Francisco Alcaraz, coordinador del proyecto «Más Ciudadanía, Menos Corrupción» de la oenegé Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), liderada por Agustín Carrizosa Gubetich, rechazó que en la fundación se realice repartijas de honorarios a clanes familiares con dinero proveniente del Estado.
El gobierno de Mario Abdo Benítez, había destinado la suma de G. 6.093 millones para la mencionada oenegé con la finalidad de impulsar el proyecto de “Reactivación económica poscovid” para la capacitación y fortalecimiento de las Mipymes.
Sin embargo, una investigación de la Unidad de Investigación de Nación Media reveló que esta oenegé, una de las más antiguas en nuestro país, ejecuta astronómicos presupuestos con el erario público. Se develó que el clan del presidente de la organización y el coordinador de proyecto anticorrupción figuran con jugosos cobros en un proyecto de reactivación económica poscovid de G. 6.093 millones.
La iniciativa, que terminó funcionando como una agenda de empleos mediante el festín del dinero público, fue lanzada por la entonces ministra de Trabajo Carla Bacigalupo, junto con Alfredo Mongelós, secretario técnico de Sinafocal.
“Veo que se maneja el hecho de que el CIRD trabaja con Sinafocal. En verdad Sinafocal es una institución pública del Estado paraguayo que ofrece los servicios de capacitación en todo el país y por estatuto no brinda servicios con personal público, lo hacen de manera tercerizada mientras que por ejemplo el Servicio Nacional de Promoción Profesional que tiene la misma función que Sinafocal tiene docentes del sector público y brindan servicios de capacitación por personal público”, dijo explicando el relacionamiento con el ente.
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En entrevista con radio 1140 AM, Alcaraz mencionó que el Sinafocal se encarga de convocar a concursos y se “presentan los institutos, universidades o centros de capacitaciones para venderle un servicio. Uno de los recursos propios del CIRD es el instituto CIRD que está reconocido por el Ministerio de Educación, entonces, se presenta en Sinafocal, firman un contrato y brinda servicios de capacitación, o sea, no existe un honorario para nadie en específico, sino que se le vende un paquete a Sinafocal como lo hacen los demás centros de capacitación”, justificó el millonario pago.
Alcaraz indicó también que el CIRD, al pertenecer al sector privado, posee libertad contractual, “entonces no se puede decir que por cada persona que contrató una empresa privada es un honorario del Estado. El CIRD tiene que contratar todo lo que sea necesario para poder satisfacer el servicio, el anexo del personal así como los montos no son responsabilidades de la Sinafocal”, dijo en defensa de la repartija de sueldos en familia, aprovechando el convenio financiado con dinero público.
El hijo de Alcaraz, el docente Carlos Francisco Alcaraz, también al igual que la hija, la pareja y cuñada de Carrizosa, figura con varios cobros de jornales a través de una ONG que también participa en el citado proyecto, dando charlas con dinero recibido para el financiamiento de esta iniciativa.
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Filtración: defienden credibilidad de la Comisión Antilavado y acusan al entorno del CIRD
El senador colorado Gustavo Leite defendió la credibilidad y seriedad del trabajo realizado desde la Comisión de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos, rechazando que el órgano haya realizado filtraciones de informaciones de personas que firmaron contratos privados con oenegés.
“Yo tengo que descartar que esas informaciones que han tomado estado público vengan de la Comisión Bicameral de Investigación”, sostuvo este jueves el parlamentario en una entrevista con el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo responsabilizó de la divulgación de datos a los operadores del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), liderado por Agustín Carrizosa, organización no gubernamental que se encuentra en la mira de la Comisión Antilavado ante las diversas denuncias periodísticas que refieren que esta fundación realizó una repartija del dinero público a sus allegados que debió ser utilizado en un proyecto de reactivación económica poscovid durante el anterior gobierno.
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“Hay un malestar interno en el CIRD y sospechamos que la propia gente que trabaja ahí es la que está filtrando a puchito esta información. Yo creo que este tema de la filtración se circunscribe a una sola institución, el CIRD. Carrizosa tiene problemas de garganta profunda en su propia institución, la filtración provino de ahí, es una conclusión clara”, remarcó el parlamentario.
