El Ministerio de Justicia logró desactivar este martes la huelga de hambre impulsada por los agentes penitenciarios hace nueve días en busca del cumplimiento de una serie de reivindicaciones. Al respecto, el titular de la mencionada cartera estatal Ángel Ramón Barchini mantuvo una reunión tripartita con los representantes de funcionarios sindicalizados y dirigentes de centrales sindicales nacionales.
“Los reclamos de los funcionarios penitenciarios son absolutamente legítimos, hemos hablado con el equipo económico sobre las necesidades que tiene este ministerio tan sensible. Desgraciadamente durante años ha estado abandonado, mal presupuestado, ejecutado sus recursos sin control y eso hizo que hoy tengamos un sistema frágil en el tema de la seguridad, de la reinserción”, dijo Barchini en una entrevista con el programa “Cuenta Final” emitido por la radio Universo 970 AM.
Entre los principales pedidos de los agentes figuran la necesidad de contar con una ley orgánica penitenciaria que está en espera hace más de 20 años y que con su implementación tendrían una profesionalización de la carrera y dejarán de regirse por las normas de la función pública; confirmación del seguro médico, la recontratación de funcionarios despedidos, la desprecarización laboral y la dotación de equipos de seguridad.
“Conversé con el presidente del Senado y de Diputados sobre la necesidad de tener una ley que regule el accenso, el sueldo, la seguridad laboral y de vida, el seguro médico, que puedan obtener los equipamientos, tecnología, uniformes, muchos aspectos que no eran considerados por el anterior gobierno y que han permitido que nosotros como Estado paraguayo tengamos una ausencia absoluta en el control de la cárceles y eso originó la corrupción, amedrentamientos y constantes amenazas contra nuestros funcionarios que responden muchas veces a los clanes que manejan las cárceles”, indicó.
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Participaron de la reunión, además del ministro Barchini, Enrique Arévalos y Antonio Cuenca, del Sindicato Nacional de Agentes Penitenciarios y Educativos del Paraguay (Sinapep); Vicente Ruíz Díaz, del Sindicato de Trabajadores de Centros Educativos y Penitenciarios (Sitracepen); Liz Báez, del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Ministerio de Justicia (Sitemjt); Miguel Zayas y Ramón Ávalos, de la Central Nacional de Trabajadores (CNT); y María Pintos, de la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT).
“La política de reinserción penitenciaria es fundamental para bajar el índice de criminalidad y violencia que se vive en las calles, todos estos flagelos que sentimos como sociedad, esto hace a la seguridad nacional del país, que se deben enfrentar con seriedad y una política de Estado proyectada con el tiempo. Con el apoyo del Congreso podemos ir a plantear la ley que se necesitan los funcionarios penitenciarios y solicitar las ampliaciones presupuestarias para los nuevos centros penitenciarios”, comentó.