El Tribunal de Cuentas de la Primera Sala resolvió suspender la vigencia de una adenda referente al contrato colectivo de los trabajadores de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). De acuerdo a lo explicado por el asesor jurídico de la hidroeléctrica, Eduardo González, la disposición contractual era irregular puesto que se otorgaba fuero sindical a 700 funcionarios, contrario a lo que dispone la legislación.
González detalló que con dicha adenda, todos los miembros de los sindicatos pudieron acceder al fuero sindical, esto cuando la ley habilita solo a 11 trabajadores por cada institución. La suspensión de la vigencia de este beneficio fue solicitado por la Procuraduría General de la República.
“Hacer lugar con costas, a la medida cautelar solicitada por la Procuraduría General de la República y en consecuencia ordenar la suspensión de los efectos de la resolución 1.235 del Viceministerio del Trabajo por la cual se homologa y registra la adenda N° 1, 2 y 3 al contrato colectivo de condiciones de trabajo, suscripto entre la Entidad Binacional Yacyretá y sus sindicatos”, reza el documento.
Según la entidad, este hecho representaba una “acción de lesividad administrativa” y bajo esa carátula la EBY, bajo la administración del director Luis Benítez, presentó el caso ante la Procuraduría debido que la adenda irregular fue avalada por el Viceministerio del Trabajo.
La hidroeléctrica se compone de unos 1.900 funcionarios, y al menos 700 lograron esta inmunidad irregular mediante la adenda. González explicó que el fallo del Tribunal responde a que se consideró que la resolución del Viceministerio no corresponde a derecho.
Mediante asesoría jurídica la EBY ha logrado importantes victorias. Eduardo González detalló que mediante la reestructuración de los recursos humanos, juicios ganados y levantamiento de embargos la entidad pudo generar un ahorro que se sostendrá de aquí en adelante en alrededor de G. 8.000 millones.
“Logramos el levantamiento de embargos, ya que había superposición de los mismos con respecto a algunas cuentas referentes a juicios laborales en contra de la institución”, explicó González en una comunicación anterior con La Nación/Nación Media y añadió que el ahorro podría escalar a G. 28.000 millones si se confirma una resolución que estipula un beneficio económico de unos G. 20.000 millones.