Planteará comparecencia en audiencia pública
Carrizosa mediante medios de comunicación que buscan desacreditar al órgano calificándolo como una “comisión garrote” había sostenido que dicho estamento posee un objetivo político centrado en crear informaciones falsas con el fin de desprestigiar a organizaciones de la sociedad civil, apuntando a colocar en duda la credibilidad y seriedad de la comisión.
“Lo que ahora va a venir es un proceso público a pedido por todo el mundo en el que vamos a invitar por rango de plata gastada o invertida a las instituciones que más dinero público han manejado. Entonces, el CIRD tendrá la oportunidad de venir a la comisión para rendir cuentas y explique en qué gastó los centavos, guaraníes y dólares para que la gente del Paraguay pueda sacar sus conclusiones”, remarcó Leite.
El legislador sostuvo que propondrá “el lunes que el CIRD comparezca ante la comisión. Esta institución manejó más de 6 millones de dólares, nosotros siempre mencionamos que no vamos a ser jueces, somos investigadores porque tenemos ese poder constitucional”.
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Activista consultó gasto al CIRD y lo excluyó de grupos “por orden superior”
Ricardo Torres, auditor y fundador de la Asociación Civil de Mariano Roque Alonso (ACMRA), señaló a nuestro diario que oenegés como el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), que se venden como dioses de la transparencia y los derechos ciudadanos, restan credibilidad a las luchas ciudadanas porque el interés primordial es sacar rédito, además de estar aliados con políticos que persiguen a un solo sector del Partido Colorado en plena campaña electoral. Esto en el marco de un convenio de USD 50 millones entre el gobierno de Mario Abdo Benítez y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionamedia.com
Un convenio firmado el 10 de setiembre de 2020 (tiempos duros de la pandemia) daba inicio a lo que fue la gran alianza del gobierno de Mario Abdo Benítez y políticos de la oposición que fungían y fungen de representantes de la sociedad civil organizada. La figura para activar, financiar estos grupos de políticos aliados contra un sector bien definido del Partido Colorado es el acuerdo de Asistencia para el Desarrollo de USD 50 millones entre la administración de Abdo Benítez y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
El compromiso estimado de Usaid en 5 años de vigencia del convenio es de USD 44,4 millones y la contrapartida local establecida es de USD 5 millones. El proyecto contiene 4 indicadores fundamentales que es el Fortalecimiento del Estado de Derecho, Avance de Oportunidades Económicas Formales, Mejora del Control Ciudadano.
El último componente refiere que Usaid “apoyará a organizaciones de la sociedad civil, incluidos los medios de comunicación, el sector privado y la academia, a medida que estos controlan y exigen una mayor eficiencia, transparencia y rendición de cuentas por parte del Gobierno. Usaid también apoyará a las redes anticorrupción que abogan por reformas, así como programas de vigilancia de tribunales, observatorios y sistemas de seguimiento para casos de corrupción”. Aquí surgieron las persecuciones y los escraches anticorrupción selectivos, así como publicaciones bien direccionadas a un sector del Partido Colorado pero, para salvar formas, incluyeron en agenda algunos esporádicos casos de corrupción de antigua data.
A LOS AMIGOS NO SE ESCRACHA
No hay escraches por las comisarías “de oro” de Filizzola, la mala administración de Efraín Alegre en el Partido Liberal, las multimillonarias ganancias de Abdo con el asfalto y las deudas contraídas para apurar obras, etc. Es lógico que el foco de los anticorrupción no esté en personajes como los mencionados ya que operadores políticos de sus respectivos grupos políticos son quienes se agruparon como organizaciones de la sociedad civil, consultores, conferencistas, en el marco del referido convenio.
La operación estaba y sigue prácticamente a cargo del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), ONG endiosada como de la transparencia; sin embargo, aliada con Abdo. Recordemos que rendiciones de cuentas que obran en la Contraloría General de la República (CGR) muestran convenios entre la citada ONG y el gobierno de Abdo durante la pandemia (2021) para repartir sueldos a operadores políticos del equipo del expresidente que se encontraban en campaña electoral. Agustín Carrizosa, presidente de la organización, también hizo un festín con su clan familiar con dinero proveniente del bolsillo de los contribuyentes.
Aliados del CIRD en la Coalición por la Legalidad del programa Más Ciudadanía, Menos Corrupción, como la Federación de Entidades Vecinalistas del Paraguay (Fedem), cuyos referentes hacían campaña por la exministra del Trabajo, excandidata a senadora, también fueron parte del banquete.
