La Justicia Electoral realizará un monitoreo de las elecciones de abogados para la representación ante el Consejo de la Magistratura (CM), por el periodo 2023/2026, a fin de identificar posibles casos de doble voto. El director de Procesos Electorales, Carlos María Ljubetic, adelantó que de constatarse que los votantes incurrieron en esta acción, el caso no solo será remitido a la Fiscalía, sino también a la Corte Suprema de Justicia para las acciones legales correspondientes.
“La Justicia Electoral está monitoreando y sobre todo que terminada la elección en la verificación de los votantes en cada local va a identificar muy claramente a quienes cometieron ese delito y va a comunicar no solamente a la Fiscalía, sino también a la Corte Suprema de Justicia para los efectos legales”, detalló Ljubetic.
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Indicó además que se verificarán los votos en cada local habilitado para sufragar con el objetivo de verificar y constatar si se da este delito, identificar a los que incurrieron en este hecho y consecuentemente remitir el caso a las instancias ya mencionadas.
“No se puede desconocer que el padrón universal habilita la posibilidad de doble voto o de más votos. (…) Los electores pueden acudir a cualquier local de votación para sufragar. Eso quiere decir que en todos los departamentos de la República ellos tienen un local habilitado donde va a estar su nombre para sufragar, es una comodidad para los abogados, ya que estén donde estén van a tener un local cercano para ejercer su derecho”, señaló.
Las elecciones de abogados se desarrollarán el próximo sábado 28 de octubre, los comicios estarán habilitados a partir de las 7:00 hasta las 17:00, en 16 locales de votación, 170 mesas receptoras de votos y 250 máquinas de votación, incluyendo las de contingencia y capacitación.
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Falta de registro de miembros dificulta controlar financiamiento político de ONG
El director de financiamiento político de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, afirmó que la falta de registro de los integrantes de las organizaciones no gubernamentales (ONG) dificulta la trazabilidad (origen del dinero) y el control del financiamiento político partidario.
El funcionario electoral participó en la primera reunión de la Comisión Conjunta de Investigación de Antilavado del Congreso, en la que analizaron las dificultades y desafíos para monitorear el financiamiento político desde las organizaciones sin fines de lucro o no gubernamentales.
Ruíz Díaz subrayó la complejidad del tema abordado debido a las múltiples etapas y ámbitos que involucra, por lo que no se descarta que esta no será la primera vez que sea citado por los legisladores para hablar sobre el tema. Indicó que los parlamentarios formularon varias consultas, las cuales respondieron de acuerdo al conocimiento que tienen y el análisis que vienen realizando a las rendiciones de cuentas presentadas por las organizaciones políticas.
Aclaró que hasta la fecha no se ha identificado ninguna ONG que haya financiado directamente alguna campaña política o candidato en las últimas elecciones. Sin embargo, la conversación reveló que aún persisten preocupaciones en cuanto a la posibilidad de que individuos asociados a las ONG puedan financiar campañas a título personal.
“Producto de las verificaciones que hemos realizado no pudimos identificar a la fecha la existencia de alguna ONG que haya aportado a alguna candidatura, porque el trabajo continúa. Ahora, lo que nosotros necesitamos saber es quiénes integran las ONG, porque como organización tal vez no realicen los aportes, pero pueden realizar a través de una persona física”, remarcó.
No obstante, lamentó que no exista un registro de las personas que integran estas oenegés, ya que “no es como un partido político que cuenta con afiliados. Por tanto, se hace muy difícil la trazabilidad”, explicó.
ONG buscó controlar las elecciones
Mencionó el caso de la Organización Alma Cívica, vinculada a Soledad Núñez, que se había postulado como candidata a vicepresidenta en la chapa por la Alianza; además su esposo Bruno Defelippe se había presentado como candidato a senador. Esta misma organización había solicitado ser parte de las elecciones como observadores electorales nacionales, por lo que desde la Justicia Electoral al detectar esta situación decidió negarle el derecho a llevar el control electoral.
“Ahora de que se financie con el dinero de la ONG, claro que está mal y prohíbe el artículo 68. Lastimosamente, no existe un registro de quiénes son los que integran las comisiones directivas de las diferentes organizaciones sin fines de lucro; por tanto, se hace muy difícil la trazabilidad”, acotó.
Por otra parte, indicó que no solo se debe pensar en el financiamiento político, ya que ni bien exista dinero proveniente de hechos ilícitos fácilmente podría permear en cualquier estrato social y en cualquier etapa. Y la política tal vez sea la última, ya que elecciones se tiene cada cierto tiempo. “Por ello es importante que todas las instituciones del Estado trabajen en conjunto para llevar adelante los controles”, enfatizó.
