La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que modifica la Ley Nº 4457/12, “Para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES). Esta iniciativa presentada por varios senadores, plantea la modificación de 43 artículos.

Durante su estudio, las comisiones de Legislación, Economía, Industria y Comercio, así como Ciencias y Tecnología recomendaron la aprobación con modificaciones; y luego de su tratamiento el pleno aprobó por mayoría. El documento pasa a Diputados.

Al respecto, el senador Luis Pettengill, uno de los proyectistas, explicó que lo que se busca es la formalización de las Mipymes, el acceso a créditos favorables, la flexibilización laboral y un régimen especial en el IPS para la cobertura de salud. Respecto a la formalización, señaló que se busca simplificar los trámites e idealmente eliminar costos. Además, la modificación de la legislación incluirá otros beneficios para las Mipymes.

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“Realmente estamos ante una ley que va a beneficiar a muchísimos compatriotas, ya existe la ley que es del 2012, pero realmente tiene mucha carga y mucha burocracia. Por ello, nos abocamos con muchos participantes tanto del sector público como del privado, para estudiar sobre la problemática de la informalidad. El presidente de la República ha marcado como uno de sus ejes la formalización de todos los trabajos”, explicó.

Indicó que por ello, se buscó que todos los microemprendedores se adhieran a esta propuestas y puedan colaborar en las modificaciones de la ley vigente. “Trabajamos para convencer a la gente de que la formalización es lo que les va ayudar a levantar, para que puedan emprender y levantar sus pequeñas empresas”, indicó.

El senador Carlos Núñez señaló que en la Comisión de Economía y Cooperativismo han entendido que las modificaciones consensuadas con las demás comisiones de la Cámara Alta permitirán reducir la informalidad, aumentar la competitividad de las Mipymes, crear más empleos y mejorar las condiciones laborales y de ese modo impulsar el desarrollo económico del país.

Agregó, que las Mipymes representan el 98 % de las empresas en el país, de las cuales el 2 % son medianas, el 10 % son pequeñas y el 88 % son microempresas que generan un 60 % de empleos efectivos.

Mientras que la senadora Yolanda Parades destacó el proyecto de ley, considerando que es muy importante para la economía del país. Entre los puntos a ser incluidos destacó como una de las ventajas la exoneración de las patentes en los primeros tres años, para las microempresas con cédulas Pymes.

Luego de las consideraciones de las propuestas de modificación, el plenario procedió a votar a favor aceptando las modificaciones planteadas por las distintas comisiones asesoras.

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Luego del análisis a los dictámenes en coin­cidencia, emitidos por las comisiones de Presu­puesto y Equidad Social, el plenario acompañó la apro­bación con modificaciones de varios artículos. El proyecto vuelve a la cámara de origen, para que el Senado acepte o rechace las propuestas de modificación, en una tercera vuelta del proceso legislativo.

Esta iniciativa presentada por el Ejecutivo busca resol­ver el histórico problema de la superposición de títu­los de tierras en Paraguay. Obtuvo una media sanción de la Cámara de Senadores y en ayer fue analizada por la Cámara Baja, que aprobó de manera general, pero con algunas modificaciones en sus artículos.

La propuesta propone la fusión de tres institucio­nes estatales bajo la órbita del Poder Judicial: la Direc­ción General de los Registros Públicos, el Servicio Nacio­nal de Catastro y el Depar­tamento de Agrimensura y Geodesia. Este nuevo Regis­tro Unificado Nacional (RUN) se constituirá como un órgano técnico y admi­nistrativo del Poder Judicial, bajo la Corte Suprema de Jus­ticia, con competencia sobre bienes inmuebles y muebles registrables.

Entre los principales objeti­vos del RUN se encuentran la simplificación de trámi­tes, identificación de inmue­bles superpuestos, reducción de plazos para transferen­cias, introducción del regis­tro electrónico, respeto a la propiedad privada y seguri­dad jurídica, establecimiento de una cartografía única para el país y reducción de costos para el Estado.

Durante el debate, el dipu­tado liberal Rodrigo Blanco indicó que si bien acompaña la propuesta, solicita al pleno testar o eliminar el artículo 126, el cual plantea la ins­cripción de títulos sin cer­tificado de condiciones de dominios. Explicó que, de aprobarse esto, sería muy grave, porque arrastraría enormes problemas con los titulares de dominio.

