El cantante argentino L-Gante, quien saltó a la fama tras una colaboración con el productor Bizarrap, fue absuelto ayer lunes por secuestro, pero deberá cumplir tres años de libertad condicional por amenazas, según un fallo judicial transmitido por televisión. Elián Valenzuela, verdadero nombre del compositor de 24 años, estaba imputado por amenazas, daños y privación de la libertad, y estuvo preso por esa causa entre junio y setiembre de 2023.

“Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El deseo y propósito de este veredicto es que (Valenzuela) termine de asumir un rol de modelo para la juventud”, dijo el juez Ignacio Racca al leer la sentencia, citando una frase popularizada por la saga del superhéroe Spiderman.

L-Gante es una figura de la música urbana argentina y referente del subgénero local de cumbia conocido como RKT. Saltó a la fama tras su colaboración con el exitoso productor musical conocido como Bizarrap. “Las palabras que dijo el juez son muy motivadoras para mí”, dijo L-Gante a la prensa al finalizar la audiencia.

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“Ojalá algún día sea un gran ejemplo para la juventud”, señaló el artista. L-Gante fue denunciado por distintos episodios de amenazas y dos personas afirmaron haber sido secuestradas por el cantante en mayo de 2023 tras una discusión en la localidad de General Rodríguez, 50 km al oeste de Buenos Aires.

El juez Racca lo condenó a tres años de prisión de cumplimiento condicional por las amenazas, pero lo absolvió por la privación ilegal de la libertad, el delito más grave que podría haberlo mandado a la cárcel de manera efectiva. Valenzuela tiene millones de oyentes mensuales en Spotify y su colaboración en 2021 con el también argentino Bizarrap le ha valido 348 millones de visualizaciones en YouTube.

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Fuente: AFP.

Un expolicía fue procesado con prisión en Uruguay por el asesinato durante la pasada dictadura (1973-1985) de la esposa de un importante político opositor, cometido con vino envenenado, según documentos judiciales divulgados ayer sábado. Ricardo Zabala, de 74 años, fue procesado “en calidad de presunto coautor (...) de un delito de homicidio”, de acuerdo con el fallo de la jueza Silvia Urioste fechado el 18 de octubre.

Las huellas dactilares de Zabala fueron encontradas en la botella de vino envenenado que el 5 de setiembre de 1978 le causó la muerte a Cecilia Fontana, esposa del dirigente del Partido Nacional (PN) Mario Heber, hoy fallecido. Fontana era la madre del exministro del Interior y actual senador oficialista Luis Alberto Heber.

“A 46 años del homicidio de Cecilia Fontana de Heber, y luego de más de 16 años de trabajo por intentar esclarecerlo, hoy se hizo JUSTICIA. Una familia conoce la verdad. Un homicida irá preso”, escribió el sábado en la red social X Javier Barrios Bove, abogado de la familia Heber. La botella de vino que provocó la muerte de Fontana era una de las tres que aparecieron en agosto de 1978.

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Las botellas iban dirigidas a Luis Alberto Lacalle Herrera, quien luego fue presidente de Uruguay (1990-1995) y es padre del actual mandatario, Luis Lacalle Pou; a Heber, y a Carlos Julio Pereyra, otro histórico dirigente del PN ya fallecido. Pero sólo Fontana bebió el vino adulterado con un insecticida.

La muerte de Fontana motivó inicialmente una investigación plagada de irregularidades que no tuvo resolución judicial. Con el regreso a la democracia en 1985, una comisión del Senado volvió a indagar lo ocurrido, pero la causa finalmente se archivó en 1988. Se reabrió en 2006 a instancias de Pereyra, pero volvió a cerrarse en 2017 por falta de pruebas concluyentes.

El acceso a nuevas técnicas periciales y a documentos desclasificados por Estados Unidos, entre otras informaciones, llevaron a Luis Alberto Heber a solicitar la reapertura del caso en 2020. El pedido y las nuevas informaciones llevaron al fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, a pedir el procesamiento de Zabala a fines del año pasado.

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El fiscal le acusó de integrar un grupo de sectores de las llamadas Fuerzas Conjuntas, que coordinaban a militares y policías, “estrechamente comprometidos” con violaciones a los derechos humanos y con “razones serias” para atentar contra quienes promovían un cambio político.

Según Perciballe, “no cabe lugar a dudas” de que detrás de este atentado estuvieron también los militares Amaury Prantl y José Gavazzo, así como los policías Víctor Castiglioni y Hugo Campos Hermida, todos represores de la dictadura ya fallecidos, quienes ocupaban mandos en los servicios de inteligencia.

