El esquema de repartija de honorarios entre clanes familiares en la oenegé Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), que fue expuesto a través de una publicación periodística de la Unidad de Investigación de Nación Media, generó fuertes críticas por parte de la ciudadanía en general.
El repudio guarda relación con el proyecto de “Reactivación económica poscovid” lanzado durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, mediante el Ministerio del Trabajo, en ese entonces encabezado por Carla Bacigalupo y el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal), presidido por Alfredo Mongelós.
Los entes estatales destinaron la millonaria suma de G. 6.093 millones para la citada institución no gubernamental que de acuerdo a datos corroborados actúa como una agencia de empleos para los familiares de los altos directivos Agustín Carrizosa Gubetich, presidente del CIRD; y Francisco Alcaraz, coordinador del proyecto “Más Ciudadanía, Menos Corrupción”, otro de los proyectos encarados por la ONG.
“A nivel familiar se reparten millones de dólares, todo es joda”, dijo Manfre Velázquez, quien comentó que la oenegé dará próximamente una chala contra la corrupción en la ciudad de Minga Guazú. “Que joda todo, vayan a escuchar lo que dicen, es importante, pero seguro la contraloría ciudadana no sabe nada de esto, en fin nunca saben nada y no verán nada en el futuro”, indicó cuestionando también la ineficiencia de un grupo de ciudadanos que actúa como contralores del correcto uso del dinero público.
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Mientras que Arístides Agüero Caballero sostuvo que “siempre se dijo que no todo lo que brilla es oro. Pensar que esta gente de la fundación CIRD se creen los impolutos, son igual o peor de corruptos, que los que ellos dicen combatir”, dijo.
Agüero Caballero continuó alegando que “lo más probable es que salgan a decir que se trata de una persecución periodística o política; estas estructuras se creen blindadas por las organizaciones o personas con quienes reparten el dinero”. Por su parte, José Peña puntualizó que “están obligados a salir a aclarar y rendir cuentas a la ciudadanía de qué hacen con todos estos fondos que reciben”.