El senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, que lleva adelante el análisis del informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre las irregularidades de la administración del gobierno de Mario Abdo Benítez, expresó que comprobado por el informe “es alevoso, esto no tiene nombre, esto asquea”, en una entrevista al programa “Cara o cruz” de Unicanal.

El legislador dijo que son innumerables las irregularidades administrativas encontradas por la Contraloría, por lo que la comisión asesora de la Cámara de Senadores está buscando llegar a la verdad y, principalmente, que estos hechos no queden cajoneados.

“A nosotros, desde la Comisión de Cuentas y Control, que hoy se ha constituido en bicameral, nos interesa llegar a la verdad. Nada de lo que esté en el informe de la Contraloría, de mi parte, será fabricado, pero todo lo que esté en el informe de Contraloría será informado al pleno del Senado para que esta termine aprobando o rechazando el informe de la Contraloría”, expresó Amarilla.

El senador indicó que el dictamen de la comisión tiende a sugerir al Congreso Nacional que se realice una denuncia penal contra todas las irregularidades encontradas. “Nuestra sugerencia hoy tiende a que el Congreso termine también haciendo una denuncia, de motu proprio”, apuntó.

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El legislador presentó documentos en los que se pueden observar las irregularidades en el Instituto de Previsión Social (IPS), donde se encontraron hechos punibles que orillan los G. 1,2 billones, detallados en cuatro reportes de la Contraloría.

“Traje cuatro reportes de hechos punibles que guardan relación con el Instituto de Previsión Social, la Contraloría lo caratula así: reporte número 55, reporte 54, el 53 y el 52. En el Instituto de Previsión Social estamos hablando de hechos punibles que orillan los 1,2 billones de guaraníes, eso en una calculadora común no entra, la gente que quiera descifrar esto, es mucha plata, estamos hablando de casi 200 millones de dólares en una sola institución”, indicó.

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Este caso ya fue denunciado ante el Ministerio Público, y Amarilla indicó que “la Fiscalía seguramente citará a los auditores para que estos se ratifiquen en la carpeta de trabajo que derivó en el informe final. Nos contaban desde la Contraloría de que ellos dentro de su estructura de fidelización de informes reciben las hojas de trabajo de los auditores”.

Por otra parte, comentó que en uno de los informes finales, el 758 de la Contraloría, tiene al menos 50 observaciones: “De esas 50 observaciones la Contraloría General de la República fue seleccionando a su vez la que generaron hechos punibles, estamos hablando de una suma puede resolver tranquilamente los problemas que se tienen hoy con las penitenciarías, que sin ningún problema a la par se investiga el acueducto, se puede ser un acueducto paralelo, puede subsanar la problemática que tienen los concepcioneros desde Pozo Colorado a Concepción”.