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Mades y Senad redoblan esfuerzos para proteger áreas silvestres y combatir el narcotráfico
El Gobierno anunció que se redoblarán los esfuerzos para fortalecer el control y prevenir la degradación de los recursos naturales en las áreas silvestres protegidas, causada por los cultivos ilegales de marihuana, mediante acciones combinadas entre varias instituciones.
A tal efecto, el presidente de la República, Santiago Peña, recibió en audiencia este miércoles en Mburuvicha Róga, al ministro del Ambiente, Rolando de Barros Barreto y al titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Jalil Rachid. Ambas autoridades acordaron aunar esfuerzos para fortalecer el control y prevenir la degradación de los recursos naturales en las áreas silvestres.
En comunicación con el diario La Nación/Nación Media, el ministro del Ambiente Rolando de Barros Barreto explicó que desde que inició este gobierno están trabajando en el fortalecimiento de las áreas silvestres protegidas; ya que el principal enemigo de los recursos naturales, de los bosques y recursos naturales, hoy en día son los cultivos ilegales de marihuana, que por cada hectárea de cultivo ilegal, es una hectárea de pérdida de bosque natural.
El ministro enfatizó que esta situación es una gran problemática que se está viviendo no solo a nivel de medioambiente de las áreas protegidas, sino que también a nivel nacional teniendo en cuenta que la principal causa de destrucción de los recursos naturales en el Paraguay, es el crimen organizado y la plantación ilegal de marihuana.
Es por ello que se estableció trabajar de manera coordinada con la Secretaría Nacional Antidrogas, encabezada por el ministro Jalil Rachid, que sus agentes se encarguen de las acciones operativas de control y combate en las diferentes áreas silvestres protegidas privadas y públicas. Indicó que el fin es consolidar la seguridad, fortalecer las áreas y recuperar ciertos lugares que estaban prácticamente en abandono durante el gobierno anterior.
“Nuestro objetivo es aplicar políticas ambientales de conservación de la biodiversidad y protección de las áreas de influencias y de las comunidades que viven en los alrededores, que son los pueblos originarios. Entonces estamos llevando adelante diferentes acciones de intervención, monitoreo y contar con mayor presencia de las diferentes instituciones del Estado en las distintas comunidades afectadas”, explicó el ministro De Barros.
Acciones a la fecha
En otro momento, indicó que al asumir el gobierno, en las primeras acciones se habían detectado 23 pistas de aviación en el Parque Nacional Paso Bravo, ubicado al norte del departamento de Concepción, de las cuales algunas estaban inoperantes y otras estaban operativas, y que después de intervenciones conjuntas ya se anularon 5 pistas.
Mencionó además que ya se realizaron intervenciones conjuntas en Caazapá en el parque San Luis, e informó que se preparan otras nuevas intervenciones, que se llevarán a cabo con el objetivo de reducir la cantidad de plantaciones ilegales.
“Tenemos aproximadamente unas 3.900 hectáreas de plantaciones de marihuana o zonas que fueron utilizadas para el cultivo ilegal, en lo que respecta a las áreas silvestres protegidas públicas. Pero mayor cantidad de áreas privadas, como Campos Morombí y Moisés Bertoni en Mbaracayú”, acotó.
El ministro Rachid destacó además que gracias a estas intervenciones que se realizan de manera conjunta entre la Senad y el Mades en las áreas protegidas, ya se ha logrado reducir significativamente la cantidad de plantaciones ilegales, instalando igualmente el orden y seguridad en dichas áreas. Pero se siguen haciendo intervenciones de manera permanente, ya que el monitoreo es importante en estas áreas que son extensas.
Al respecto, señaló que una de las áreas de parque más afectadas dentro de toda esta problemática de plantaciones ilegales es el Parque Nacional San Rafael, que se ubica entre los departamento de Caazapá e Itapúa, con más de 1.600 hectáreas de cultivo de marihuana.
“Por eso, este tema es una problemática ambiental, de seguridad y que a la vez causa problemas sociales, por lo que también es un área crítica que se está trabajando con las diferentes instituciones del Estado para poder controlar”, concluyó.
En tanto, desde el Gobierno han resaltado que estas acciones demuestran el firme compromiso del Gobierno en la lucha contra el crimen organizado, protegiendo nuestros recursos naturales y garantizando la seguridad de nuestras comunidades, anunciaron desde la Presidencia de la República.
LAS CLAVES
- El principal enemigo de los recursos naturales, de los bosques y recursos naturales, hoy en día son los cultivos ilegales de marihuana.