Al momento de la votación en particular esta moción fue acompañada por la mayoría y el artículo en cuestión fue excluido de la ley.

El presidente del Con­greso Nacional, Basi­lio “Bachi” Núñez, anunció el lanzamiento de una iniciativa que tiene como finalidad edificar una relación más cercana entre los ciudadanos y sus legisla­dores de los diferentes parti­dos y movimientos políticos. También mediante la pro­puesta se apuntará a forta­lecer los vínculos locales con líderes y lideresas de diver­sos sectores sociales.

“Iniciaremos desde el Con­greso Nacional una agenda legislativa departamental bajo el lema ‘El Senado con la ciudadanía’. Este proyecto incluye reuniones con auto­ridades departamentales, organizaciones interme­dias, empresarios, visitas a medios de comunicación, entre otras actividades”, comentó a través de sus redes sociales oficiales.

Asimismo, el congresista de la Asociación Nacional Republicana (ANR) acotó: “El objetivo es acercar el Senado a la ciudadanía y fortalecer el diálogo directo sobre las necesidades y prio­ridades de cada región del país. Estaremos informando sobre los primeros departa­mentos que visitaremos con los colegas parlamentarios”.

El también dirigente político del departamento de Presi­dente Hayes forma parte del primer anillo del jefe de Estado, Santiago Peña, y es uno de los principales miembros del denominado equipo comando del movi­miento Honor Colorado, que se reúne de manera mensual con el fin de anali­zar las medidas que tomó el Gobierno durante los últi­mos meses, así como tam­bién para proyectar inicia­tivas que serán de beneficio nacional.

El proyecto de la “función pública y la carrera del servicio civil” fue aprobado con modificaciones por parte de la Cámara Alta y al respecto, el senador Mario Varela indicó que están conformes con el texto y dejó en claro que de aprobarse esta iniciativa, tendrá alcance para los funcionarios de los tres poderes, no únicamente en los que dependen del Poder Ejecutivo, como se dio a entender por ciertos sectores.

“Claramente dice el artículo N.° 3 que se aplicará también esta ley al Poder Legislativo y al Poder Judicial manteniendo su autonomía, lo que buscábamos con esta modificación es que la independencia de los poderes se garantice nada más, pero esta ley se va a aplicar, sin embargo, el que aplique esta ley no va a ser el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, sino va a ser el presidente del Senado, de Diputados y la Corte Suprema de Justicia con la atribución constitucional del poder administrativo que le otorga la ley”, explicó.

En contacto con La Nación/Nación Media, el parlamentario manifestó que están satisfechos con la ley aprobada puesto que es fruto de un trabajo en conjunto entre varios sectores, incluyendo a las representaciones sindicales de diferentes sectores. Varela afirmó que esta es una ley consensuada y que es fundamental para modernizar la gestión pública del Estado.

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“Es un requisito importante que tengamos una ley innovadora, transparente, que valore la meritocracia en la función pública. En esta ley, el concurso público de oposición es obligatorio, el único mecanismo de ingreso en la función pública será ahora a través de ese mecanismo. La anterior ley hablaba también de eso, pero abría la ventana con muchas excepciones por eso es que no se aplicaba casi el concurso público, ahora la obligatoriedad es una característica fundamental de esta ley”, sostuvo.

Además, en uno de sus artículos también es contundente respecto al nepotismo y en la modificación del Senado, quedó una redacción en la cual no se permitirá esta práctica y se eliminó el apartado donde se permitía la contratación de cónyuges, concubinos o parientes para casos excepcionales.

“Quiero resaltar que no se violan las garantías constitucionales de la libertad sindical, porque se habló de que esta ley la prohibía, pero eso no es posible porque la libertad sindical y de asociación es una garantía establecida en la propia Constitución, ninguna ley puede estar por encima de esa garantía constitucional, es importante aclarar eso porque mucho se rumoreó acerca de esto”, enfatizó.

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Además, esta ley contempla otros aspectos como el establecimiento de un límite para la contratación de asesores, los perfiles de los cargos en las instituciones, los mecanismo para el ascenso, entre otros aspectos que apuntan a la meritocracia en todas las instituciones del Estado, a excepción de aquellas que tienen leyes especiales como los militares, policías o docentes.