En el transcurso de este lunes, el Congreso Nacional instaló la Comisión Bicameral que analizará el informe y dictamen emitido por la Contraloría sobre el estado financiero del Ejecutivo y otras instituciones del Estado, el cual destapó varias irregularidades generadas durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
El lapidario informe es el resultante de 4.000 auditorías correspondiente al ejercicio fiscal del año 2022 y el primer cuatrimestre del año 2023. Al respecto, fue designado como presidente de la comisión el senador Dionisio Amarilla y como vicepresidente, el diputado Luis Federico Franco, ambos del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
También integran la comisión los senadores José Daniel Oviedo Antúnez, Antonio Rubén Velázquez, Lizarella Valiente y Noelia Cabrera. Mientras que por la Cámara Baja fueron electos Raúl Benítez, Mauricio Espínola, María Ida Cattebeke y Yamil Esgaib.
Amarilla comentó que la comisión contará con el plazo de 45 días para emitir un dictamen y la plenaria de ambas cámaras tomarán “partida sobre qué final dará al informe de la Contraloría, es extenso, seguro iremos primero por el análisis de los informes calificados por la institución como no razonables y luego veremos si nos da el tiempo para incursionar en los otros tipos de calificaciones”.
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Entre algunas de las irregularidades detectadas por la CGR se tiene una diferencia de más de G. 53.262 millones en el Ministerio de Justicia, entre el saldo de las cuentas y el inventario de bienes de uso, y esta es una sola irregularidad de las detectadas en el mismo ministerio.
Una de las instituciones más golpeadas por la corrupción generalizada que arrasó con la administración pública en el anterior gobierno es el Instituto de Previsión Social (IPS), donde, por ejemplo, se utilizaron más G. 1.157 millones en combustibles sin respaldo de documentos. También en el Hospital Ingavi, la CGR detectó un faltante de G. 1.923 millones entre las obras ejecutadas en papeles y la realidad.
Como si no bastara, también se detectaron faltantes de bienes del IPS por un valor cercano a los G. 43.000 millones. Deudas y faltantes por montos siderales también fueron registrados en los ministerios de Educación (MEC), Interior, Obras Públicas (MOPC) y Defensa Nacional, así como en Aduanas, donde, como muestra, no fueron registradas propiedades donadas por el Centro de Despachantes del Paraguay, valuadas en alrededor de G. 16.000 millones.
Asimismo, el contralor general de la República, Camilo Benítez, había presentado un breve informe sobre el Ministerio de Defensa Nacional, específicamente sobre la Dirección del Material Bélico (Dimabel), donde se detectó que no se realizaron registros contables por la venta de armas y municiones por un valor de G. 1.300 millones y la venta de créditos por G. 17.000 millones.