EXCLUIDOS “POR ORDEN SUPERIOR”
“Cumplo en informar que, por orden superior, procedí a sacarte de los grupos que nos unían”, fue la respuesta que recibió vía WhatsApp Ricardo Torres, auditor y fundador de la Asociación Civil de la ciudad de Mariano Roque Alonso (ACMRA), por parte de funcionario del CIRD en su momento. Esto luego de que el mismo objetara un gasto de “secretaría del proyecto” que fue incluido arbitrariamente en la iniciativa “Control Ciudadano”, en el marco de Más Ciudadanía, Menos Corrupción.
“Con conocimiento de causa y en mi calidad de ciudadano comprometido verdaderamente con la lucha social y el control ciudadano; además de ser miembro fundador y exauditor ciudadano dentro de una asociación civil en la ciudad donde resido (MRA), puedo decir que es una verdadera vergüenza el manejo poco serio y profesional que tienen oenegés como la Fundación CIRD, cuyas caras visibles son los Sres. Agustín Carrizosa y Francisco Alcaraz; en lo relacionado a la administración de estos fondos millonarios que reciben de Usaid. Firmamos un convenio de Iniciativa de Control Ciudadano” dentro de su proyecto denominado Más ciudadanía, Menos Corrupción que, al momento de poner marcha al mismo y luego de haber comprometido recursos económicos de nuestros miembros, esta gente de una forma unilateral deja sin efecto el acuerdo, por el simple hecho de haberle reclamado unos fondos que supuestamente nos darían de G. 6.600.000, pero que iban a ser destinados a un grupo de consultores de su grupo, bajo el concepto Secretaría del proyecto”, explicó Torres.
Subrayó que, por lo mencionado, “muchos ciudadanos de bien hemos perdido la confianza y credibilidad en este tipo de organizaciones civiles u oenegés, que a leguas se nota que lo único que les interesa es sacar rédito de este tipo de trabajos, donde somos los ciudadanos los que trabajamos y ellos se sientan a recibir, a administrar a su gusto y paladar estas sumas millonarias”.
Torres quedó sorprendido con los millonarios recursos comprometidos en el convenio mencionado más arriba y con el gran esquema capitaneado en su mayoría por operadores políticos de la oposición que contaminaron un valioso proyecto cuya bandera es la transparencia y la lucha contra la corrupción y la impunidad. Precisamente esa transparencia de la que hablan y que reclamó Torres terminó por excluirlo de uno de los componentes más sensibles del convenio de USD 50 millones que es el de Control Ciudadano.
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Oenegés pegan el grito al cielo contra proyecto para transparentar sus fondos
- Unidad de Investigación
- Nación Media
- investigación@nacionmedia.com
Este lunes 8 de julio, a las 14:00hs, el Senado dará inicio al estudio del proyecto de ley que regula el financiamiento, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL). Este proyecto ha generado controversias incluso antes de su presentación oficial, especialmente entre sectores vinculados a personas relacionadas con redes de oenegés que manejan considerables fondos, como los excandidatos de la Concertación Bruno Defelippe y Soledad Núñez.
El proyecto de ley abarca una amplia gama de organizaciones, incluidas asociaciones inscritas con capacidad restringida, asociaciones de bien común, de utilidad pública, fundaciones, organismos no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, agencias especializadas, organismos internacionales reconocidos por la República y cualquier persona jurídica o estructura que reciba o administre fondos públicos o privados, nacionales o internacionales. Específicamente, se focaliza en aquellas entidades que gestionen fondos en relación directa con actividades públicas. Todas estas organizaciones deberán registrarse en el Registro Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL), bajo la supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas.
El proyecto de ley exige que las OSFL registren en sus estatutos sociales las identidades de sus constituyentes, su objeto, y sus fuentes de financiamiento. También deberán llevar un libro de registro del financiamiento, ya sea nacional o extranjero, público o privado, y detallar el uso y destino de los fondos recibidos con la correspondiente documentación de respaldo.
