El presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruíz Díaz, informó este viernes que el responsable de la Dirección General de Transparencia y Anticorrupción de la institución, Alfredo Gabriel Torres Espínola, fue apartado del cargo a raíz de denuncias realizadas por supuestos hechos de corrupción en su contra. La denuncia señala que el funcionario firmó dictámenes sobre si pertenece o no adjudicar una propiedad correspondiente a otras personas.
En comunicación con La Nación/Nación Media, Ruíz Díaz explicó que días atrás acudió a una audiencia pública en la Colonia Yvype, del distrito de Lima, departamento de San Pedro. En la oportunidad se acercó a realizar una denuncia la ciudadana Noelia Maldonado, ocupante y adjudicataria de un lote propiedad de la institución, quien explicó el caso que le afecta a ella y a su esposo Esteban Villamayor.
Como medida institucional informó que fue apartado el director general de Transparencia y Anticorrupción, y en su reemplazo fue designada la doctora Andrea Gissel Ramírez Centurión, quien tendrá la misión de iniciar la investigación de todos los procedimientos que haya ocurrido en la dirección que estuvo a cargo de esta persona. “Sin determinar aún quiénes son los involucrados, lo que sabemos inicialmente y del cual tenemos certeza es que hubo un procedimiento absolutamente incorrecto”, indicó.
Denunciados por invasión
El presidente del Indert calificó el hecho de muy grave, ya que los denunciantes están soportando un juicio oral por supuesta invasión de inmueble y están a punto de ser llevados a la cárcel, en el marco de un llamativo proceso penal instaurado por unos supuestos propietarios menonitas.
Mencionó que con un pie en la calle y otro en la cárcel, la mujer con cuatro hijos menores sigue siendo hostigada supuestamente por la misma Fiscalía de Santa Rosa del Aguaray, sin tener elementos suficientes del legítimo propietario de la tierra en cuestión, que es el Indert. Indicó que instauraron un proceso penal, cuya fase se encuentra en juicio oral y público a cargo del Tribunal de Sentencia integrado por el Abg. Guido César Marecos (presidente), Abog. Karina Von Tumpling (miembro de titular), Abg. Rodney Rejalaga (miembro titular).
Ruiz Díaz señaló que tras la audiencia pública volvió a la institución y ha corroborado que este proceso judicial se está basando aparentemente en el dictamen jurídico elaborado y firmado por el director Anticorrupción, Alfredo Torres, sin tener las atribuciones para entender en el caso, menos emitir dictámenes sobre si corresponde o no adjudicar una propiedad.
“La intervención de Alfredo Torres generó un caos jurídico que dio pie a que otros interesados soliciten la tierra en disputa e incluso haya sido utilizado como base para denunciar por invasión, coacción y desalojo a humildes colonos de la propiedad del Indert, quienes siguen sufriendo amedrentamiento y persecución violando sus derechos humanos y legítima defensa, consagrados en la Constitución Nacional”, señaló Ruiz Díaz.
Mencionó que el agravante de este caso es que la Fiscalía omitió todos los otros documentos informativos y oficiales de gran relevancia emitidos por la Dirección General de la Asesoría Jurídica, en el marco de procedimientos administrativos que lleva el ente rural en dicha colonia.
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