Desde la Oficina Técnica Penal indicaron que están expectantes a la llegada de las primeras 100 tobilleras electrónicas, dispositivos que se utilizarán inicialmente para los casos vinculados a violencia familiar. La jueza Silvana Luraghi, coordinadora de la mencionada unidad, manifestó que esto garantiza el monitoreo para los victimarios y también la seguridad de las víctimas.

“Tenemos información desde el Ministerio del Interior que a fines de noviembre y entre los primeros días de diciembre se estaría implementando el uso de estos dispositivos electrónicos que en nuestro caso serían las tobilleras electrónicas. La implementación va a ser de manera gradual y en un principio solo para la circunscripción judicial de capital”, explicó.

La ley establece que esta medida podrá ser aplicada para los casos de medidas cautelares de arresto domiciliario (procesados) y para las personas con condenas de prisión domiciliaria (condena firme). De acuerdo a lo expuesto por la jueza, en contacto con la 780 AM, la legislación no establece un límite respecto a los tipos de hechos punibles para los cuales se utilizarán las tobilleras, no obstante, existe un criterio que tendrán en cuenta.

“Todos los magistrados sabemos que tenemos mucha responsabilidad al momento de utilizar esta herramienta legal, pero creemos que la política criminal que vamos a seguir en este sentido es otorgar en casos en que no pongamos en peligro a la sociedad, como son los casos con mucho éxito de otros países en donde se aplica, que son para los casos de violencia familiar”, sostuvo.

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La jueza Luraghi indicó que se contará con una oficina de monitoreo dependiente del Ministerio del Interior donde se contará con personal especializado para el control tecnológico de los dispositivos. Los protocolos establecen también que las víctimas puedan utilizar las tobilleras, en caso de que presten su consentimiento.

“Las víctimas también van a tener un sistema de comunicación a través de botones de pánico y van a poder tener registro de que el agresor está acercándose a ella, al igual que la oficina de monitoreo que va a tener la ubicación precisa de las víctimas y victimario en caso de restricciones de acercamiento. La ley contempla la revocación inmediata del beneficio penitenciario en caso de incumplimientos y la emisión de la orden de captura para guardar prisión preventiva en los centros penitenciarios”, sentenció.

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El Ministerio del Interior, encabezado por Enrique Riera, dio el visto bueno para la continuidad de la Policía Municipal en la localidad de Yaguarón, departamento de Paraguarí, pero con una serie de reestructuraciones consistentes en que sus agentes cambiarán de uniforme, no portarán armas, no podrán realizar detenciones ni combatir el crimen.

“Nos explicaron que no se puede tener la cara cubierta, no deben portar las escopetas por más de que sea con balines de gomas y que deben tener portanombres. Le dijimos que no tenemos ningún inconveniente para el cumplimiento. Vamos a trabajar de forma coordinada, sin sobreponernos a las funciones u obligaciones de la Policía Nacional”, afirmó el intendente de la ciudad, Luis Rodríguez, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Inicialmente, los policías municipales salieron a las calles con pasamontañas, escopetas con balines de goma y uniformes de color negro, cascos y gafas. La decisión fue tomada durante un encuentro realizado este último miércoles que contó también con la presencia del comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez; el viceministro de Asuntos Políticos, Óscar Campuzano, y el diputado liberal Jorge Ávalos Mariño.

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En la reunión, el jefe comunal sostuvo que las fuerzas de seguridad en su localidad se encuentran sobrepasadas, razón por la cual surgió la creación de la Policía Municipal. Agregó que incluso se crearon “tres comisiones garrotes” conformadas por ciudadanos, teniendo en cuenta el aumento de robos domiciliarios, de locales comerciales y de medio de transportes como las motocicletas.

Como respuesta, Riera prometió a la intendencia la instalación de una unidad antinarcóticos de la unidad Lince, más efectivos policiales y la creación de una subcomisaría o comisaría en una sede que funcionaba para el fomento del turismo en la citada localidad.

