La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya emitió el jueves órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant y el líder del brazo armado de Hamás Mohamed Deif, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

“La sala emitió órdenes de detención contra dos individuos, Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos al menos desde el 8 de octubre de 2023 hasta el 20 de mayo de 2024″, informó la CPI, añadiendo en otro comunicado que también pidió la detención de Deif, jefe militar del movimiento islamista palestino.

Según Israel, Deif murió en un ataque el 13 de julio en el sur de Gaza, aunque Hamás niega su muerte. “La decisión antisemita de la Corte Penal Internacional es comparable a un juicio Dreyfus actual que terminará de la misma forma”, reaccionó Netanyahu, según un comunicado de su oficina.

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El dirigente hace alusión al caso del capitán judío Alfred Dreyfus, condenado por traición a finales del siglo XIX en Francia y que luego fue absuelto y rehabilitado. Para el jefe de la diplomacia israelí, Gideon Saar, el tribunal de La Haya “perdió toda la legitimidad de existir y actuar” tras emitir “órdenes absurdas y sin autoridad”.

Hamás, por su parte, se congratuló de la medida de la CPI. “Es un paso importante hacia la justicia, que puede permitir a las víctimas obtener reparación, pero sigue siendo modesto y simbólico si no cuenta con el pleno apoyo de todos los países del mundo”, declaró Basem Naim, miembro del buró político del grupo islamista palestino, en un comunicado, sin hacer mención alguna a la orden de arresto de Deif.

La CPI clasificó los mandatos como “secretos” para proteger a los testigos y garantizar el desarrollo de las investigaciones, declaró la corte. “Sin embargo la cámara decidió divulgar la información que se detalla porque parece que continúan comportamientos similares a los señalados por el mandato de detención”, afirmó.

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“Además la cámara considera que es en interés de las víctimas y sus familias que se les informe de la existencia de éstos”, agregó. La decisión de la CPI limita los desplazamientos de Netanyahu, porque cualquiera de los 124 países miembros está obligado a arrestarlo en su territorio.

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“La inseguridad en Alto Paraná está en auge. Estamos cerca de fin de año y las olas delictivas pueden empezar a aumentar”, sostuvo el senador del movimiento Yo Creo, Rubén Velázquez, tras referirse sobre el atraco registrado en la noche de este último miércoles a una entidad bancaria por parte de un grupo de diez delincuentes fuertemente armados.

“Fue un episodio muy importante lo que pasó en Naranjal, un asalto tipo comando con explosivos y armas de grueso calibre. Los pobladores de Alto Paraná están muy preocupados por estos hechos y considero que el Ministerio del Interior tiene que tomar acciones inmediatas”, indicó a los medios de comunicación.

Durante el atraco, los malvivientes esparcieron clavos miguelito por toda la zona y dañaron dos patrulleras policiales y al menos tres vehículos particulares. Según el informe proporcionado por las autoridades del banco, mediante un arqueo se determinó que la cifra sustraída equivale a G. 2.800 millones en billetes de varias denominaciones, entre dólares y reales.

“Voy a reunirme con el ministro Enrique Riera y con mi equipo pediremos informes para tener mayor información sobre los hechos acaecidos. Los datos que pueda obtener serán muy importantes porque me permitirá plantear una declaración de emergencia contra la ola de inseguridad existente, los hechos delictivos aumentan con la llegada del fin de año”, comentó.

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Asimismo, el parlamentario de la oposición dijo que no se puede descartar una posible complicidad policial. “Hay una desidia total de la Policía Nacional, es muy llamativo que el servicio de inteligencia ya tenía conocimiento que se estaban organizando grupos criminales para perpetrar atracos en el departamento, sin embargo no están haciendo nada al respecto. Tres horas después de una alerta policial la entidad bancaria fue sujeto a un asalto”, refirió.

Velázquez acotó que “me preocupa aquí que exista una complicidad por parte de policías. Por qué no actuaron si ellos ya tenían informaciones. Esto es mucho más preocupante más allá de una suerte de desidia o inoperancia”.

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Durante la jornada de ayer sábado, la Policía Nacional recibió un total 2.121 llamadas en el sistema 911 de los cuales el 75 % fueron de no emergencia, situación que retrasa las atenciones a aquellas personas que realmente necesitan ayuda. Asistieron a 114 casos de violencia familiar en un día.

Según el informe emitido por la institución, durante la jornada del 2 de noviembre ingresaron 2.121 llamadas al sistema de emergencias, de las cuales 1.490 representan a aquellas que no necesitaban de ayuda. La mayoría de estos contactos era de personas que llaman, pero no contestan, así como de niños jugando.

La mayor cantidad de ingresos fueron de ciudadanos que llaman y no contestan, con 1.128 casos registrados ayer, y 120 de aquellos que contactan en forma equivocada. En tanto que, hay personas que marcan para pedir información, que totalizaron 101 llamadas, y también un caso de contacto por mensajería.

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Siguen en la lista los niños que juegan con los aparatos celulares y marcan al sistema 911, en esta oportunidad fueron 44; también figuran los que llaman para insultar o decir obscenidades a las operadoras con 3 contactos y suma la lista las llamadas operativas fueron 29 en total.

Fueron atendidos 631 casos de emergencias reales, entre ellos: 114 hechos por violencia familiar, 133 denuncias e intervenciones por polución sonora y 80 casos por perturbación a la paz pública. La lista sigue con reportes de 64 accidente de tránsito y 10 casos de hurtos o robos, todos fueron asistidos por la Policía Nacional.

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“El banco (del grupo Zuccolillo) no debió hacer los desembolsos, tenía que resguardar que la operación o el objetivo de la fiducia se cumpla”, mencionó la jefa de Dictámenes y Contratos del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorgelina Gómez, al referirse al contrato de fideicomiso firmado entre la previsional y la entidad bancaria por valor de G. 828.000 millones.

“A través del banco se buscaba resguardar los fondos para un objetivo específico que era la construcción de 4 hospitales. Existió una clausula establecida en el contrato de fideicomiso, para que el banco pueda hacer el desembolso se tenía que haber emitido los certificados de obras, que debían estar firmados por el fiscal de obras, por el director de infraestructura, por el gerente administrativo financiero y por el presidente del instituto”, indicó al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La millonaria suma debió ser utilizada exclusivamente para obras: la terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.

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Mediante una consultoría externa impulsada por la actual administración del IPS se detectaron desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.

“Resulta ser que el Instituto de Previsión Social es una entidad muy verticalista y su máxima autoridad institucional es el Consejo de Administración. Tuvo que haber sido el Consejo de Administración a través de una resolución, esa es la máxima autoridad institucional del IPS. Ningún funcionario por debajo del Consejo de Administración puede decidir este tipo de situaciones (desembolso) o modificaciones al contrato”, sostuvo.

Acotó: “La información que se tiene (sobre el avance de las investigaciones fiscales) es muy escasa, entiendo que están en una etapa investigativa, que están haciendo las averiguaciones porque esto también pasa mucho por el área de infraestructura, de la gerencia administrativa y financiera para hacer el cruce entre los certificados de obras que existían y los pagos que se realizaron”.

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