UNA RED MILLONARIA
El caso de Soledad Núñez y Bruno Defelippe ilustra cómo algunas OSFL han logrado manejar fondos millonarios. La pareja, que comenzó como voluntarios, ha tejido una extensa red de negocios operando bajo el disfraz de organizaciones sin fines de lucro, todas articuladas a través de la empresa de Defelippe, utilizando la apariencia de “alianzas” y contando con la participación de un selecto grupo de amigos. Esta red moviliza miles de dólares provenientes de organismos multilaterales, con la correspondiente contrapartida estatal, financiando proyectos que generan lucrativos contratos de consultoría y emprendimientos dirigidos a su círculo cercano.
Lo que empezó como voluntariado evolucionó rápidamente hacia un próspero esquema de negocios, aprovechando proyectos públicos en áreas como el emprendimiento, la tecnología, la innovación y la contratación de personal docente. Bajo la fachada de promover la “gobernanza” y la “democracia”, la pareja consolidó su base política, siempre respaldada por oenegés.
El centro de esta expansión de las oenegés que operan alrededor de proyectos públicos es Koga Impact Lab, fundada por Defelippe en 2015 con una financiación inicial de USD 900 mil del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y otros USD 700 mil de contrapartida local. Desde Koga, se han desprendido múltiples entidades como la Asociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy), que presionan por préstamos y promueven iniciativas polémicas como las bicisendas en Asunción, entre otras.
La red de organizaciones derivadas de Koga como la Red de Inversiones Ángel y Sistema B, se entrelaza con diversas instituciones públicas como el Mitic, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Industria y Comercio, principalmente Conacyt, obteniendo fondos para proyectos que, en muchos casos, benefician directamente a su círculo cercano.
UN NUEVO ROSTRO
El último proyecto de Bruno Defelippe, esposo de Soledad Núñez, se centra en el muy publicitado Museo de Ciencias, una iniciativa de la ONG MUCI, de la cual él es parte.
En noviembre de 2023, la Municipalidad de Asunción, con la aprobación de la Junta Municipal, adjudicó la venta directa de un terreno de 5 hectáreas a MUCI, presidida por David Wallace Peery. Defelippe también figura en los documentos de constitución y en las constancias de beneficiarios finales presentadas ante la Abogacía del Tesoro hasta el 18 de junio de 2024. Aunque el valor fiscal de la venta no se ha especificado, se sabe que el valor real de mercado del terreno es de aproximadamente G. 50.000 millones, equivalentes a unos USD 6,6 millones al cambio actual.
El pago ya se ha realizado a la Municipalidad de Asunción y se espera la aprobación de un convenio entre la municipalidad y MUCI. Este convenio ofrecerá beneficios limitados, como la entrada gratuita al museo dos días al mes para todos los paraguayos, una vez que se inaugure el museo. No se han establecido condiciones específicas sobre el uso o enajenación del terreno después de los 5 años estipulados por la Ordenanza número 33/95 de “Tierras Municipales”.
Este generoso aporte de la Municipalidad de Asunción, combinado con el típico convenio de cooperación institucional en el que participa Bruno Defelippe, posiciona el proyecto del Museo de Ciencias como una importante plataforma para Soledad Núñez, quien actualmente aspira a ser intendente de la capital del país.
RIESGOS DE LAVADO
El riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es otra preocupación que aborda el proyecto de ley. La Resolución 453/11 de la Secretaría de Prevención de Lavado (Seprelad) ya había incluido a las OSFL entre sus sujetos obligados.
Un informe de la Seprelad destaca el riesgo elevado de lavado de dinero y el uso indebido de las OSFL para la comisión de delitos vinculados a la corrupción. El informe menciona que muchas OSFL, principalmente las clasificadas como “caridad/asistencia”, “servicios sociales”, “desarrollo social y económico”, “deportivo” y “comités”, han sido utilizadas para fines ilícitos.
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El anticorrupción del Cird que fungió de asalariado para tener IPS
Rossana Escobar M.
rossana.escobar@nacionmedia.com
¿Cuál es la corrupción que persigue Francisco Alcaraz Díaz, coordinador anticorrupción del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), junto con la red de ONGs que articula, cuando se hizo pasar por humilde trabajador con sueldo mínimo para acceder a beneficios del Instituto de Previsión Social (IPS), siendo en realidad contribuyente del Impuesto a la Renta Personal?
