El Congreso Nacional lleva adelante el estudio del informe de Contraloría General de la República sobre la ejecución presupuestaria del 2022, donde detalla varios hechos de corrupción que rondaría los G. 4 billones de guaraníes. A fin de analizar este estudio, el Legislativo, instituyó una Comisión Bicameral especial donde se estudia dicho informe, para conocer sobre el avance de este análisis, fue invitado del programa Fuego Cruzado que se emite por GEN, el senador Dionisio Amarilla, que preside esta mesa de trabajo.
Al respecto, el parlamentario comentó que el informe consta de 10 tomos que fueron remitidos al Congreso Nacional, en virtud a lo que establece el artículo 282 de la Constitución Nacional. Mencionó además que para un mejor desglose del informe, atendiendo que esta comisión bicameral tiene un plazo de 45 días para elaborar un dictamen, se han distribuido las instituciones entre los diferentes legisladores que conforman la bicameral. Indicó que el dictamen podría aprobar, objetar o hacer alguna salvedad respecto al informe.
Indicó que el informe fue elaborado a partir de auditorías que practicó la Contraloría General de la República, en las diferentes entidades y organismos del Estado, incluido Gobernaciones y Municipalidades. El senador Amarilla indicó que se han puesto a revisar los documentos, y a la vez han solicitado a la Contraloría acceder al listado de reportes de hechos punibles al Ministerio Público.
“Confirmamos que nuestra interpretación del informe remitido al Congreso de la Nación era la correcta, porque habrán visto el jueves quisimos tener la presencia del expresidente del Instituto de Previsión Social, el doctor Vicente Bataglia, quien remitió una nota excusándose de no participar porque la causa ya está en el Ministerio Público, lo que nos pareció llamativo, porque era una oportunidad de explicarnos de manera somera su visión sobre el reporte de la Contraloría”, comentó.
Indicó que ante la ausencia del extitular del IPS, y con la presencia de los mismos auditores que llevaron adelante el informe han confirmado esos hechos punibles. Indicó que la denuncia de corrupción y daño patrimonial en el IPS está orillando los G. 1,7 billones (USD 230 millones) aproximadamente, que corresponde a medicamentos no identificados, insumos y bienes adquiridos no identificados, que corresponde solamente a la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2022.
“Los hechos punibles denunciados por la Contraloría, también contiene otros ejercicios fiscales, pero el informe que nosotros estamos tomando como elemento de análisis es exclusivamente sobre la ejecución, el saldo de la deuda, la gestión del Ejecutivo correspondiente al ejercicio fiscal 2022. No obstante, a partir de la confirmación de la interpretación que teníamos como órgano político del informe técnico de la Contraloría era el correcto, a partir de ahí nos propusimos ampliar el análisis″, explicó.
En tal sentido, informó que se están analizando los reportes de Contraloría sobre el MOPC, igualmente están realizando el mismo análisis con respecto a Petropar, igualmente han solicitado informe sobre los hechos punibles y si los mismos se han presentado ante la Fiscalía. Indicó que hechos similares se están notando en el Instituto Nacional del Cemento (INC), Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), entre algunas gobernaciones y municipios que están con observaciones de la Contraloría.
MOPC sin respaldo en ejecuciones
El senador Amarilla, presentó en el programa el informe que corresponde al MOPC, en la cual señaló que específicamente en el punto número 9 del informe señala que esta institución tiene por descargar en el balance institucional una cuenta denominada “Obras Civiles en ejecución”. “En ese punto, solamente se observa que 4 billones 646 mil millones de guaraníes no tienen la composición detallada, ni discriminada del saldo inicial, ni final al ejercicio anterior”, citó del documento.
Remarcó que estas cuentas contables se refiere a la construcción de rutas, puentes, carreteras, entre otros; cuyo dato hace cuentas a las licitaciones, contratos, importes de contrato, obras en ejecución, las que están rescindidas, las que están paralizadas, culminadas entre otros.
“Son cifras muy grandes, y el tiempo es muy corto, son apenas 45 días, pero en el ánimo nuestro está que la Contraloría, en un lenguaje accesible, didáctico, pedagógico, aproveche ese tiempo que le estamos dando nosotros y que gracias a la compresión del Presidente del Congreso se permite la transmisión de esa audiencia, de manera tal que la ciudadanía dimensione el perjuicio causado”, remarcó.
Remarcó que están buscando dejar un precedente en la Comisión Bicameral de Cuentas y Control para que otras comisiones actúen de la misma forma. Por eso, anunció que están buscando que esta comisión especial se establezca de manera permanente y para ello ya están trabajando para dejar por escrito los métodos de trabajo, el desglose del informe de la Contraloría General, entendiendo que el órgano contralor de la CGR es justamente el Congreso Nacional. “No queremos que esto vaya a dormir el sueño de los justos ni en el Ministerio Público, y mucho menos, que aquellos hechos que están siendo investigados tenga la parsimonia como coadyuvante de su gestión”, indicó.
Siga informado con: Largas filas en Consulado argentino en Paraguay para votación presidencial