Fuente: AFP.

Un tribunal de La Paz rechazó ayer jueves enjuiciar a la expresidenta boliviana Jeanine Áñez por presuntamente haber planificado un “golpe de Estado” contra Evo Morales en 2019. En el primer día de juicio, la corte tomó la decisión de apartar a la exmandataria del proceso, según su abogado Luis Guillén.

Sin embargo, Áñez seguirá cumpliendo una condena de 10 años por hechos relacionados con la violenta crisis de 2019, cuando Morales fue forzado a renunciar tras ser acusado por la oposición de haber cometido un fraude en los comicios de ese año. “No se ha restituido la libertad” de la expresidenta, “por lo tanto no la podemos considerar una victoria, sino que lo consideramos como un respeto (...) a la prohibición de un doble procesamiento”, agregó el abogado.

En 2022, la justicia ya había condenado a la exgobernante de 57 años por asumir la presidencia de manera inconstitucional en reemplazo de Evo Morales. Esta vez, la fiscalía pretendía que recibiera una condena de hasta 20 años por “terrorismo, asociación delictuosa y uso indebido de influencias”. Su actuación configuró “la ruptura del orden constitucional y la salida prematura del gobierno” de Morales, alegó el ministerio público.

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En noviembre de 2019, Áñez, senadora de la oposición, asumió la presidencia de Bolivia dos días después de que Morales y su entonces vicepresidente, Álvaro García, renunciaran en medio de la convulsión social. Morales comenzó a gobernar en 2006. Fue reelegido en 2009, 2014 y 2019, cuando buscó un cuarto mandato hasta 2025.

“Hemos ganado una batalla, pero no la guerra y vamos a seguir luchando por la libertad de mi madre”, dijo su hija Carolina Ribera, quien estuvo en la instalación de la audiencia a la que no tuvo acceso la prensa. Áñez todavía enfrenta ocho investigaciones por hechos relacionados con la crisis de 2019 y por presuntos casos de corrupción durante su mandato de un año.

“No fue golpe, sí fue fraude”, clamó temprano Áñez cuando era trasladada con esposas y chaleco antibalas desde una cárcel de La Paz hasta la corte donde se abrió el juicio conocido como “Golpe de Estado I”. Junto con ella fueron presentados ante el tribunal el exgobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y seis personas más, incluidos exministros, exmandos militares y policiales y un líder social. Los otros acusados continuarán respondiendo en el juicio, dijeron sus abogados.

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Anticipándose a la decisión de la corte, Áñez había calificado el segundo juicio como “ilegal”, además de “fantasioso”. Ahora su defensa se centrará en el proceso por matanza de civiles en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), con saldo de 20 muertos, en la represión militar que siguió al cambio de gobierno. El juicio contra Áñez recibió desde el inicio el apoyo decidido del gobierno del presidente Luis Arce y Morales.

Sin embargo, la agria disputa entre ambos por la candidatura presidencial del oficialismo en las elecciones de 2025 podría incidir en el curso judicial. Un juzgado de El Alto ordenó a Morales declarar como testigo por una supuesta manipulación política del proceso contra Áñez. El exmandatario permanece resguardado en la región cocalera del Chapare, donde tiene su base política, ante la posibilidad de que la fiscalía ordene su arresto. Morales es investigado por estupro, trata y tráfico de personas, a raíz del supuesto abuso de una menor de 15 años con quien, según la fiscalía, tuvo una hija en 2016.

El líder indígena, que rechaza el proceso como “una mentira más”, acusa a Arce de orquestar su posible detención. Gustavo Flores-Macías, investigador de la universidad de Cornell en Estados Unidos, dijo a la AFP que la justicia boliviana está presa en los vaivenes políticos. El sistema de justicia se encuentra ahora “con un mayor nivel de manipulación política” comparado con otros de la región, remarcó.

Fuente: AFP.

El exzar antidrogas de México Genaro García Luna fue condenado ayer miércoles a casi 39 años de cárcel, así como al pago de una multa de 2 millones de dólares por proteger durante más de una década al cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares de sobornos. El juez Brian Cogan le impuso 460 meses por los cargos de narcotráfico y seis meses por falsedad documental que cumplirá al mismo tiempo.

