además, que se ha identificado que, en muchos casos, al momento de ejercer la acción de reparación del daño, los condenados por corrupción ya no poseen bienes registrables a su nombre; con el objetivo de mitigar este problema, la institución se encuentra trabajando en conjunto con el Poder Judicial y la Fiscalía en la implementación de medidas cautelares preventivas, como la prohibición de innovar sobre bienes al dictarse sentencias condenatorias. Este enfoque apunta a garantizar la efectividad de las sentencias de reparación del daño.

El gobernador de Presidente Hayes, Bernardo Zárate, visitó las instalaciones de lo que será el centro de rehabilitación de Cordillera. Junto con su colega Denis Lichi, recorrieron las instalaciones y conversaron sobre todo lo que implica contar con un centro de estas características, puesto que el objetivo es que el Chaco pueda contar con su propio centro.

“En compañía del colega y amigo, gobernador Denis Lichi de Cordillera, vengo a visitar el local donde se está erigiendo un lugar donde las personas que padecen de adicciones se van a rehabilitar, entonces venimos a mirar la experiencia, queremos replicar esto y trasladar a Presidente Hayes y de esta visita sacamos lindas experiencias”, expresó Zárate.

El jefe departamental chaqueño manifestó que son conscientes de la importancia de contar con un espacio destinado a la recuperación de las personas que padecen adicciones, donde además de recibir atención médica y psicológica, puedan recibir herramientas que les permitan reinsertarse a la sociedad y acceder a un empleo.

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“Es un honor mostrar esto que es producto de un trabajo conjunto que realizamos con el Gobierno Nacional dentro del proyecto del presidente Santiago Peña ‘Sumar’ que busca hacer frente al consumo de las drogas desde el punto de vista de la oferta y la demanda. Nosotros con esta acción combatimos a los efectos de la demanda y compartimos acciones con otras instituciones”, señaló por su parte el gobernador de Cordillera.

El Plan Sumar, impulsado por el actual Gobierno, apunta a hacer frente al consumo y tráfico de drogas desde diferentes aristas, ya que este hecho representa un terrible flagelo que destruye comunidades, familias y vidas y representa una de las causantes principales de hechos delictivos en el país. “No podemos limitarnos a tratar las consecuencias una vez que han surgido; debemos anticiparnos, prevenir y mitigar los efectos adversos que este desafío impone a la nación”, exponen dentro de este plan.

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