- Mades y Senad llevan adelante un trabajo conjunto y coordinado en la destrucción y monitoreo de las plantaciones ilegales en las áreas silvestres protegidas.
- Establecieron acciones de intervención, monitoreo y contar con mayor presencia de las diferentes instituciones del Estado.
- Preparan otras nuevas intervenciones, que se llevarán a cabo con el objetivo de reducir la cantidad de plantaciones ilegales.
- Existen unas 3.900 hectáreas de plantaciones de marihuana o zonas que fueron utilizadas para el cultivo ilegal, en lo que respecta a las áreas silvestres protegidas públicas y privadas.
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Ley de inscripción automática al RCP facilita trámites a compatriotas en el extranjero
Desde la Justicia Electoral recuerdan que la Ley Nº 69517/22, que establece la inscripción automática en el Registro Cívico Permanente (RCP) de ciudadanos paraguayos residentes en el extranjero, estableció dos mecanismos para la actualización de datos de los compatriotas que residen en el extranjero y así inscribirse y posteriormente votar en el exterior. La institución electoral conformó además un departamento de electores residentes en el extranjero, dependiente de la Dirección del Registro Electoral.
De acuerdo al comunicado oficial, los compatriotas que residen en el extranjero tienen la posibilidad de inscribirse en el RCP vía Web, ingresando al rcpe.tsje.gov.py, donde accederán a un formulario de inscripción y podrán actualizar su nuevo domicilio en el extranjero, así también la ley estableció realizar esta actualización de datos de manera presencial a través de las oficinas diplomáticas y consulares habilitadas para el efecto.
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Asimismo, recuerdan que todo compatriota mayor de 18 años, puede acceder a la inscripción al RCP, presentando su cédula de identidad civil o pasaporte para estar habilitado a votar en el exterior para las próximas elecciones. Las inscripciones arrancaron el 1 de marzo y culminan el 30 de diciembre de este año.
En tal efecto, señalan además que está habilitado el correo electrónico para consultas tsjedepartamentoexterior@gmail.com o el número telefónico línea o WhatsApp +59521 618-0001 de atención especializada. Aquí dejaron un tutorial del paso a paso para completar el formulario vía web https://www.youtube.com/watch?v=fI9r7s06jDI.
Finalmente, desde la Justicia Electoral indican que con estas acciones facilita a los compatriotas la inscripción y actualización de datos al RCP para que posteriormente puedan participar de las elecciones nacionales de futuras autoridades.
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Liberales apelan a la Justicia Electoral para solucionar crisis
Ante el pedido de algunos dirigentes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) de adelantar los comicios internos para renovar autoridades partidarias, algunos senadores y diputados acudieron ayer hasta la Justicia Electoral para conocer las opiniones legales al respecto.
La reunión se realizó con los ministros César Rossel, Jaime Bestard y Jorge Bogarín, miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
El senador Enrique Salyn Buzarquis dijo que los ministros electorales aclararon que de adelantarse las elecciones internas, no podrían usar las urnas electrónicas teniendo en cuenta que las mismas estarían disponibles recién a partir de noviembre de 2025, toda vez que no haya protesta en el proceso licitatorio, indicó.
“Adelantar las elecciones partidarias por seis meses al período legal ya no tiene sentido y peor aún si en el período de un año hacer tres elecciones seguidas. Es decir, internas partidarias a fin de 2025, internas municipales en junio de 2026 y las generales municipales en noviembre de 2026, es un absurdo”, indicó Salyn Buzarquis.
Agregó que “las autoridades partidarias fueron electas por cinco años y ellos son presidentes y miembros de Comités, convencionales y miembros del Directorio. Así como establece la Constitución Nacional, el Código Electoral y el Estatuto Partidario, bajo ningún sentido se puede acortar ningún mandato de cinco años legitimados por el voto popular”.
El senador Salyn Buzarquis manifestó que la dirigencia del Partido Liberal debe respetar lo que establece la ley. En la reunión con los ministros electorales estuvieron los senadores Salyn Buzarquis, Éver Villalba, Líder Amarilla y José “Pakova” Ledesma. Además de los diputados Arnaldo Valdez, Billy Vaesken, María Benitez, Antonio Buzarquis y Jorge Ávalos Mariño.
POR LA RENOVACIÓN DE AUTORIDADES
Los dirigentes del PLRA que piden adelantar los comicios internos para renovar las autoridades partidarias están encabezados por la senadora Celeste Amarilla, los diputado Freddy Franco y Rodrigo Blanco, entre otros. Argumentan el pedido de la falta de liderazgo y la confianza de varios movimientos al actual presidente del partido, Hugo Fleitas, quien había asumido el cargo tras la salida de Efraín Alegre.