Esta sola acción, de fungir una condición que no es la verdadera para aprovecharse de un seguro social, que en derecho corresponde a la clase trabajadora, sacrificada y con restricciones, comparadas a los privilegios de la clase más pudiente, echa por tierra la ruidosa campaña que venden a la población como “Más Ciudadanía, Menos Corrupción”.
Alcaraz Díaz, que en los registros de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) aparece con actividad económica de abogado, enseñanza superior y consultor de administración de empresas, en IPS se inscribió en mayo del 2023 como empleado de Isabel Benítez Espínola.
La señora es nada menos que la consultora del proyecto “Más Ciudadanía, Menos Corrupción” que articula el hombre fuerte del Cird, mano derecha de Agustín Carrizosa, presidente de la ONG, también envuelto en un escándalo de repartija de sueldos a su clan familiar, operadores del equipo político de Mario Abdo Benítez, con dinero proveniente del bolsillo de los contribuyentes.
Todo apunta a un seguro de favor que llevó adelante Alcaraz Díaz con su amiga Benítez Espínola, declarando un sueldo como supuesto ingreso de entre G. 2,4 millones y G. 2,6 millones, que es el mínimo vigente hasta el fin del mes pasado. Sin embargo, en la previsional continúan empantanados en el caso, después de dos aparatosas intervenciones con requisa de documentos que había realizado en el local de la ONG anticorrupción, y en la consultora de la mujer, ante las fuertes sospechas de fraude.
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Desde la Dirección de Aporte Obrero Patronal del IPS dilatan un dictamen que confirme el seguro de favor, pese a los elementos recabados. Desde la dirección jurídica de la previsional alegan que requieren más evidencias para el inicio de un sumario.
Mientras tanto, el coordinador anticorrupción, asegurado en dudosas condiciones, sigue jactándose de ser un articulador de las luchas ciudadanas, reclutando premiados, caudillos que en muchos casos no son otra cosa que políticos con sed de poder que usan estas iniciativas como trampolín.
Desde el IPS habían mencionado hace 8 meses, cuando inició la investigación, al caso Alcaraz Díaz, que, no se descartan acciones penales, pero hasta hoy no hay mayores resultados en la pesquisa. Alcaraz Díaz, según los documentos, registró dos beneficiarios en seguro de IPS, una de ellas es la mamá Carina Díaz Alfonso, que registra comercio de relojes y joyería, según DNIT.
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Vinculado a Abdo
No es un dato menor que Alcaraz Díaz fue parte del Gabinete Civil de la presidencia de Mario Abdo Benítez, ya que las ONGs articuladas por el mismo no han hecho un solo escrache al expresidente que nunca terminó por aclarar a dónde fueron los miles de millones de dólares por los que endeudaron al país en pandemia.
Alcaraz Díaz y los suyos, se asociaron a un Plan Nacional de Transparencia y Anticorrupción con la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) al frente, los resultaron básicamente se tradujeron en facturaciones por consultoría de ONGs manejadas por consultoras de la rosca de amigos. Recordemos que a la Senac como a sus aliados se le escaparon hechos bochornosos y escandalosos de corrupción que involucraron precisamente al Gobierno de Abdo Benítez.
Es así que, por un lado, escracharon a algunos políticos sindicados por corrupción, realizaban fuertes campañas por la transparencia, contra el despilfarro, la repartija de cargos y por el otro, la ONG de Alcaraz Díaz, presidida históricamente por Agustín Carrizosa, se alzaba con millonarios contratos de manera directa en varias instituciones públicas, principalmente en el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal), Servicio Nacional de Formación Profesional (SNPP), Ministerio del Trabajo con Carla Bacigalupo.
Estos convenios eran la vía para millonarias transferencias al CIRD y con el ropaje de “proyectos sociales” de todo tipo, Carrizosa repartió suculentos sueldos, honorarios a su clan familiar y al hijo de su coordinador anticorrupción. Todo este dinero provenía del bolsillo de los contribuyentes.
Cabe subrayar que, nuestro diario publicó una serie en la que se revelaron varias ONGs satélites del CIRD como parte del festín con dinero del Estado, así también otras subordinadas a un sector de la política y la intromisión en temas de gobernanza. Estos, como cientos de otros casos de corrupción, oscurantismo que afectan e involucran a ONGs son suficientes argumentos para que la transparencia que tanto enarbolan también rija en el financiamiento de las mismas.