El senador Rubén Velázquez, integrante de la Comisión Bicameral que estudia el informe presentado por la Contraloría General de la República sobre las irregularidades en la ejecución del Presupuesto General del Estado (PGN) del 2022, indicó que, de constatarse indicios de hechos punibles, el dictamen podría ser remitido al Ministerio Público, y resaltó su preocupación por el peligro que suponen los incumplimientos en construcciones del Instituto de Previsión Social (IPS).

“El carácter de esta comisión es de control, es un órgano también jurisdiccional; por tanto, lo que nosotros vamos a tener es un dictamen que va a tener una consecuencia política y obviamente también jurídica, si nosotros evidenciamos la comisión de hechos punibles vamos a estar emitiendo estos antecedentes al Ministerio Público, que es lo que considero que corresponde”, explicó Velázquez, este viernes, en entrevista al programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El legislador aclaró que la decisión debe ser tomada por el pleno de ambas cámaras, Senadores y Diputados, una vez que se concluya con el informe en la Comisión Bicameral, que tiene el plazo de 45 días para culminar el trabajo. “Antes vamos a hacer nuestro informe a la plenaria en nuestras respectivas cámaras, que serán las que van a tomar la decisión final conforme a nuestro informe presentado”, manifestó.

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El senador Velázquez también se refirió a las irregularidades señaladas en la administración del Instituto de Previsión Social (IPS) a cargo de Vicente Bataglia, quien fue convocado por la comisión y no se presentó. “Hemos convocado a Bataglia a fin de que él también pueda aclarar, pueda explicarnos estas observaciones proveídas por la Contraloría, a fin justamente de ser objetivo nuestro trabajo, a fin de que esto sea imparcial y él no asistió. Seguimos avanzando con nuestro trabajo de verificación del informe presentado por la Contraloría”, indicó el senador.

Explicó que la primera institución analizada por la comisión fue IPS, por lo que se realizó un análisis a fondo y se encontraron varias inconsistencias: “Por ejemplo, no contaba con los documentos de respaldo y de la composición de los saldos que tiene de pago de proveedores de bienes y servicios por un monto aproximado de 1,2 billones de guaraníes, lo que representa una suma de alrededor de 170 millones de dólares”.

“Respecto a obras, encontramos que en el caso del Hospital de Ingavi existen diferencias entre la cantidad especificada y la realmente ejecutadas, además de incumplimiento en cuanto a especificaciones técnicas y normas, esta diferencia económica totaliza un monto aproximado de 1.900 millones de guaraníes”, de acuerdo a las explicaciones del senador.

Manifestó que lo que más le llama la atención es que estas irregularidades ponen en riesgo la seguridad de los que acuden a las instalaciones del hospital. “Los incumplimientos de especificaciones y normas resultan en condiciones de servicios inferiores a las contratadas, y a mí particularmente, me llamó la atención, de que esto pone en riesgo la seguridad de las personas debido a estas instalaciones”, apuntó.

Detalló que se observaron que existen más de 9.000 bienes, entre ellos hablamos de muebles, equipos, inclusive vehículos que no pudieron ser localizados y figuran como faltantes en el propio inventario del Instituto de Previsión Social.

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