La política penitenciaria y la política criminal es una prioridad que urge ser atendida, una situación a punto del estallido que requiere de cambios profundos, cambios que desde el Ministerio de Justicia apuntan a ser implementados a corto, mediano y largo Plazo. En esta entrevista para La Nación/Nación Media, el viceministro de Política Criminal Rodrigo Nicora, habló de los ejes principales para la cartera del Estado.

Son siete los ejes fundamentales que hacen parte de la proyección del Ministerio de Justicia para resolver la situación penitenciaria en el país, que fue foco de una inestable situación, que al día de hoy sigue activa. Para cambiar este panorama penitenciario, son varios los aspectos citados por el viceministro Nicora como prioridades de carácter urgente a ser trabajados e implementados.

“La tarea es día a día, hora a hora, no tenemos fin de semana ni feriado, estamos más que preocupados, ocupados en cambiar esta realidad”, fueron las expresiones del viceministro de Política Criminal que desglosa las proyecciones del Ministerio de Justicia.

“Tenemos varios ejes estratégicos que nos parecen fundamentales para poder llevar adelante una política criminal eficiente y efectiva, dentro de esos ejes me parece oportuno resaltar, de la mano también con todo lo que estuvo viviendo y que es de público conocimiento, en referencia a nuestro sistema penitenciario y puntualmente en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú”, apuntó a LN.

Como uno de los primeros ejes, Nicora citó la adaptación de la ley orgánica del Ministerio de Justicia y una base sólida jurídica, teniendo en cuenta que esta cartera del Estado sigue utilizando la normativa desde su creación, del año 1948.

“Históricamente, el Ministerio de Justicia no tiene una ley orgánica, una base sólida jurídica, legislativa que nos pueda servir de herramienta para establecer todas las políticas de fondo, en ese contexto se entendió que ante este nuevo gobierno eso tiene que cambiar. Desde 1948, desde la creación del Ministerio de Justicia y Trabajo, cuando eso, al día de la fecha no tenemos una ley orgánica, incluso, nuestro primer eje, nuestro primer objetivo, es la reforma legislativa y normativa”, señaló.

Esto para que pueda servir de herramienta “para poder trabajar de fondo con todas las líneas de acción para mejorar el sistema penitenciario y sobre todo, la calidad de vida de las personas privadas de libertad”. De acuerdo a las afirmaciones del viceministro esta nueva normativa estaría siendo presentada al Congreso Nacional en los primeros 100 días de gobierno.

Estos son dos aspectos, también de carácter urgente para el Ministerio, teniendo en cuenta que se deben fortalecer y retomar la realización de todo lo que es la gestión judicial a través de los medios telemáticos, ya que esas herramientas que se encuentran a disposición actualmente permiten atacar uno de las problemáticas principales que es el hacinamiento.

“Nosotros como facilitadores del acceso a la justicia, entendemos que los procesos judiciales que tienen que ser más ágiles, más fáciles, la tecnología a través de los medios telemáticos ayude y facilite a la realización de audiencias de sustitución de la prisión preventiva, juicios orales, etcétera”, refirió el viceministro a Nación Media.

Además de la actualización del sistema de información penitenciaria, “para establecer políticas públicas uno necesita contar con número cuantitativos, si nosotros tenemos un sistema de información penitenciaria actualizado y eficiente podemos sacar número concretos y trabajar sobre una realidad, y poder hacer una comparación de la gestión actual a lo que podamos trabajar un corto lapso de tiempo, mediano y largo también”.

La implementación del control de biovigilancia, escáneres, detector de metales y otros tipos de mecanismos de seguridad también es un proyecto establecido por el Ministerio, como “un paquete de un universo de cuestiones que hacen que la tecnología facilite mucho el trabajo del recurso humano”.

Un Ministerio transparente en su gestión, también hace parte de esta proyección, para dar respuesta a la ciudadanía sobre los gastos y los trabajos que se realiza. “Entendemos que, si no damos a conocer cada paso que damos como institución, no solamente como Ministerio de Justicia, sino a nivel estatal, entonces no vamos a poder rendir ante la ciudadanía qué estamos haciendo, cómo estamos haciendo y qué recursos estamos usando para eso”, aseveró Nicora.