“Hay barrios en los que no se puede transitar libremente. Nosotros le ofrecimos al Ministerio del Interior equiparles con las infraestructuras mínimas para que puedan los efectivos de la Policía Nacional tener un ambiente confortable”, puntualizó.

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Ante la decisión de la Municipalidad de Yaguarón de crear un organismo policial municipal, el Ministerio del Interior apela al diálogo con el intendente Luis Rodríguez, y advierten sobre los riesgos de contar con supuestos efectivos policiales sin la formación adecuada.

“Usted se imagina un joven entusiasmado al que le dieron un uniforme táctico y comete un descuido, se le va la mano, usa mal la fuerza y es pasible de un proceso legal, será que él tiene el respaldo suficiente desde el municipio para recibir una asistencia, un abogado que le va a defender, hay una estructura legal de la cual se puede valer para defender sus funciones”, cuestionó la comisario, Elisa Ledesma, asesora del Ministerio Público.

Durante el programa “12/8″ emitido por GEN/Nación Media indicó que agotarán todas las instancias legales de modo a que esta fuerza municipal cese sus actividades, puesto que no cuentan con el sustento normativo para operar como agente policial. Señaló que se rescata la predisposición de intervenir en la seguridad ciudadana, pero dejó en claro que este no es el camino.

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Asimismo, añadió que el actual Gobierno está realizando una gran apuesta en lo que es la seguridad, por lo que próximamente, principalmente Asunción y el área metropolitana, pero también las ciudades del interior, se verán beneficiados con más efectivos policiales de modo a combatir la inseguridad.

“Somos conscientes que de repente no teníamos vehículos, que nuestras patrulleras no estaban en condiciones, no teníamos suficiente personal policial, por ello el cambio que tenemos ahora, nosotros nunca en la historia recibimos tantas patrulleras como tenemos ahora, nunca tuvimos tantos equipos de radio y nunca tuvimos 5.000 efectivos en un egreso de año y eso que presté servicios por 30 años en esta Policía”, afirmó.

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El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, indicó que están expectantes a la licitación de las tobilleras electrónicas puesto que será un elemento clave para evitar la superpoblación penitenciaria y en este sentido dijo que también existe un trabajo conjunto con la Corte Suprema de Justicia de modo a buscar alternativas a la prisión.

“Ya estamos próximos a implementar los brazaletes electrónicos, tuvimos una reunión con el ministro del Interior, Enrique Riera, hace un par de días porque por fin los procesos de llamado a licitación y todo lo que tiene que ver con la parte administrativa para la adquisición de estos dispositivos están destrabados y estamos próximos a la adjudicación”, detalló a la 650 AM.

Una vez que se cuente con estos dispositivos, serán puestos a disposición de los juzgados de modo que se conviertan en una herramienta más de control y un mecanismo de evitar que ingresen personas innecesariamente al sistema penitenciario. En esta línea, resaltó el trabajo que se está realizando con el Poder Judicial.

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“Tener una línea de trabajo en la conciencia en la imposición de la prisión preventiva, no el abuso, sino el equilibrio porque también tenemos que abogar por la seguridad ciudadana y cuando realmente se den las condiciones que están en ley como la obstrucción al proceso penal, peligro de fuga entre otros lineamientos claramente establecidos, que se aplique la prisión preventiva, pero si esa persona puede estar bajo un régimen de prisión domiciliaria o libertad, bienvenido sea”, explicó.

Dentro del sistema penitenciario existen 11.167 procesados sin condena de las 18.489 personas privadas de libertad. Otra de las acciones que lleva adelante el Ministerio de Justicia es separar a estos dos grupos, de modo a que los programas de reinserción puedan ser efectivos y que las cárceles dejen de ser “escuelas del delito”, según manifestó.

Este proceso ya comenzó en Tacumbú y en las tres cárceles de Emboscada, tanto en el penal antiguo, como en Pedro de la Vega y Martín Mendoza. “Padre de la Vega va a ser exclusivo para condenados y el antiguo va a ser para procesados”, detalló y añadió que el penal Martín Mendoza estará funcionando completamente a inicios del 2025 exclusivamente para máxima seguridad.

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