“No le voy a condenar a cadena perpetua”, como solicitaba la fiscalía, dijo el juez antes de anunciar la sentencia ya que “quiero tener cierta luz al final del túnel”. Tampoco accedió a los 20 años que pedía la defensa del funcionario mexicano de mayor rango que ha sido condenado por la justicia estadounidense. Un jurado popular declaró culpable en febrero de 2023 al que fuera arquitecto de la guerra contra la droga durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) de participar en empresa criminal continuada, conspiración para distribuir, poseer e importar cocaína y falsedad documental.

Su esposa y su hija asistieron a la audiencia en la que el acusado, vestido con traje oscuro, camisa blanca y corbata de rayas oscuras y el pelo casi rapado y prácticamente blanco, se mantuvo sereno. Su abogado pidió que cumpla la condena cerca de Washington. “No se puede tener un mejor ejemplo de doble vida”, dijo el juez, haciendo suyos los argumentos de la fiscalía. Al mismo tiempo que era un funcionario respetuoso con la ley, “facilitó” perpetrar “cosas horribles”, agregó. “Tuvo el mismo matonismo que el ‘Chapo’”, Joaquín Guzmán, el líder del Cártel de Sinaloa, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, “solo que lo manifestó de forma diferente”, dijo el juez.

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“La sentencia dictada hoy contra Genaro García Luna es un paso fundamental en la defensa de la justicia y el Estado de Derecho. Su traición a la confianza pública y a las personas a las que había jurado proteger dio lugar a la importación de más de un millón de kilogramos de estupefacientes letales en nuestras comunidades y desató una violencia incalculable aquí y en México”, dijo el fiscal principal del tribunal, Breon Peace.

“Esta sentencia envía un mensaje contundente de que nadie, independientemente de su posición o influencia, está por encima de la ley”, sostuvo antes de agregar que “tras años de engaño y narcotráfico destructivo, García Luna pasará casi 40 años donde debe de estar: en una prisión federal”. García Luna, que no declaró en el juicio, pidió este miércoles, al igual que lo había hecho la víspera en una carta manuscrita, clemencia al juez. “Nunca he sido una amenaza o riesgo para la comunidad” y le suplicó que le “permitiera regresar lo antes posible” con su familia y reincorporarse “a la entrañable sociedad” a la cual respeta.

Este ingeniero mecánico de 56 años, que siempre se ha declarado inocente, ha intentado en vano que se realice un nuevo proceso al considerar que la justicia estadounidense utilizó “información falsa proporcionada por el gobierno de México” y testigos con “antecedentes criminales” que él persiguió cuando era el zar antidrogas. Varios testigos en el juicio, antiguos miembros prominentes del cartel de Sinaloa, como Jesús “Rey” Zambada, Sergio Villarreal “El Grande” u Óscar “Lobo” Valencia, aseguraron haber pagado millones de dólares al acusado a cambio de protección.

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En las afueras del tribunal donde se congregaron mexicanos que pedían “cadena perpetua” para el exfuncionario, la mexicana Teresa García criticó que la condena es “poca para toda la muerte que provocó”, mientras otro grupo, con carteles, advertía: “Se acabó el tiempo, Calderón es el próximo”. Luego de conocerse la sentencia, Calderón escribió en su perfil de X que nunca ha tenido “evidencia verificable” o información de agencias de inteligencia nacionales o extranjeras que impliquen a García Luna en actividades ilícitas.

“Soy partidario de que quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias de sus actos”, añadió. Residente en Estados Unidos desde que salió del gobierno mexicano en 2012, García Luna fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas (Texas).

La mayor parte de este tiempo en cautiverio lo pasó internado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, por donde pasaron también el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández -condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico- y el rapero multimillonario Sean “Diddy” Combs, acusado de violación y agresiones sexuales. Su nombre surgió en el juicio del “Chapo”, celebrado en 2018 en el mismo tribunal bajo la instrucción también del juez Cogan, que lo condenó a cadena perpetua.

Cogan también instruye el caso de Ismael “Mayo” Zambada - cofundador del Cártel de Sinaloa junto el “Chapo” en los años 1980-, detenido el pasado 25 de julio en Nuevo México tras aterrizar en un pequeño avión en compañía de uno de los “chapitos”, Joaquín Guzmán López, que le habría tendido una trampa para entregarle a la justicia estadounidense. García Luna advirtió que apelará la condena y agotará todos los recursos legales “hasta lograr” su libertad. El gobierno de México también ha solicitado a Estados Unidos la extradición de García Luna por malversación de fondos públicos.

Fuente: AFP.