El auditor forense de la Contraloría General de la República (CGR), abogado Leandro Villalba, informó que tras el trabajo de auditoría realizado a la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) detectaron una serie de irregularidades sospechosas. Ante esta situación, indicó que debido al riesgo potencial existente en ciertas operaciones ejecutadas por anteriores administraciones, se concluyó que lo mejor era remitir al Ministerio Público los reportes de indicios de hechos punibles.

Al respecto, el experto manifestó en comunicación con radio 1000 AM, que la CGR realizó el estudio sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2022, dos actividades de control: por un lado, la Dirección de General de Bienes Patrimoniales, que se encarga de analizar cómo la institución maneja su patrimonio y activos, ya sean muebles, equipamientos, vehículos, etc.

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Así también se realizó el control a través de la Dirección General de Control de la Administración Descentralizada que analizó la parte de las finanzas de la administración. Indicó que los informes finales fueron publicados como parte del plan general de auditorías de la Contraloría General, que se presentó al Congreso Nacional.

Al respecto, indicó que existen algunas observaciones que son relevantes, que tienen una connotación un poco más delicadas y que fueron profundizadas en la Dirección de Auditorías Forenses a los efectos de delimitar si existe o no un mérito para comunicar o no al Ministerio Público, sobre la posible comisión de hechos punibles.

“Presentamos los reportes de indicios de hechos punibles, tras realizar lo que corresponde a estas observaciones entendimos prudente por el riesgo potencial que se presenten en cada una de ellas transmitir al Ministerio Público la información de algunas de las observaciones en dos reportes”, explicó.

Manifestó que realizando los estudios sobre los bienes patrimoniales, no han podido comprobar el estado de unas 958 máquinas expendedoras de combustible pertenecientes a Petropar, esto a pesar de que la empresa fue consultada y no presentó los documentos respaldatorios.

Señaló que otras de las observaciones tienen que ver con un camión que ya era viejo, que tuvo un proceso de reparación mayor, lo que significa que se realizó un trabajo importante, pero curiosamente ese arreglo tenía un costo mayor que el propio camión y además no terminó siendo fructífero.

“Consecuentemente por el riesgo potencial entendimos prudente remitir estos antecedentes al Ministerio Público y estas observaciones dan cuenta de un posible perjuicio patrimonial, de cerca de G. 40.000 millones. Esto en lo que respecta a la auditoría de bienes patrimoniales. Todo esto, está sentado en el documento que fue remitido al Ministerio Público”, indicó.

El abogado Villalba remarcó que el reporte parte de los indicios que deberán delimitar el Ministerio Público, en el ámbito de su competencia, si corresponde o no dar apertura a una causa penal y eventualmente la Justicia debe juzgar sobre los eventuales hechos delictivos.

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